El Parlamento de Navarra celebra este jueves un pleno de control marcado por una amplia batería de preguntas al Gobierno foral sobre algunos de los principales asuntos de actualidad política, como los túneles de Velate, la situación política del consejero de Educación, la vivienda en alquiler, las listas de espera sanitarias, el caso Sendaviva y varios proyectos públicos pendientes.
UPN ha acusado al consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, de "seguir asustando a la comunidad educativa navarra para intentar no aplicar la Ley que propuso y consiguió aprobar el pasado jueves la formación foralista, y que garantiza el mantenimiento de las unidades públicas y concertadas para el curso 26/27".
Así, UPN ha señalado que, "ante una pregunta presentada en el pleno del Parlamento por Contigo Zurekin, Gimeno ha vuelto a dibujar el apocalipsis si se aplica la ley de UPN para garantizar la continuación de las unidades educativas para el próximo curso". "El consejero debería asumir que le hemos enmendado la plana y que ha quedado solo y en evidencia ante toda la comunidad educativa y ante la sociedad navarra", ha expuesto.
Por ello, ha instado al consejero a "cumplir la ley, desarrollar y planificar el curso próximo tal y como el marco legislativo le exige, y, sobre todo, a esforzarse en aumentar la calidad de la educación, tanto de la pública como de la concertada". "Ha tenido medios y recursos como nadie, y ha ido fracasando de forma reiterada en la gestión de la educación en nuestra Comunidad", ha opinado.
Para UPN, "la lamentable respuesta que viene dando a las cuestiones derivadas de la aplicación de una ley que fue propuesta por UPN y aprobada por los cauces democráticos demuestra el sectarismo y el nulo respeto que adornan la trayectoria del consejero más cuestionado y criticado por toda la comunidad educativa navarra".
Los foralistas también se han referido a la afirmación de que la ley va a incrementar la segregación educativa: "La único que va a hacer la ley es seguir garantizando el equilibrio educativo entre las redes y mantener el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijas e hijos".
En cualquier caso, "entendemos que estén molestos porque la ley ve frustradas las intenciones del PSN y Contigo de ir eliminando progresivamente la oferta en la red concertada y limitando la libertad de elección de las familias", ha añadido la formación regionalista, que ha indicado que "la trayectoria del consejero en las dos últimas legislaturas se ha caracterizado por generar conflictos continuos, protestas y huelgas, por la falta de diálogo, las imposiciones y el sectarismo constante".
"No hay sector educativo, profesorado, familias o centros de todos los niveles educativos que no esté en la calle detrás de una pancarta pidiendo su dimisión. Por tanto, le pedimos que deje de asustar y que, en el poco tiempo que le queda como consejero, trabaje por la calidad y el desarrollo pleno de una enseñanza navarra que ha dejado de ser la referencia educativa que fue, y que su gestión ha destrozado", ha concluido.
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha considerado que la Administración Foral está "en unos límites de temporalidad relativamente adecuados" y ha explicado que habría que revisar "contrato por contrato" del personal contratado administrativo para determinar si ha habido abuso de temporalidad, según los criterios fijados por el Tribunal Supremo.
En respuesta a una pregunta de Contigo-Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra, Jurío ha explicado que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de unificación de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determina que "no toda contratación temporal de personal laboral determina automáticamente que el mismo sea declarado como personal laboral fijo dentro de las Administraciones Públicas" si ha habido encadenamiento de contratos.
Así, para que los trabajadores contratados por la Administración durante varios años sean considerados fijos "es necesario que esa contratación se declare que se produce en fraude de ley" y que previamente se haya realizado una oposición "que determine que tienen los requisitos necesarios" y que no hayan obtenido plaza.
A partir de aquí, la consejera ha indicado que "quedan varias dudas" porque el TJUE habla de que se produzca una contratación "anormalmente larga", que es un "criterio jurídico indeterminado que tendremos que definir". Ha precisado, además, que la normativa europea a este respecto "no resulta de aplicación directa a España" sino que "somos nosotros en España los que tenemos que desarrollar nuestra propia normativa". En este sentido, ha recordado que se ha convocado una comisión técnica de Función Pública a nivel estatal en la que se creará un grupo de "defina qué es contratación inusualmente abusiva" para, a partir de ahí, "poder aplicar los criterios".
