Las macroplantas de biogás han vuelto a abrir una fuerte división política y social en Navarra tras la comparecencia de la Coordinadora de Plataformas contra las Macroplantas de Biogás y la Fundación Sustrai Erakuntza en el Parlamento foral. Los colectivos han pedido una moratoria real de al menos dos años y han denunciado que la actual suspensión de un año aprobada en octubre de 2025 se ha quedado “descafeinada”.
La sesión de trabajo se ha celebrado este martes a petición de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, en un contexto de creciente malestar rural por la proliferación de proyectos. Según ha expuesto Claudio Osés, portavoz de los comparecientes, Navarra podría pasar de las seis plantas ya existentes a un total de 23 macroinstalaciones si se autorizan todos los proyectos en tramitación.
Osés ha advertido de que en los dos últimos años se ha producido en Navarra un “aluvión de solicitudes” para construir plantas de producción de biogás. A las seis instalaciones públicas y privadas ya en funcionamiento se sumarían quince proyectos privados en exposición pública y otros dos de promoción pública en tramitación o construcción.
El portavoz de las plataformas ha definido esta situación como la “amenaza de una nueva burbuja”. También ha acusado a la mayoría parlamentaria y al Gobierno de Navarra de mostrarse “permisivos e irresponsables” ante unos proyectos que los colectivos consideran sobredimensionados y carentes de planificación suficiente.
Las plataformas no han rechazado el biogás como tecnología, pero sí el actual modelo de macroproyectos industriales. Osés ha defendido que las plantas deberían ser de pequeño tamaño, de ámbito local y destinadas a gestionar residuos de explotaciones agrícolas y ganaderas cercanas, sin mezclar esos residuos con otros de carácter industrial que puedan contener contaminantes.
El malestar se ha centrado también en la moratoria aprobada por el Parlamento en octubre de 2025. Los colectivos han asegurado que esta medida no ha servido para abrir un debate “sereno y ordenado” sobre los criterios que deberían regir la autorización de nuevas instalaciones.
Osés ha criticado que “nada se sabe” del informe interdepartamental que debía recoger un diagnóstico global sobre los macroproyectos de biogás, sus impactos y las recomendaciones para garantizar una planificación equilibrada y sostenible. Según ha señalado, solo se ha conocido el programa del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente relativo a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
El portavoz ha advertido de que, tras la aprobación de ese programa, podría levantarse la moratoria y las solicitudes volverían “a la casilla de salida”. Por eso, las plataformas han reclamado una nueva suspensión que permita “corregir el rumbo” de una expansión que consideran irracional.
El debate ha reflejado diferencias entre los grupos parlamentarios. El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha defendido una “moratoria integral” hasta que Navarra cuente con un marco normativo que garantice un despliegue ordenado, planificado y con criterios de sostenibilidad medioambiental.
Guzmán ha calificado la moratoria vigente como una “farsa” y ha recordado que está cerca de su vencimiento. Además, ha instado al Parlamento a legislar lo que, a su juicio, está demandando “buena parte” de la comunidad.
Desde EH Bildu, Oihan Mendo ha reconocido que el biogás y la biometanización pueden ser una oportunidad dentro de la economía circular. Sin embargo, ha subrayado que para que eso sea posible hacen falta “iniciativa, liderazgo y planificación públicas”.
Mendo ha apoyado extender la moratoria para dar tiempo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a elaborar una normativa que regule, planifique y ordene la implantación de estas plantas en Navarra. En la misma línea, Geroa Bai ha defendido que el plazo actual ha sido insuficiente.
El portavoz de Geroa Bai, Javier Ollo, ha afirmado que la moratoria de un año es “a todas luces escasa”. También ha recordado que su grupo ya defendió en su momento un plazo de dos años y ha reiterado que apuesta por ampliar la suspensión.
La posición de UPN ha sido crítica tanto con el Gobierno como con el planteamiento de las plataformas. Su portavoz, Miguel Bujanda, ha agradecido la labor de fiscalización de los “desaguisados de este Gobierno”, pero ha acusado a los colectivos de presentar un “compendio falaz en contra del sector primario”.
