La enfermedad profesional por amianto de un trabajador de BSH/Agni fallecido en 2023 ha sido reconocida por el Juzgado de lo Social de Pamplona, que ha concluido que su dolencia no era común, sino derivada de la exposición al amianto durante su etapa laboral. La resolución, además, podría suponer una mejora en la pensión de viudedad que percibe su esposa.
La sentencia, contra la que todavía cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ha sido valorada por ADAVAN como un paso importante para la familia afectada. La asociación ha censurado, no obstante, la postura del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al considerar “indignante” que siga rechazando este tipo de solicitudes pese a que los informes técnicos resultan, a su juicio, claramente favorables a las víctimas.
Según ha explicado ADAVAN en una nota, el informe de la comisión de amianto y el de Salud Laboral era “contundentemente favorable” al reconocimiento de la enfermedad profesional. Por eso, la asociación ha criticado que el INSS mantenga una posición contraria en procedimientos de este tipo en Pamplona y Navarra.
La entidad, que agrupa a personas afectadas por el amianto, ha insistido en que las corporaciones empresariales son las principales responsables de estas situaciones. Sin embargo, también ha señalado a las administraciones públicas como corresponsables, al entender que durante años no han actuado con la firmeza necesaria para exigir el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud.
En este sentido, ADAVAN ha denunciado que, en el mejor de los casos, las administraciones “han mirado para otro lado”. Además, ha sostenido que no se ha obligado a las empresas a aplicar las medidas necesarias para evitar los daños derivados de esta exposición al amianto, una realidad que la asociación ha llegado a calificar de “pandemia”.
La asociación también ha mostrado su deseo de que la sentencia dictada en Pamplona no sea recurrida. A su juicio, la resolución judicial es “clara y firme” en favor de la familia del trabajador fallecido y reabrir el proceso supondría un nuevo perjuicio para las víctimas.
ADAVAN ha añadido que una eventual impugnación por parte del INSS implicaría “un mayor agravio” y evidenciaría una falta de empatía hacia quienes han sufrido las consecuencias del amianto. La entidad ha remarcado que este tipo de resoluciones no solo afectan al caso concreto, sino que también tienen un valor simbólico para otras familias que siguen reclamando reconocimiento y reparación.