Inma Jurío ha insistido en que "solo por encadenar contratos temporales no se produce la declaración de su fijeza sino que se establecen una serie de criterios para ello". A partir de ahí, "será la legislación española y, por lo tanto, también la navarra en el margen que nos competa" como tenemos que desarrollar esta normativa para poder aplicarla.
Sobre cómo afecta esta sentencia en Navarra, ha indicado que la Administración foral no tiene "un gran número" de personal laboral y el "número mayor" son contratados administrativos. No obstante, ha señalado que "eso no lleva a pensar que todos los contratados administrativos lo son en fraude de ley", sino que "habría que revisar contrato por contrato". "Quien considere que está en su derecho que vaya a los tribunales y, a partir de ahí, fijar normativa", ha añadido.
Al respecto, ha destacado que el Gobierno de Navarra ha sido "especialmente cuidadosos desde el 2021 en establecer las normas para evitar esa contratación fraudulenta, ha establecido medidas, indemnizaciones y sanciones para evitarla". Así, ha considerado que "estamos en unos límites de temporalidad relativamente adecuados". Ha afirmado que "siempre es deseable que se reduzcan" y que el Gobierno foral "está en ese camino de reducir la temporalidad".
Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha señalado que hay varias dudas por resolver en esta cuestión: "si la doctrina que se va a aplicar es extensible al personal administrativo, cuáles son las pruebas superadas que darían acceso a ese carácter de fijeza, cuál es el límite a partir del cual se establece lo que es un fraude de ley en la contratación, y cómo se podría determinar esa indemnización moral e incluso material".
Garrido ha opinado que, más que el grupo de trabajo que se va a constituir, "quien va a decidir van a ser los tribunales". Por ello, ha animado a todo personal laboral, sea laboral o administrativo, que considere que ha sufrido "un abuso de contratación" a acudir a la justicia para "reclamar sus derechos".
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha señalado que este viernes se reúne de nuevo la Mesa General para abordar el estatuto de la Función Pública y ha esperado que los sindicatos "faciliten" el desarrollo de un "hito".
Jurío ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral del PSN sobre la negociación del nuevo estatuto de la función pública y ha explicado que en la reunión de mañana "se vuelven a recoger alegaciones de los sindicatos, que ya es el último tramo en materia sindical que se realiza". "A lo largo de todo este periplo, se recogen alegaciones de todos y cada uno de los sindicatos que tienen representación dentro de la Mesa General y espero una respuesta favorable, lo que no quiere decir una adhesión absoluta, sino que faciliten ese desarrollo de un hito en la Función Pública de Navarra".
Tras este paso, ha dicho la consejera que tocará "tener el acuerdo de gobierno para poder presentarlo y toda la tramitación parlamentaria, que puede ser larga y compleja".
Inma Jurío ha valorado que "es la primera vez que se presenta un texto completo" y que "es un estatuto que se extiende a todos los funcionarios que existen en Navarra". "Supone un hito", ha dicho, para afirmar que "no podemos permitirnos perder este tren porque tenemos un estatuto que data de hace más de 30 años, un estatuto que se ha ido parcheando, que ha sido útil en algún momento, pero que estamos en un momento histórico donde la ciudadanía cambia y tiene otras reclamaciones hacia la Administración".
Ha explicado Jurío que "uno de los principales hitos que se ha incluido en este estatuto es la carrera profesional, que no es otra cosa que el reconocimiento profesional a los propios funcionarios, es una carrera que se reconoce de manera horizontal y que es voluntaria".
Según ha comentado, "el estatuto supone un paso adelante en el reconocimiento de los derechos profesionales de los trabajadores públicos de Navarra y, al mismo tiempo, no va a suponer ninguna merma de lo que hasta ahora tienen".
El parlamentario socialista Ramón Alzórriz se ha interesado por la negociación del estatuto "dado que tiene enfrente una mayoría política que apuesta por ese estatuto, que prioriza la aprobación de ese nuevo estatuto". "Usted lo ha dicho, no dejemos pasar un tren que ahora mismo tenemos posibilidad de coger y que no sabemos cuando volverá", ha señalado, para pedir que "no fallemos".
El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha afirmado que la oferta docente de euskera en la Universidad Pública de Navarra ha crecido "progresivamente" en los últimos años tanto en número de créditos como en titulaciones parciales o completas.
En respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra, Juan Luis García ha afirmado que "el compromiso de este Gobierno y su reflejo en la futura ley del sistema universitario es el de cubrir la demanda lingüística de nuestra Comunidad, respondiendo a la realidad social".
