La Audiencia de Navarra va a juzgar este jueves en Pamplona a una presunta red de narcotráfico que, según la Fiscalía, actuó de forma coordinada en la zona de Tafalla, la Comarca de Pamplona y varias localidades del sur de la Comunidad foral.
El Ministerio Público sostiene que los cuatro acusados mantenían sus propias carteras de clientes, pero colaboraban entre sí para asegurar el suministro de droga y su distribución. En conjunto, la Fiscalía solicita penas que superan los 20 años de prisión.
La investigación sitúa el origen de la actividad delictiva, al menos, en febrero de 2024. Según el escrito de acusación, el principal procesado utilizaba dos viviendas de una localidad navarra para el almacenaje y la venta de sustancias estupefacientes.
En uno de los registros practicados en junio de ese año, la Policía Foral localizó una bolsa con más de 1,8 kilogramos de anfetamina oculta en el cajón del congelador del frigorífico. A esa intervención se sumaron otras cantidades de ketamina, cannabis y cocaína halladas en inmuebles y también en un vehículo de alta gama.
La Fiscalía le atribuye por ello un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con el agravante de notoria importancia por el elevado volumen de droga intervenida. Solo la mercancía vinculada a este acusado alcanzaba un valor cercano a los 22.325 euros en el mercado ilícito.
La acusación mantiene además que la colaboración entre los cuatro implicados era constante. Como uno de los episodios más relevantes, el fiscal recoge una actuación desarrollada en febrero de 2024, cuando al presunto cabecilla y a un segundo acusado les fueron intervenidos por la Policía Municipal de otra localidad navarra un total de 24.950 euros en efectivo.
Ese dinero estaba repartido en billetes de distinto valor y una parte se encontraba envasada al vacío. Según la tesis del Ministerio Público, el montante estaba destinado a la compra de nuevas remesas de droga a proveedores externos.
Para este segundo colaborador, la Fiscalía solicita una pena de tres años y seis meses de prisión, además de una multa de 1.000 euros, al considerarlo coautor dentro de la estructura de tráfico de estupefacientes.
El tercer acusado, de origen extranjero, se enfrenta a una de las peticiones de condena más elevadas. El fiscal destaca que ya había sido condenado en 2022 por hechos similares en una sentencia firme dictada por la misma Audiencia Provincial de Navarra, lo que activa la agravante de reincidencia.
En su domicilio se hallaron también elementos que, a juicio de la acusación, refuerzan su participación activa en la red, como básculas de precisión y anotaciones manuscritas con nombres de deudores. Para él se solicitan cinco años y seis meses de cárcel y una multa de 1.000 euros.
El cuarto procesado centraba, según el escrito, su actividad en la Ribera de Navarra, donde gestionaba dos puntos de venta. En los registros efectuados en sus propiedades se encontraron rocas de cocaína de alta pureza, dinero fraccionado, una caja fuerte, básculas de precisión y también divisas extranjeras, entre ellas dólares estadounidenses y pesos colombianos.
En este caso, la Fiscalía aprecia una circunstancia distinta. El acusado padece un trastorno por consumo de estupefacientes con dependencia severa a la cocaína, una situación que, siempre según el Ministerio Público, habría afectado de forma leve a sus facultades intelectivas y volitivas. Por ese motivo, le aplica la atenuante correspondiente y pide para él tres años y seis meses de prisión y una multa de 5.000 euros.
Más allá de las penas principales, el escrito de acusación incluye varias penas accesorias para todos los procesados. Entre ellas figura la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
La Fiscalía también solicita que se les imponga una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de las multas, con periodos adicionales de privación de libertad que oscilan entre uno y cuatro meses, en función de cada acusado.
Además, el Ministerio Público solicita que, si se dicta una sentencia condenatoria firme, se revoquen las suspensiones de penas de prisión que dos de los acusados tenían vigentes por causas anteriores. De prosperar esta petición, ambos podrían ingresar de forma inmediata en prisión para cumplir también condenas previas.
