El PPN ha acusado este jueves al PSN y a sus socios de aprobar en el Parlamento de Navarra unas conclusiones sobre la comisión de investigación de obra pública que, según Javier García, no han recogido “la verdad de lo que ha sucedido”, sino “el relato interesado” de quienes sostienen al Gobierno foral.
El pleno del Parlamento de Navarra ha puesto punto y final a una comisión que ha trabajado durante los últimos diez meses sobre la adjudicación de obra pública en la Comunidad foral. La Cámara ha aprobado el dictamen que integra las conclusiones suscritas por PSN, EH Bildu y Geroa Bai, junto con las recomendaciones acordadas por estos tres grupos y Contigo-Zurekin.
UPN y PPN han votado en contra del documento aprobado. El resto de conclusiones presentadas por cada grupo de forma individual, que ya habían sido rechazadas en comisión y se han mantenido en el pleno como votos particulares, han quedado desestimadas.
Las conclusiones de UPN, PPN y Vox han sido rechazadas con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Las de estas cuatro formaciones, sin ningún respaldo añadido, han sido descartadas con los votos en contra de UPN y PPN y las abstenciones cruzadas del resto. El parlamentario de Vox, de baja médica, no ha asistido a la sesión.
El dictamen aprobado a instancias de PSN, EH Bildu y Geroa Bai ha proclamado que “no ha quedado acreditada la existencia de prácticas corruptas por parte de responsables políticos, funcionarios o empresas adjudicatarias en relación con los expedientes analizados”.
Según el informe consensuado por estos grupos, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas “no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados”.
Sin embargo, el documento sí ha constatado la existencia de irregularidades y deficiencias procedimentales en determinados expedientes. El caso más señalado ha sido la licitación de las obras de duplicación del túnel de Velate.
Entre esas cuestiones, el dictamen ha aludido a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas sobre el alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.
En el capítulo de recomendaciones, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han planteado un conjunto de medidas para reforzar “la integridad, la transparencia y los mecanismos de control en la contratación pública de la Comunidad foral”.
Entre las principales propuestas figura la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública o la modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos. Estas medidas han quedado incorporadas al dictamen que ha salido adelante en el Parlamento de Navarra.
Desde el bloque de la oposición, la lectura ha sido muy diferente. UPN, PPN y Vox han coincidido en apreciar indicios reforzados de adjudicación irregular, en exigir responsabilidades políticas al más alto nivel y en proponer mejoras en los mecanismos de control, transparencia y protección de empleados públicos.
En concreto, UPN ha sostenido que los trabajos de la comisión han reforzado los indicios sobre la posible existencia de una trama de influencia y adjudicación irregular de contratos públicos vinculada a las empresas Servinabar y Acciona.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que “hoy no estamos aquí debatiendo únicamente las conclusiones de una comisión, estamos debatiendo si Navarra acepta convertirse en una pieza más de ese modelo político que está degradando las instituciones en España”.
Esparza ha afirmado que “Velate ya no es solo Velate, es una forma de hacer política, es la manera de entender el poder de unas determinadas formaciones políticas”. También ha acusado a PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin de intentar “cerrar en falso y tapar responsabilidades”.
El portavoz del PPN, Javier García, ha sido especialmente crítico con el dictamen aprobado. Ha defendido que “las conclusiones que hoy se aprueban no reflejan para nada lo que ha sucedido en esta comisión de investigación”.
A juicio de Javier García, el documento aprobado ha sido “el ejercicio de autoprotección de la política”. El dirigente popular ha añadido que se trata del “relato oficial de quienes tienen la necesidad de defender a este Gobierno, pase lo que pase”.
García ha subrayado que “lo que hoy se vota aquí no es la verdad de lo que ha sucedido, sino el relato interesado del PSN y de sus socios”. Con esta afirmación, el PPN ha situado el foco en la falta de responsabilidades políticas que, según su criterio, deja el cierre de la comisión.
El socialista Javier Lecumberri ha defendido una visión opuesta. Ha reiterado que su grupo está “relativamente satisfecho” con el resultado de la comisión de investigación porque, según ha dicho, “hemos escarbado hasta el final y no se ha encontrado ninguno de los indicios” que la oposición había buscado.
Lecumberri ha sostenido que “no se ha acreditado ni una sola práctica corrupta”. Además, ha acusado a UPN, PPN y Vox de construir “un relato novelado con intereses políticos”.
En el turno de EH Bildu, Adolfo Aráiz ha señalado que, sobre la comisión, “todo tiene su comienzo y todo tiene su fin”. También ha criticado que las conclusiones de UPN y PPN “adolecen de graves deficiencias metodológicas”.
Aráiz ha considerado que ambas formaciones han incurrido en “una confusión sistemática entre sospechas políticas y pruebas jurídicamente acreditadas”. Según ha defendido, el objetivo de UPN y PPN no ha sido otro que desgastar al Gobierno, acusar de cómplices a otras formaciones y tratar de forzar la dimisión de la presidenta María Chivite.
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha subrayado que han sido meses de trabajo “intensos” en la comisión de investigación. Ha recordado que esta comisión se puso en marcha “ante la gravedad de la información que conocíamos hace un año” con los informes de la UCO.
Azcona ha valorado que el trabajo ha sido “útil” y que ha permitido “arrojar luz sobre actuaciones que habían generado preocupación social”. Además, ha defendido que su grupo ha trabajado con “transparencia y rigor”.
Por su parte, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha señalado que el debate ha estado demasiado centrado en la dinámica de Gobierno y oposición. “Nos hemos preguntado muy poco qué va a pensar la gente de ahí fuera con todo esto”, ha advertido.
Garrido ha apuntado que la ciudadanía puede interpretar que unos grupos “quieren debilitar al Gobierno de Navarra instrumentalizando esta causa” y que otros “quieren protegerse a toda costa y olvidarse de ella”. También ha añadido que, en el fondo, la lectura puede ser que los partidos han vuelto a mirar por sus propios intereses partidistas en vez de por los intereses de la gente.