No obstante, el consejero ha precisado que "la UPNA dispone de autonomía universitaria para definir y desarrollar su política lingüística". "Esto implica que tanto el diseño como el despliegue del plan lingüístico de la universidad es una competencia propia del centro y que éste no viene determinado de forma externa, sino que responde a su estrategia institucional", ha afirmado.
Además, García ha apuntado que la oferta formativa en euskera se financia en el marco del convenio plurial del Gobierno con la UPNA. "Es la propia Universidad Pública la que determina cómo hacer el reparto en base a la autonomía universitaria", ha apuntado.
El consejero ha señalado que, "más que hacer una valoración de si la oferta de euskera es suficiente o no, lo que hacemos desde el Gobierno es evidenciar con datos la evolución de esta oferta, y la oferta docente de euskera ha crecido progresivamente en la Universidad Pública, tanto en número de créditos como en titulaciones parciales o completas".
La parlamentaria de EH Bildu Oihana Gallo ha afirmado que en la UPNA se ofertaban el curso pasado 27 grados y "solo se pueden estudiar por completo en euskera" tres de ellos. Se trata de Educación Infantil, Educación Primaria y Trabajo Social. "De esos 27 grados, hay otros cuatro en los que se podría cursar el 50% de los créditos en euskera. Y hay grados cuya oferta en euskera es nula. Esta es la foto. La oferta es muy escasa", ha indicado.
Por ello, ha considerado que, "para garantizar los derechos lingüísticos y avanzar en la normalización del euskera", el Gobierno de adoptar "medidas valientes".
El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha reconocido este jueves en el pleno del Parlamento foral que los trámites para implantar el peaje a camiones en vías de alta capacidad de Navarra "están yendo mucho más despacio de lo pretendido" y ha ratificado que no estarán en funcionamiento en esta legislatura.
Chivite, que ha respondido a una pregunta de UPN, ha afirmado que "por el momento se avanza en las gestiones previas para la licitación del centro de control, en el edificio de Iturrondo, y la instalación del pórtico de la A-1".
El consejero ha asegurado que "nos estamos enfrentando a un reto técnico, administrativo, legal y económico de mucha complejidad que queremos resolver con todas las garantías". "Estas circunstancias hacen imposible implantar el canon de uso de las carreteras durante esta legislatura", ha indicado.
Así, Óscar Chivite ha afirmado que "el propósito de esta legislatura es, primero, aprobar los criterios de gestión y de funcionamiento de una empresa -la sociedad pública Nafarbide- que será la que moverá más volumen de dinero de todo el marco de las empresas del Gobierno de Navarra".
En segundo lugar, se trabaja para "adecuar la oficina central situada en el polígono de Iturrondo para que pueda albergar las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la empresa". "Y tercero, licitar el centro de control y actuaciones del pórtico en la A-1", ha indicado.
El consejero ha destacado que "el centro de control constituye el núcleo neurálgico". "Desde esta infraestructura centralizada se gestionarán en tiempo real todos los flujos de información procedentes de las diferentes vías equipadas, se procesará la información de tránsito de vehículos, se calcularán los importes de canon correspondientes y se supervisará el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema.
La parlamentaria de UPN Yolanda Ibáñez ha criticado que "se ha creado una empresa que no tiene actividad ni tiene ingresos, eso sí, tiene colocados a dos amigos del Partido Socialista".
Ibáñez ha afirmado que Nafarbide "es una sociedad que se crea en contra de informes técnicos que decían que no se justifica que el servicio fuera a ser más eficiente que si lo prestara directamente la Administración". "La propia Cámara de Comptos aconseja disolver Nafarbide. Esta sociedad no hace otra cosa que derrochar dinero público. Si los peajes no se van a imponer antes de las elecciones de 2027, ¿qué hace Nafarbide?", ha planteado, para pedir que se disuelva la empresa pública.
es absolutamente falso, hay algún informe de discrepancia, la inmensa mayoría de los informes son favorables y por eso está implantada.
El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que esta misma semana "se han aplicado varios cambios en las agendas y varias mejoras en la carpeta de salud que van a terminar, si todo funciona correctamente, con las filas que se formaban en algunos centros a primera hora".
En respuesta a una pregunta oral formulada por UPN en el pleno parlamentario de este jueves, Domínguez ha matizado que esas filas "no se han dado en todos los centros de salud de Navarra, por mucho que se empeñen en hacer ver que sí". Ante esta situación, "necesitábamos trabajar" con los directores de los centros y sus responsables "para ver qué ocurría y ponerle remedio".
