UPN ha registrado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para evitar el cierre de aulas en centros públicos y concertados mediante una moratoria de un año en la aplicación de los criterios de renovación de los conciertos educativos y en la planificación del número de unidades en la red pública para el curso 2026-2027.
La iniciativa plantea que, durante el próximo curso, se mantengan las aulas actuales tanto en la enseñanza pública como en la concertada. Además, fija que el Departamento de Educación deberá determinar al inicio del curso en que finalicen los conciertos de todos los niveles los criterios concretos que aplicará para resolver las solicitudes de renovación.
Según el texto registrado por los regionalistas, esos criterios deberán tener “especial consideración” con aquellos que garanticen la libertad de elección de las familias sobre la educación que quieren para sus hijas e hijos. UPN pone así el acento en dos ejes: evitar la supresión de unidades y dar margen a los centros ante la revisión prevista para el curso 2026-2027.
La propuesta recoge también que los centros concertados podrán presentar al Departamento de Educación propuestas distintas a las fijadas inicialmente por la Administración. Podrán hacerlo en aspectos como la inclusión educativa, las necesidades de la población escolar, la innovación pedagógica, la intervención social o cualquier otra cuestión que consideren oportuna.
Esas propuestas, según el texto, deberán ser valoradas de forma obligatoria por la Comisión de Conciertos competente antes de decidir el número de unidades concertadas que se conceden. De esta forma, UPN busca que los centros tengan capacidad de respuesta ante cambios demográficos o educativos que afecten a su planificación.
Además, la proposición de ley establece que en la enseñanza concertada se aplicarán los mismos criterios de reducción de ratios y unidades que se aprueben para la escuela pública. Para UPN, este punto resulta clave para asegurar un trato igualitario entre ambas redes educativas.
Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y aplicar correctamente lo dispuesto en la futura ley, la iniciativa fija una moratoria de un año. Esa suspensión afectaría a la renovación de los conciertos educativos que deben actualizarse para el curso 2026-2027 y también a la planificación del número de aulas en los centros públicos.
En la práctica, eso supondría que en el próximo curso se mantendrían las unidades que existen en la actualidad tanto en la red pública como en la concertada en Navarra. La propuesta busca frenar decisiones inmediatas sobre cierres de aulas mientras se redefine el marco de criterios.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado que su formación “no va a dejar que se ponga en riesgo la calidad del sistema educativo y la libertad de elección de las familias”. También ha defendido que aplicar las mismas ratios para la enseñanza pública y concertada “garantiza la igualdad de trato al alumnado”.
Ibarrola ha cargado además contra el Ejecutivo foral y ha afirmado que “el gobierno de María Chivite se ha ganado el rechazo y el malestar del conjunto de la comunidad educativa por su manera de gestionar”. En ese sentido, ha pedido aprovechar la situación para mejorar la atención educativa de un sistema que, según ha dicho, ha sido referente por su excelencia y equidad.
La dirigente regionalista ha sostenido que tanto la red pública como la red concertada han contribuido a ese modelo educativo en Navarra. Y ha concluido que tomar decisiones “sin un análisis realista, sin visión de futuro y sin dar capacidad de respuesta a los centros” evidencia, a su juicio, la forma de gestionar del Gobierno foral.
