Su médico de Atención Primaria había solicitado el servicio para que pudiera acudir a diario a un hospital de día psiquiátrico, pero el Departamento de Salud lo ha rechazado.
Una paciente navarra con graves problemas de salud mental ha tenido que recurrir al Defensor del Pueblo de Navarra después de que el Departamento de Salud le negara el transporte sanitario que había solicitado su propio médico para poder seguir un tratamiento psiquiátrico intensivo. La negativa se produce mientras el Gobierno de María Chivite mantiene otros gastos públicos, como la acogida voluntaria de cinco menores migrantes llegadas desde Ceuta, la financiación de recursos residenciales para menores extranjeros en chalets con piscina y jardín o, según documentación interna a la que ha tenido acceso este periódico, la atención en un centro concertado de Pamplona de un paciente que continuaba empadronado y adscrito sanitariamente a Castilla y León.
La mujer vive en una pequeña localidad de Navarra y había sido derivada a un Hospital de Día Psiquiátrico situado a 55 kilómetros de su domicilio, al que debía acudir diariamente. Su estado de salud y los efectos de la medicación dificultaban que pudiera realizar esos desplazamientos por sus propios medios.
El caso ha terminado con una resolución del Defensor del Pueblo de Navarra que corrige el criterio mantenido por Salud. La institución considera que el Departamento no ha justificado suficientemente la negativa y le ha recomendado que reconozca a la afectada el transporte sanitario necesario para recibir el tratamiento.
La paciente había presentado su queja el pasado 9 de junio. Explicaba que padecía problemas de salud mental desde hacía muchos años y que durante los últimos dos años y medio su situación se había desestabilizado especialmente. Entre las patologías que menciona figuran depresión, ansiedad con importante afectación funcional, inestabilidad emocional, agorafobia y bulimia nerviosa.
Su situación había llegado a limitar de manera importante su vida cotidiana. Según relató ante el Defensor, durante largos periodos prácticamente no había salido de casa y, cuando comenzó a hacerlo de nuevo, necesitaba ir acompañada por los episodios intensos de ansiedad.
Los psiquiatras decidieron finalmente derivarla a un hospital de día para que recibiera una atención más intensiva. Pese a que la derivación tenía carácter preferente, la paciente aseguró que tuvo que esperar tres meses para acceder al recurso. Durante ese periodo sufrió fluctuaciones en su estado de salud, necesitó varias atenciones en Urgencias y atravesó episodios de autolesión.
Una vez conseguida la plaza surgió un nuevo problema: cómo recorrer diariamente los 55 kilómetros que separaban su domicilio del centro sanitario. Su médico de Atención Primaria solicitó entonces el transporte sanitario teniendo en cuenta su historial clínico y las limitaciones que presentaba.
Uno de los principales obstáculos era la medicación psiquiátrica. La paciente explicó que los fármacos le provocaban una somnolencia muy marcada y afectaban a su capacidad para conducir con seguridad. Relató incluso antecedentes de un accidente y varios incidentes cuando su tratamiento farmacológico era todavía menos intenso.
La mujer señaló además que la agorafobia limitaba gravemente su autonomía. Solo conseguía desplazarse por entornos conocidos y predecibles y aseguraba que viajar diariamente en autobús, rodeada de personas y hacia una ciudad cuyos recorridos desconocía, le provocaba una intensa ansiedad.
Pese a ello, Salud rechazó concederle el transporte sanitario. El Departamento defendió que este servicio está destinado a enfermos que, por causas exclusivamente clínicas, no puedan desplazarse en medios ordinarios. A su juicio, no había quedado acreditado que la paciente no pudiera acudir mediante transporte público, con familiares u otras alternativas.
Salud sostuvo también que el transporte sanitario no estaba pensado para una intervención programada de varias semanas o meses y con carácter recurrente, como era en este caso la asistencia diaria al hospital de día. Consideraba que este tipo de dificultades debían resolverse mediante otras vías cuando no fueran estrictamente sanitarias.
El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha cuestionado ambos argumentos. La institución recuerda que la normativa estatal reconoce el transporte sanitario a las personas que no puedan utilizar medios ordinarios por imposibilidad física o por otras causas exclusivamente clínicas.
Además, ha destacado que la normativa no establece ninguna exclusión por el hecho de que el tratamiento dure semanas o meses o sea recurrente. Tampoco considera suficientemente explicado por Salud por qué los problemas psiquiátricos de la paciente y los efectos secundarios de su medicación no podían considerarse causas clínicas que justificaran el servicio.
El Defensor apunta incluso a un elemento que respalda la necesidad del transporte: fue el propio médico de Atención Primaria de la paciente quien solicitó la prestación después de valorar su situación.
La resolución introduce además el problema de la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad. La institución recuerda que las personas que viven en localidades rurales pueden tener mayores dificultades para recibir determinadas prestaciones, especialmente las de atención especializada, que suelen concentrarse en núcleos urbanos.
También subraya el deber de la Administración sanitaria de procurar una atención personalizada a colectivos que requieren una especial protección, entre ellos las personas con trastornos mentales.
Por todo ello, el Defensor ha recomendado al Departamento de Salud que reconozca a la paciente el transporte sanitario para acudir al Hospital de Día Psiquiátrico. Salud dispone de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la resolución y, en ese caso, informar de las medidas adoptadas.