Además, ha afirmado que "en algunos centros las medidas puestas en marcha el lunes ya están dejando ver mucha menos gente o casi nadie" haciendo fila. En este sentido, ha añadido que "cada día tengo más dudas de si realmente ustedes quieren que vaya bien la sanidad pública o simplemente es una de sus armas políticas favoritas y prefieren que nada se arregle".
Domínguez ha añadido que "las filas, una situación a la que por supuesto no teníamos que haber llegado en algunos centros, pero por un cúmulo de circunstancias se llegó, es uno de los asuntos que más me preocupaban".
Entre otras cuestiones, "se han desbloqueado las llamadas citas día, para que no sólo estén disponibles desde las 8 de la mañana de cada día, que es lo que generaba la fila de varios centros, sino en cualquier momento", y "hay citas disponibles en todos los estamentos, aunque en algunos centros se siguen haciendo ajustes".
"Los profesionales nos mostraron sus reticencias a abrir todo a web porque la ciudadanía podía coger varias citas a la vez. Y eso también está resuelto desde unos meses y está limitado a una cita por estamento al mismo tiempo", ha explicado.
Por otro lado, "el mayor miedo" de "abrir todas las citas a todas las vías" era "el posible aumento de las citas fallidas". "Y por ello el lunes, cuando se comunicó públicamente todos los cambios realizados y las formas de coger cita, se pidió colaboración y sensatez a la ciudadanía para evitar hacer un mal uso de las citas y particularmente evitar que se den las fallidas, porque les recuerdo que en el primer cuatrimestre hemos tenido más de 65.000 citas fallidas en toda la red de primaria", ha apuntado.
Para ello, "además de la colaboración de los usuarios, también se han hecho algunas mejoras". "Ahora, 48 horas antes de la cita, se recibirá un recordatorio en el dispositivo móvil indicando lugar, hora y profesional con el que se tiene cita", ha explicado.
Además, "existe la posibilidad de cancelar o cambiar la cita en primaria desde la carpeta personal de salud sin necesidad de llamar o ir al centro". "Todo esto va a ser evaluado mes a mes para ver qué se puede mejorar o qué tiene que cambiarse, pero confiamos en que los resultados van a ser positivos, sobre todo para la ciudadanía, mal que le pese", ha trasladado a UPN.
Por su parte, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha afirmado que "han implantado en Navarra algo que antes no existía, y es un fenómeno, es el de la sanidad de las filas": vecinos que "tienen que ir a los centros de atención primaria a hacer una fila para poder coger una cita con el médico en el día". También ha criticado que "después de tres días de esta medida implantada, tres de nosotros intentamos coger cita en nuestro centro de salud ayer, día 20 de mayo", y "ninguno conseguimos cita para mayo".
El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha esperado que el "impacto" la decisión de algunos profesionales médicos de no hacer horas extraordinarias "sea el mínimo" y ha destacado que trabaja para "destrabar" esta situación, con reuniones con el Sindicato Médico y los diferentes servicios del sistema sanitario con el objetivo de "volver a la normalidad lo antes posible".
En respuesta a una pregunta de UPN en pleno del Parlamento de Navarra, Domínguez ha explicado que las medidas puestas en marcha para "amortiguar el impacto" de los profesionales que han decidido no hacer horas extraordinarias "son diversas". Por un lado, "se ha mantenido la opción de hacer jornada extraordinaria para todos los que lo deseen, incluidos aquellos que normalmente no la realizan o por si algunos profesionales cambian de opinión y deciden hacerla". En este sentido, ha recordado que "la actividad extraordinaria es voluntaria y que depende totalmente del propio profesional en todo momento hacerla o no".
Por otro lado, "se ha intentado incluir en las agendas toda la actividad que fuera más delicada y también primeras consultas y se ha hablado con los centros concertados para ver qué actividad se podía derivar". Para ello, "se ha priorizado qué tipo de actividad y qué pacientes se derivan y se ha hecho con lo más urgente o lo que pueda comprometer un diagnóstico o un seguimiento".
Fernando Domínguez ha precisado que "el éxito o no" de estas medidas "no lo vamos a saber hasta la primera semana del mes que viene". "Ojalá estemos consiguiendo que el impacto sea el mínimo posible para nuestros pacientes" y que "consigamos volver a la normalidad lo antes posible, y para eso todos tenemos que poner de nuestra parte", ha subrayado. Mientras tanto, ha destacado que hay que "atender, con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, a todas aquellas personas que este mes iban a tener su consulta o su intervención por la tarde".
