El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la modificación de la ley foral del derecho a la vivienda en Navarra, con el objetivo de reforzar el parque residencial vinculado al sistema público de alquiler y, con ello, la situación de los inquilinos de edificios que finalizan su período de calificación protegida.
La iniciativa ha sido presentada conjuntamente por PSN, Geroa Bai y Podemos, y ha contado con el apoyo de EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, mientras que Navarra Suma se ha abstenido.
En concreto, con los cambios aprobados se autoriza al departamento competente a ejercitar la facultad de adquisición y gestión de viviendas, ya sea mediante concurso público o por adquisición directa, siempre de conformidad con lo dispuesto en la ley foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra.
El precio máximo de adquisición se corresponderá con los precios máximos de adjudicación o venta de VPO en segunda y posteriores transmisiones.
El objetivo prioritario de adquisición serán promociones de arrendamiento que hayan superado su régimen de protección y cuenten con contratos de arrendamiento protegido visados. En esos casos, el departamento podrá transferir fondos a una sociedad instrumental u organismo público para, bien de forma directa o indirecta, materializar la adquisición, explotación y gestión de las viviendas.
Los ingresos que la sociedad instrumental obtengan de esos inmuebles deberán ser destinados a la gestión, mantenimiento o rehabilitación de los mismos.
Además, en la ley se establece que las promociones de arrendamiento que hayan superado su período de protección puedan vincularse de nuevo al sistema de alquiler público, previéndose la posibilidad de acceso a ayudas para la rehabilitación de estos inmuebles (máximo 25.000 euros), en el caso de ser necesario. No obstante, debería tratarse de viviendas con una antigüedad mínima de 20 años, con el compromiso de ser destinadas al menos 15 años al arrendamiento protegido, previa obtención de la calificación de apto en el informe de evaluación.
Asimismo, se contempla también una subvención máxima de 25.000 euros parra rehabilitación de VPO calificadas en régimen de arrendamiento sin opción de compra y apartamentos protegidos en alquiler destinados a mayores de 60 años o con discapacidad. Se exigen edificios con al menos 20 años de antigüedad (5 menos que antes) y que el propietario o promotor destine esos inmuebles al menos otros 15 años "sin interrupción" al alquiler protegido, so pena de tener que devolver la ayuda.
En este marco, se advierte que la alteración del régimen del arrendamiento o cesión de uso durante el tiempo que la vivienda permanezca sometida al régimen de protección supondrá el "reintegro de la totalidad de los importes recibidos, incluido el interés de demora".
En cuanto a la subvención por compra de vivienda usada, bajo principios que favorecen a la persona inquilina de promociones de arrendamiento protegido, se introduce una matización en virtud de la cual se vincula la cuantía de la ayuda a la superficie del inmueble.
En lo que atañe al incumplimiento de mantener vinculadas al sistema público de alquiler las promociones de viviendas de arrendamiento protegido que, habiendo sido calificadas como tales, no hayan superado el período de régimen de protección, se introduce tal supuesto entre las causas de expropiación contempladas en el artículo 52 de la ley foral 10/2020, así como entre las infracciones muy graves del artículo 66.
En defensa de la ley, la parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha destacado que "estamos en un momento en el que el sector no promueve nuevas promociones", por lo que ha considerado relevante impulsar esta proposición para favorecer nuevas medidas relativas a vivienda. Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que desde 1994 se han descalificado 18.645 viviendas protegidas.
El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que, "después de años de inacción", los grupos del Gobierno "quieren hacer como que resuelven algo tarde y mal, y lo que hace falta es una profunda y completa revisión de la política de vivienda, por los malos resultados que han tenido las políticas en los ciudadanos a los que dicen servir -desde el Gobierno-".
La parlamentaria del PSN Arantxa Biurrun ha señalado que esta proposición se "enmarca en la finalidad última que la acción política del grupo socialista ha seguido en esta legislatura, que es incrementar y consolidar un parque público de vivienda, y en la consecución de ese objetivo final hemos trabajado con los socios de Gobierno en diversas medidas".
El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha respaldado la modificación legal, considerando que es "necesaria", pero ha planteado que se deben ir adoptando más medidas, al entender que el acceso a la vivienda es una cuestión de "emergencia social". "Tenemos que tomar muchas medidas de otro tipo", ha afirmado.
Por parte de Podemos, Mikel Buil ha defendido los cambios introducidos con esta ley y ha destacado que "ha habido un giro importante" en los últimos años que va a beneficiar al derecho a la vivienda de la ciudadanía.
La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha respaldado la ley y ha asegurado que su grupo "votará a favor de todas aquellas iniciativas que fomenten el alquiler de vivienda, que regulen el uso público de las viviendas, que fomenten la rehabilitación y el uso de la vivienda vacía, que controlen el precio del alquiler, en definitiva, todas las iniciativas que fomenten el acceso efectivo y real a la vivienda por parte de la ciudadanía navarra".
Precisamente, hace unos días se informó de que Navarra prevé contruir 1.000 viviendas en tres años para reforzar el sistema público de alquiler.