Bujanda ha preguntado dónde estaban las plataformas “en los previos, en los periodos de alegaciones, antes del ruido, cuando había que informar antes que enfrentar”. Aun así, ha considerado que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente es “incapaz de poner orden en nada” y ha defendido ampliar la moratoria porque los departamentos competentes “no están haciendo absolutamente nada”.
El PSN, por su parte, ha mantenido una posición favorable a las plantas de biogás, aunque se ha mostrado abierto a estudiar una ampliación de la moratoria. Su portavoz, Carlos Mena, ha afirmado que estas infraestructuras son necesarias para tratar la cantidad de residuos agroganaderos que se generan.
Mena ha defendido que su grupo ha apoyado “en todo momento” una moratoria que regulase, organizase y ordenase el elevado número de solicitudes. Sin embargo, ha lamentado que los colectivos “han ganado la batalla del miedo”.
La portavoz del PPN, Irene Royo, ha considerado que las plataformas han planteado una visión “muy catastrofista”. Frente a ello, ha defendido que estas plantas pueden ayudar a gestionar residuos agroganaderos, fijar población y generar economía en el mundo rural.
Royo ha matizado, no obstante, que el apoyo del PP al sector tiene límites en las ubicaciones y en el tamaño de los proyectos. “Ningún modelo puede generar excesivos perjuicios a las poblaciones cercanas y tiene que hacerse con una gestión ambiental rigurosa”, ha señalado, antes de pedir al Gobierno de Navarra una planificación “muy clara” y una regulación.
Desde Vox, Emilio Jiménez ha afirmado que la moratoria aprobada por el Parlamento fue el “mal menor”. Su grupo ha rechazado la “proliferación descontrolada” de estas instalaciones en entornos rurales y ha defendido mayores garantías medioambientales y territoriales.
Jiménez se ha mostrado partidario de ampliar la moratoria porque, según ha asegurado, el Gobierno de Navarra “no ha presentado nada”. Su intervención ha coincidido con las críticas de otros grupos sobre la falta de una planificación clara antes de permitir nuevos proyectos.
El debate sobre las macroplantas de biogás ha llegado al Parlamento tras semanas de movilización en el ámbito rural. El pasado 10 de mayo, más de 1.500 personas se manifestaron en Pamplona contra estos proyectos, en una protesta en la que se denunció que la transición energética no puede hacerse a costa del territorio y de los pueblos navarros.
Los colectivos han insistido en que los riesgos no se limitan a la producción energética. También han advertido de posibles impactos sobre el suelo agrícola, los acuíferos, la contaminación por nitratos, los olores y la salud pública en zonas rurales.
En este contexto, el caso de Arróniz y el de Tudela han alimentado las críticas por un supuesto doble rasero en la actuación administrativa. En Arróniz, con ayuntamiento socialista, el Departamento suspendió cautelarmente una planta por falta de autorizaciones de los propietarios de las parcelas.
En Tudela, gobernada por UPN, los colectivos han denunciado que un proyecto de NILSA sigue adelante pese a objeciones relacionadas con la proximidad a viviendas, riesgos para acuíferos y competencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El asunto ha acabado en los tribunales.
La Coordinadora de Plataformas contra las Macroplantas de Biogás y Sustrai Erakuntza han pedido que Navarra no avance hacia un modelo de grandes instalaciones sin consenso social ni garantías ambientales suficientes. Su propuesta pasa por plantas pequeñas, de cercanía y vinculadas directamente al sector agroganadero local.
La discusión parlamentaria ha dejado una mayoría de grupos abierta a ampliar la moratoria, aunque con matices muy distintos sobre el papel que deben tener estas instalaciones. Mientras las plataformas reclaman frenar la expansión de las macroplantas de biogás, el Gobierno de Navarra sigue pendiente de concretar una regulación que ordene las solicitudes ya presentadas.