Por otro lado, ha destacado que se trabaja para "destrabar esta situación" con reuniones con el Sindicato Médico de Navarra, de las que "salí esperanzado" y con la voluntad de "buscar acuerdos e intentar revertir la situación". Ha explicado, además, que "como normas de negociación acordamos respeto y tener como objetivo común mejorar la asistencia a la ciudadanía de Navarra y las condiciones de los profesionales".
A este respecto, ha señalado que también se han mantenido reuniones "positivas" con los diferentes servicios para "analizar todos aquellos elementos que son necesarios para su actividad, puntos y áreas de mejora, y las solicitudes que nos hacen de las necesidades percibidas para mejorar su desempeño, incluida también la gestión de las listas de espera".
Por su parte, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha afirmado que en los últimos tres años ha aumentado un 20% el número de pacientes derivados a la sanidad privada y se ha "triplicado" teniendo en cuenta solo las consultas con especialistas. Le ha dicho a Domínguez que "se está equivocando si cree que la solución es negociar con los médicos" y le ha acusado de querer trasladar la idea de que este problema se debe a "un núcleo de médicos con una solicitud económica".
Ha advertido de que "el problema es más profundo". En este sentido, ha indicado que los profesionales de salud "han salido a la luz pública a decir basta" por "ataques y faltas de respeto" y advirtiendo de la "sobrecarga de horas extra y la imposición de un modelo asistencial que prioriza las primeras consultas frente a las revisiones". A ellos se unen, también, enfermeras, administrativos de atención primaria, psicólogos y asociaciones profesionales que han trasladado su "malestar" y que piden a Domínguez "un cambio de rumbo". "Quizá no sepa a donde dirigir este barco", ha concluido San Martín.
El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha señalado que "lo maduro" sería que saliese adelante en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que ha presentado el PSOE para que el profesorado del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) pase a los cuerpos docentes del Estado. "La buena política sería dar un paso adelante y sacar esa proposición de ley porque eso facilitaría la estabilidad del profesorado del programa PAI", ha señalado.
Gimeno ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral del PSN sobre la conversión del PAI en modelo educativo y ha defendido que con dicha ley "los 352 docentes forales propios se podrían integrar en los cuerpos estatales". "Sería lo más positivo", ha expuesto.
El consejero ha comentado que "es el momento de la buena política, es el momento de la madurez política, es el momento de integrar a estos 352 docentes forales propios en los cuerpos estatales". "Y para eso, es interesante esta proposición", ha insistido, para incidir en que "es el momento de la responsabilidad, de no exhibir desconocimiento de la responsabilidad que tiene cada uno" para aprobar la ley
"Me da la impresión de que como la ha planteado el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso, hay alguien que se está escondiendo, que dice por la mañana una cuestión, por la tarde dice otra, y mientras hay 352 familias que están esperando que se integren en los cuerpos estatales", ha afirmado el consejero.
El socialista Kevin Lucero ha indicado que "el PAI no necesita de más ruido, necesita de responsabilidad y madurez, necesita de planificación, de evaluación, de continuidad, de seguridad jurídica y de estabilidad docente". "Y aquí es donde cada grupo político tiene que decidir en qué lado está", ha expuesto, para defender que está sobre la mesa "una proposición de ley que hemos presentado en el Congreso de los Diputados para integrar al profesorado PAI en los cuerpos estatales docentes". "Una medida necesaria para consolidar el modelo, para dar seguridad jurídica", ha dicho, y ha expuesto que "si UPN y el PP de verdad quieren que el PAI sea modelo, tendrán que apoyar la ley en el Congreso de los Diputados".
La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha asegurado que el Ejecutivo foral está estudiando "con la mayor generosidad" las aportaciones que han presentado las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA a la nueva ley foral de víctimas en la que está trabajando el Gobierno de Navarra.
Ollo, que ha respondido a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, ha considerado que la nueva ley es "muy buena para las víctimas porque amplía derechos y además incluye todo el desarrollo de los proyectos educativos, en las escuelas, en los colegios para deslegitimar la violencia, y es una buena ley porque incluye por primera vez un consejo de participación consultivo en el que vamos a escuchar a las asociaciones de víctimas".
