La Audiencia de Navarra acoge este martes un juicio contra un ciudadano de nacionalidad búlgara que desempeñaba funciones de seguridad privada en un centro de menores de la Comunidad foral para el que la Fiscalía solicita una pena total de 12 años de prisión por dos delitos de agresión sexual contra menores de 16 años cometidos en agosto de 2023.
Según las conclusiones del Fiscal, el primer incidente ocurrió la noche del 4 de agosto de 2023, cuando una de las internas, de 14 años, pidió al acusado que le abriera el baño. El procesado, tras responder de forma lasciva, utilizó el pretexto de un supuesto olor a tabaco para realizarle un cacheo inapropiado, aprovechando su autoridad en el centro.
Durante esta acción, le tocó sus partes íntimas por encima de la ropa, deteniéndose únicamente porque la menor logró zafarse de un golpe y huyó a su habitación en estado de shock. El escrito destaca que el acusado vulneró gravemente los protocolos de seguridad del centro, que establecen que cualquier registro debe realizarse en presencia de educadoras, en una sala específica y utilizando exclusivamente un detector de metales.
Al día siguiente, el acusado se dirigió a una segunda menor de 14 años con comentarios lascivos sobre su anatomía y supuestas relaciones previas con otras jóvenes. Tras la cena, el vigilante siguió a la víctima por las escaleras y le tocó los glúteos con ánimo libidinoso.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de agresión sexual. Por la agresión a la primera menor, solicita 8 años de prisión, mientras que por la segunda pide otros 4 años. Además de la cárcel, se solicita la inhabilitación especial para cualquier actividad relacionada con la seguridad privada y para cualquier profesión que conlleve contacto con menores por periodos de hasta 15 años.
La petición incluye medidas de protección adicionales, como la prohibición de aproximación y comunicación con las víctimas durante 15 y 12 años respectivamente, así como la imposición de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. De la misma manera, se solicita la privación o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad o tutela durante varios años.
Dada la condición de extranjero del procesado, la Fiscalía ha solicitado, conforme al Código Penal, que la pena de prisión sea sustituida por su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante diez años.
Junto a todo ellos, se reclama una indemnización de 6.000 euros para la primera menor y 2.000 euros para la segunda en concepto de responsabilidad por daños morales.
