La Audiencia Nacional ha señalado para el 16 de noviembre el inicio del juicio a 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) -entre ellos históricos dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena-, tras suspenderlo en enero al ser detenidas 3 abogadas en una operación contra el "frente de makos".
Según han informado hoy a Efe fuentes jurídicas, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado el inicio de este juicio, que se celebrará en la sede de este tribunal en San Fernando de Henares, al haber finalizado ya otros que se adelantaron a éste tras su suspensión, fundamentalmente el de la llamada operación Cesto contra once yihadistas, que se prolongó varios meses.
Este nuevo macrojuicio de ETA iba a celebrarse a partir del 12 de enero pasado, pero entonces tuvo que aplazarse al haber sido detenidas ese mismo día en Madrid tres de las abogadas defensoras -Eukene Jáuregui, Haizea Ziluaga y Amaia Izco- en la operación Mate contra el "frente de cárceles" de ETA, en la que fueron arrestadas otras 13 personas en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.
Finalmente, en febrero, la Sala -compuesta por Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada- decidió suspenderlo sin fecha tras aceptar la renuncia de Ziluaga a seguir defendiendo a seis de los acusados, ya que suponía designar un nuevo abogado que necesitaría meses para estudiar esta voluminosa macrocausa.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 procesados en este sumario (4/08), además de reclamar que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo.
Además de Barrena y Petrikorena, entre los acusados también se encuentran las exparlamentarias en Vitoria del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro (ANV).
También destacan el presidente de PCTV, Juan Carlos Ramos, y su tesorero, Jesús María Aguirre, además de Eusebio Lasa, Joana Regueiro, Ángel María Elkano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo, Marije Fullaondo y Tomasa Alejandre.
El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la "colaboración" entre la formación ilegalizada y ANV "se compró" en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera "en base a la legalidad española".
Para el Ministerio Público, la "instrumentalización" de ANV se acreditó en la "sumisión" de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV.
En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, la Fiscalía sostiene que fue "fagocitado" por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias "on line".
Según el escrito, en la "lucha político-institucional" utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el "peso fundamental" recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una "red de electos contra el tren de alta velocidad".