Respecto a las aportaciones presentadas por las asociaciones, Ana Ollo ha afirmado "no es fácil de resolver" y ha asegurado que "se están estudiando con la mayor generosidad desde el Gobierno de Navarra".
La parlamentaria de UPN Isabel Olave ha afirmado que han presentado aportaciones a la ley la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE), la Fundación Tomás Caballero y Covite.
Las aportaciones de las tres asociaciones van en el mismo sentido y se resumen en tres bloques. En primer lugar, piden un régimen sancionador para conductas contrarias a la dignidad de las víctimas y acabar con los homenajes o actos de exaltación del terrorismo con expresiones ofensivas y humillantes. En segundo lugar, piden reforzar el reconocimiento específico a las víctimas del terrorismo de ETA y que no se diluya su significado dentro de un marco genérico de todas las violencias. En tercer lugar, Olave ha explicado que las asociaciones piden mejorar la protección social y económica mediante ayudas en vivienda, educación, empleo y sanidad, cuestiones que ya se abordan por ejemplo con víctimas de violencia de género.
La parlamentaria de UPN ha afirmado que su grupo respalda estas aportaciones y ha reclamado a la vicepresidenta que "dé respuesta inmediata a las asociaciones de víctimas, a esta deuda con ellas y que avance en el procedimiento de la ley". "También le pedimos que esta ley nos sirva para la higiene ética y política de quienes esconden detrás del apoyo a todas las víctimas la falta de una condena de todas las víctimas", ha afirmado.
Ana Ollo ha replicaod a Olave que "quien están en deuda" con las víctimas es UPN, "que aprobó en el año 2010 una ley que dejó al 90% de las vícitmas del terrorimso en Navarra sin posibilidad de recibir la ayuda económica prevista en la ley".
El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha exigido a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y a su Ejecutivo que asuman responsabilidades políticas tras la admisión a trámite, hace dos semanas, de la querella presentada por su formación por presunto troceo de contratos, cohecho y tráfico de influencias en las obras de reconstrucción del parque Sendaviva.
Durante la sesión de control, Jiménez ha criticado la falta de dimisiones o ceses y la supuesta obstrucción a la justicia, al tiempo que ha anunciado el registro hoy mismo de una petición de comparecencia del parlamentario socialista Ramón Alzórriz, investigado en el caso.
Jiménez ha denunciado que, desde la admisión de la querella, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida: “Ni una dimisión, ni un cese, ni una explicación a los navarros”. Ha señalado que se mantiene a Ramón Alzórriz en su escaño, a la consejera Esnaola al frente del departamento vinculado a Sendaviva y Parquenasa, y al consejero Arasti en el Ejecutivo. Según ha explicado el parlamentario de VOX, la constructora adjudicataria de los contratos troceados en Sendaviva es la misma que realizó las reformas en el domicilio particular de Alzórriz y en la sede del PSN, y ha acusado al Ejecutivo de obstaculizar la investigación judicial.
“Han troceado contratos para su constructora de cabecera. Su mano derecha se paseaba por el departamento de Obras Públicas, supervisando las adjudicaciones, y ahora parece que también las del que reformó su casa y la sede del PSOE. Y un juez ya lo está investigando”, ha afirmado Jiménez. Ha añadido que, cuando la jueza solicitó los contratos, el Gobierno respondió que no los tenía y que se los pidiera a Parquenasa, “pero todo el mundo sabe que Parquenasa la administra NICDO, que depende directamente de su Ejecutivo. Eso no es colaborar con la justicia. Eso es obstruir”.
El portavoz de Vox ha enmarcado el asunto en un patrón más amplio de gestión del PSOE: “Nacen, crecen, se reproducen y mueren robando y mintiendo a los españoles. De Zapatero a Sánchez y ahora a Chivite en Navarra. El mismo olor”. Ha exigido que Chivite “asuma responsabilidades de una vez. Que cese a los que están salpicados. Y que dé usted un paso al lado. Dimita, señora Chivite”.
En su respuesta, el vicepresidente y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha defendido la posición del Gobierno asegurando que “no hay ningún consejero investigado en esta querella” y que se trata de “un asunto procesal de trámite” en “una fase inicial de la investigación”.
