El Ayuntamiento de Pamplona ha incorporado cambios técnicos y sociales al texto que sustituirá la norma de 2016 y regulará el acceso temporal a viviendas municipales.
La ordenanza Aukera del Ayuntamiento de Pamplona ha salido reforzada de su periodo de exposición pública después de que el Consistorio haya aceptado 23 de las 32 alegaciones presentadas. El nuevo texto busca afinar las condiciones de acceso a las más de 600 viviendas municipales destinadas a inclusión social.
En la práctica, el Ayuntamiento ha dado luz verde a cerca de dos de cada tres propuestas registradas por colectivos, asociaciones, ciudadanía y por el Equipo de Detección y Atención de Exclusión Residencial. El objetivo ha sido mejorar y aclarar una norma que sustituirá a la ordenanza de 2016 y que marcará cómo se accede a estos inmuebles públicos.
La Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de ordenanza el 26 de enero. Después, entre el 27 de enero y el 5 de febrero, se abrió un periodo de aportaciones para recoger observaciones de personas y entidades interesadas.
Además de las propuestas particulares, también han participado la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y el EDAER, un equipo creado desde el área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona en diciembre de 2025 mediante un convenio con el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
Entre las alegaciones aceptadas, el Consistorio ha incorporado mejoras en aspectos técnicos y de funcionamiento. Por ejemplo, la ordenanza recogerá un baremo para graduar las distintas dimensiones de la exclusión social y una clasificación de infracciones en caso de incumplimiento de las condiciones de acceso a la vivienda.
También se ha aceptado que pueda quedar fuera del censo municipal quien haya sufrido un lanzamiento por ocupación ilegal de una vivienda municipal. Además, el pago del alquiler no tendrá que hacerse solo por transferencia bancaria, ya que se abrirán distintos medios de abono.
El texto también concretará mejor el apartado de las viviendas de estabilización, sus vías de acceso y la obligatoriedad del acompañamiento profesional. A eso se suma una mayor precisión sobre los plazos de preaviso para abandonar la vivienda cuando el contrato ya se haya extinguido.
El informe de alegaciones volverá ahora a la Junta de Gobierno y después pasará al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación inicial. Más tarde se abrirá un nuevo periodo de exposición pública, se responderá a las nuevas alegaciones y el expediente irá a comisión antes de su aprobación definitiva y su publicación en el BON.
La ordenanza Aukera regulará la gestión de 613 viviendas municipales de Pamplona pensadas para personas y familias en situación de vulnerabilidad. De ese total, actualmente hay 215 viviendas destinadas a emergencia habitacional, una cifra a la que se sumarán los inmuebles que se vayan rehabilitando o que pasen desde otros tipos de contrato.
Estas viviendas tienen carácter público y transitorio. No son pisos finalistas, sino alojamientos temporales concebidos como bienes dotacionales para impulsar procesos de inclusión social.
Una de las claves del nuevo sistema será que el acceso a la vivienda irá unido a un itinerario de acompañamiento profesional. La ordenanza se apoyará en tres pilares: la tipología de la vivienda, las condiciones de la persona o familia solicitante y su nivel de renta.
Los alquileres no superarán los precios de la vivienda social fijados por el Gobierno de Navarra, que sitúa en 532 euros el alquiler de un piso de 80 metros cuadrados. Aun así, la norma prevé exenciones del 25%, 50%, 75% e incluso del 100% según la situación económica de las personas o familias beneficiarias.
Esas exenciones podrán ir cambiando conforme mejore la situación financiera de los residentes gracias al acompañamiento social. La estancia máxima será de seis años, un periodo en el que se ofrecerá asesoramiento para facilitar el salto al mercado inmobiliario normalizado.
Las personas o familias adjudicatarias vivirán en régimen compartido y deberán respetar unas condiciones mínimas de convivencia. La ordenanza plantea, en total, seis modalidades de alojamiento con diferencias en acceso y permanencia, aunque todas incluyen acompañamiento para favorecer la inclusión social.
Entre esas fórmulas figuran las viviendas de emergencia habitacional económica, de estabilización y de transición. También se contemplan las viviendas de emergencia por catástrofe o siniestro, los alquileres con contrato anterior a la ordenanza de 2016 y las viviendas cedidas mediante convenio con entidades sin ánimo de lucro por interés municipal.
