La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, asume, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó las transferencias de Tráfico a Navarra, que no podrá recaudar multas de tráfico, al menos, hasta que se haya modificado la LORAFANA, y que por lo tanto en lugar de comenzar a gestionar las sanciones el 1 de enero de 2025, como estaba previsto inicialmente, no podrá hacerlo hasta el 1 de julio de 2026.
Así lo ha aprobado este miércoles la representación navarra de la Junta de Transferencias, que a sólo unos días del vencimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, ha avalado la propuesta del Estado para ejecutar las sentencias.
De esta forma, la representación navarra de la Junta de Transferencias ha dado luz verde a dos importantes modificaciones.
En primer lugar, eliminar de las funciones atribuidas a Navarra las correspondientes a “detectar infracciones”. Una función que, según las sentencias del Tribunal Supremo, la Comunidad Foral de Navarra no puede llevar a cabo sin una previa modificación de la Lorafna.
Y en segundo lugar, ampliar como máximo a 1 de julio de 2026 el plazo para la transferencia de las funciones y servicios relativos a la tramitación, resolución y recaudación de las sanciones.
Se trata de un plazo que Chivite cree suficiente para realizar, con garantías, todos los trámites necesarios para que Navarra recupere la competencia plena de tráfico.
De esta forma, Chivite asume la chapuza perpetrada de la mano con el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, algo que ha sido afeado este miércoles por UPN, que ha criticado que el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra “siga embarrado por la chapuza y el mercadeo del PSOE con EH Bildu que propició la utilización de competencias de Navarra a cambio de garantizar a Sánchez los presupuestos”.
Así, aseguran que supone "eliminar, de momento y hasta que se apruebe en las Cortes la reforma de la LORAFNA, que es la vía que sustituyó al Real Decreto anulado, el traspaso de esta competencia; pero es la única solución posible en un Estado de derecho donde se deben acatar y cumplir las sentencias judiciales. Se acata la sentencia cinco meses después por la puerta de atrás”, han reprochado.
Al respecto, han recordado que, “cuando el Tribunal Supremo anuló en febrero de este año el traspaso de la vigilancia policial de tráfico a la Policía Foral en exclusiva por no considerar la fórmula del Real Decreto como válida, ya pedimos a la presidenta Chivite que acatara la sentencia y que asumiera su responsabilidad por no haber utilizado la fórmula adecuada”.
Además, la formación regionalista ha denunciado “la hipocresía e incoherencia del Partido Socialista y sus socios nacionalistas”. “En febrero criticaron la sentencia calificándola de ataque al autogobierno y rechazaron una declaración institucional de UPN que pedía el acatamiento de las sentencias y el respeto al poder judicial, pero hoy reculan y hacen lo que pedía UPN”, han destacado.
Según los regionalistas, “es la presidenta Chivite la que nos ha metido en este lío debido a su irresponsabilidad y al mercadeo del PSOE con EH Bildu por el que se manosearon las competencias de Navarra y se pisoteó el Régimen Foral a cambio de garantizar a Sánchez los presupuestos”. “Una chapuza que va a implicar, además, un retraso de al menos año y medio para asumir una competencia que llevan anunciando 5 años, y aquí nadie asume ningún tipo de responsabilidad”, han agregado.
“A pesar de los errores cometidos en la gestión del traspaso de la competencia de tráfico, Chivite está a tiempo de enmendar la plana si decide que el servicio se preste de manera compartida entre la Policía Foral y la Guardia Civil, que es el planteamiento que defiende UPN, porque así defendemos el Régimen Foral, evitamos que el independentismo vasco consiga su objetivo de hacer desaparecer a la Guardia Civil de las carreteras y logramos atender de la mejor manera posible los intereses de la ciudadanía navarra”, han concluido.
Por su parte, desde el Partido Popular, que ha votado en contra en la Junta de Transferencias, ha señalado que no pueden apoyar nada que "suponga la expulsión de las carreteras navarras de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil” e insiste en que “de nuevo se utiliza un instrumento que no es el adecuado para transferir competencias. A pesar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo el Gobierno se empeña en modificar el Real Decreto en lugar de declararlo nulo”.