La oposición en el Parlamento de Navarra ha cargado contra la política fiscal del Gobierno foral y ha acusado al Ejecutivo de hacer “caja” con los contribuyentes para después gestionar mal, despilfarrar y mantener una presión fiscal que, a su juicio, perjudica a familias, autónomos y empresas.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha cuestionado la efectividad de las medidas fiscales que pueda plantear el Gobierno de Navarra de aquí al final de la legislatura y ha augurado “mucha foto y poca chichi”. Frente a ello, ha defendido medidas fiscales que “sirvan y ayuden de verdad” a los navarros.
Esparza ha asegurado que “hay margen de sobra” para aplicar una política fiscal más leve para los contribuyentes y que sirva para “incentivar” la economía. El regionalista ha criticado el actual modelo fiscal navarro, que, según ha dicho, “significa que el Gobierno haga caja, que luego gestione mal y despilfarre en una gestión ineficaz”.
“La gente paga más y recibe menos”, ha resumido el portavoz de UPN durante una interpelación al consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, sobre la política fiscal del Gobierno foral.
Las críticas de la oposición también han llegado desde el PPN. Su parlamentaria Irene Royo se ha sumado a la denuncia del “despilfarro” que, a su juicio, existe en Navarra. La popular ha advertido de que “la economía funciona”, pero está “tensionada” y puede tener problemas “si no se corrige”.
Desde Vox, Emilio Jiménez ha acusado al Gobierno foral de apretar “las tuercas a los de siempre”: autónomos, familias y empresas que generan empleo. Jiménez ha denunciado una “fiscalidad asfixiante” y ha asegurado que la recaudación acaba destinada a “chiringuitos y muchos amiguetes”.
La oposición en el Parlamento de Navarra ha reclamado al Gobierno foral que la futura ley del sistema universitario no se limite a “ordenar lo existente” y sirva para reforzar la universidad pública, ampliar la oferta académica, mejorar la financiación, impulsar el campus de Tudela y evitar la fuga de talento joven.
Los grupos parlamentarios han fijado sus posiciones durante una interpelación del PSN al consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, sobre el sistema universitario navarro. El debate ha dejado una coincidencia general en torno al papel central de la UPNA, aunque con enfoques distintos sobre cómo debe crecer, qué titulaciones debe incorporar y cuál debe ser la relación con la Universidad de Navarra y la UNED.
La parlamentaria de UPN Cristina López ha defendido que el “esfuerzo” de las tres universidades implantadas en Navarra es “fruto de su trabajo” y “no del Gobierno de Navarra de turno o de un partido político en concreto”. Además, ha cuestionado la propuesta de ampliar la oferta de la UPNA hasta cubrir más ámbitos académicos y ha preguntado al socialista Kevin Lucero si pretende que la universidad pública “ofrezca todos los títulos que existen en el mundo para que nadie tenga que salir de Navarra”.
López ha considerado que ese planteamiento puede derivar en una “actitud muy peligrosa” y ha centrado también sus críticas en la financiación universitaria. En este punto, ha advertido de que Navarra se encuentra “muy lejos” del objetivo que marca la LOSU para 2030, que fija como mínimo destinar el 1% del PIB a la universidad.
Desde el PPN, Irene Royo ha subrayado que la UPNA “garantiza el acceso a la educación superior” y constituye el “pilar público” de un sistema universitario que ha definido como “mixto, público-privado”, al contar también con la Universidad de Navarra y los centros de la UNED. La parlamentaria popular ha apostado por que la universidad pública sea “motor económico y de desarrollo regional”.
Royo ha defendido avanzar en grados con “prácticas obligatorias y duales” y en convenios con los distintos clústeres empresariales, con el objetivo de que todos los egresados salgan de la universidad con experiencia laboral. Su intervención ha puesto el foco en la conexión entre la universidad, el empleo y el tejido productivo navarro.
El representante de Vox, Emilio Jiménez, ha sido el más crítico con el enfoque del Gobierno foral. Ha acusado al Ejecutivo de haber “convertido a la universidad en una herramienta ideológica” mediante “discursos identitarios, agendas políticas y estructuras subvencionadas que poco tienen que ver con la excelencia académica”.
Jiménez ha defendido “una universidad libre, exigente, centrada en el mérito, en el esfuerzo y en la preparación real” de los jóvenes. Su intervención ha confrontado directamente con las referencias de otros grupos a la igualdad, la cohesión territorial, el euskera o las políticas públicas vinculadas a la universidad.
El debate ha partido de la defensa del consejero Juan Luis García, que ha asegurado que Navarra cuenta con un sistema universitario “sólido, equilibrado y bien conectado con su entorno”. García ha defendido que el anteproyecto de ley foral supone la creación del “ecosistema universitario de Navarra”, integrado por la UPNA, la Universidad de Navarra y los centros de la UNED en Pamplona y Tudela.
La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que "estamos explorando fórmulas para ver si, de una manera más estable, conseguimos dilatar las prórrogas o dilatar el fin de la calificación de vivienda protegida".
Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada en el pleno parlamentario por EH Bildu sobre "la posible venta de viviendas" en régimen de alquiler por parte de la empresa Testa Residencial.
UPN ha preguntado sobre la impugnación de las certificaciones de obra de los túneles de Velate. El portavoz regionalista, Javier Esparza ha preguntado por qué ocultó la información al Parlamento y por qué evitó decir cuando compareció obligado por UPN que había siete impugnaciones desde febrero. En este sentido le ha cuestionado sobre a quién intentan esconder o tapar "porque no es normal que en una obra como Velate, que está bajo sospecha, que destila indicios de presunta corrupción, en lugar de contarlo todo, lo esconden".
Esparza ha asegurado que las obras de Velate, que se adjudicaron a una UTE en la que estaba la empresa de Santos Cerdán, las acabará examinando un juzgado y que terminará costándole más dinero a los navarros.
El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, pregunta a la presidenta Chivite si va a priorizar a los navarros en materia de fiscalidad, pero Chivite se niega a contestar y manda a su consejero de Economía, José Luis Arasti, que considera que la pregunta tiene "tufillo xenófobo". "Para este gobierno, Navarra son todas las personas que viven en Navarra, de manera que la respuesta es sí", le ha dicho.
En la réplica, Emilio Jiménez ha asegurado que "quienes han cotizado docenas de años tiene más derecho a tener vivienda, sanidad y servicios sociales que quien acaba de llegar". Y pone en contraste "los 6.000 euros al mes que cuesta cada mena, frente a los 3.000 que cuesta una plaza en una residencia para personas mayores y no hay suficientes".
El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "lo ocurrido con el consejero Gimeno ya no es solo una anécdota política o un malentendido, sino que básicamente es el fiel reflejo de un Gobierno roto internamente, roto políticamente, y también agotado o roto moralmente".
Javier García ha considerado que el consejero "ha convertido el Departamento en un laboratorio ideológico contra la Educación" y ha afirmado que "el problema es Chivite, porque una presidenta fuerte cesa a un consejero cuando pierde la confianza de la comunidad educativa, corrige el rumbo cuando su gobierno entra en combustión, pero Chivite no hace nada porque está atrapada por los equilibrios internos y por sus socios".
Chivite ha respondido que Gimeno, es "un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial que es la educación y con la convicción de que la educación pública es y debe seguir siendo el eje vertebrador de nuestro sistema educativo".
Los socialistas se han preguntado a sí mismos sobre los principios que sustentan el modelo de gobernanza, en referencia a las diferencias con sus socios en el gobierno tras la denominada "crisis del las aulas". Chivite presume de capacidad para acordar con los diferentes, aunque en realidad, esas diferencias no van más allá de un reparto de sillones y cargos de confianza. En este sentido, la presidenta ha dicho que su gobierno tiene un camino muy claro que recorrer: "Siento defraudar a los que la semana pasada se frotaban las manos pensando que este gobierno no iba a seguir adelante", ha dicho.
El Parlamento de Navarra celebra este jueves, 21 de mayo, un pleno de control marcado por las preguntas sobre los túneles de Velate, el cese del consejero de Educación, la vivienda en alquiler, las listas de espera sanitarias y la situación de varios proyectos públicos.
La sesión comenzará a las 09:30 horas en el Salón de Plenos y reúne una amplia batería de preguntas orales dirigidas a la presidenta del Gobierno de Navarra y a diferentes consejeros del Ejecutivo foral. Los grupos parlamentarios han incluido asuntos de máxima actualidad política, económica, educativa y social.
La duplicación de los túneles de Velate ocupará un lugar destacado en la sesión del Parlamento de Navarra. UPN ha incluido una pregunta de máxima actualidad sobre la impugnación de las certificaciones de obra desde mayo de 2025 en estos trabajos. Además, la educación volverá a estar presente en el orden del día con una pregunta del PP sobre el cese del consejero Carlos Gimeno, cuestionado tras la pérdida de apoyo de Geroa Bai, socio principal del Gobierno, respecto al cierre de aulas en los centros concertados.
