La planta de biometano de Sesma ha sido anulada por el Gobierno de Navarra al apreciar que el proyecto no contaba con base territorial suficiente para aplicar en campo los digestatos generados por la instalación. La decisión, adoptada mediante Orden Foral tras estimar un recurso de alzada, afecta a la autorización ambiental integrada concedida en octubre de 2025 a la empresa Biometano Sesma S.L.
La resolución se ha conocido este 16 de abril de 2026 y se apoya en las mismas razones técnicas que ya utilizó el Ejecutivo foral un día antes en el caso de Arróniz. En ambos expedientes, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha considerado que parte de las autorizaciones aportadas no se ajustaban a la normativa, al corresponder a arrendatarios y no a titulares de las parcelas, como exige la Orden Foral 234/2025.
En el caso de Sesma, el Departamento de Economía Circular e Innovación ha revisado la documentación presentada y ha excluido aquellas autorizaciones que no cumplían con el requisito legal. Tras ese análisis, ha concluido que la planta de biometano no disponía de la superficie necesaria para gestionar los digestatos de forma ajustada a derecho.
Además, la decisión ha supuesto la terminación de los procedimientos de requerimiento previo y de los recursos de alzada presentados por la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma Stop Biometano, la agrupación LOIU de Lodosa, el colectivo Ecología y Libertad y el propio Ayuntamiento de Lodosa. El municipio de Sesma queda así como segundo escenario consecutivo en el que el Ejecutivo corrige una autorización vinculada a proyectos de este tipo.
La anulación de la planta de biometano de Sesma ha llegado después de que el Gobierno aplicara el mismo criterio en Arróniz, donde también suspendió cautelarmente la planta de biogás proyectada. En ese caso, el argumento técnico fue idéntico: la falta de una base territorial suficiente para la correcta aplicación agrícola de los digestatos.
La coincidencia política ha vuelto a situarse en el centro del debate. Tanto en Sesma como en Arróniz, los alcaldes pertenecen al PSN-PSOE, y la respuesta del Gobierno de María Chivite ha sido rápida y favorable a las objeciones planteadas desde esos municipios.
Sin embargo, ese mismo criterio no se ha trasladado a Tudela, donde el Ejecutivo mantiene la autorización ambiental para la ampliación de la planta de tratamiento de lodos y biogás de NILSA en la EDAR. Allí, el Ayuntamiento ha planteado reparos similares e incluso más amplios, según sostiene el propio consistorio.
Entre esas objeciones figuran la falta de autorización expresa del propietario de los terrenos, la posible invasión de competencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la cercanía de la instalación a viviendas situadas a menos de un kilómetro y los posibles efectos medioambientales sobre el sector agrícola de la Ribera. Pese a ello, el proyecto de Tudela sigue adelante.
Mientras en Arróniz y Sesma el Gobierno ha actuado para corregir el déficit de base territorial, en Tudela el Ayuntamiento se ha visto obligado a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El recurso contencioso ya ha sido admitido a trámite y mantiene abierto el pulso judicial sobre la actuación del Ejecutivo foral.
También la CHE ha exigido rectificar la autorización al considerar que invadía sus competencias en materia de vertidos. Aun así, el Departamento de Medio Ambiente ha optado por introducir un cambio formal en el tipo de autorización, pero sin suspender el proyecto de la capital ribera.
Este contraste ha reactivado las críticas de la oposición y de parte de la ciudadanía de la Ribera navarra, que hablan de agravio territorial y de una doble vara de medir. La queja se centra en que el Gobierno habría mostrado más rapidez y rigor técnico en municipios con alcaldes socialistas, mientras que en Tudela, gobernada por Alejandro Toquero de UPN, la reacción ha sido distinta.
En Arróniz, la suspensión llegó tras un acuerdo elevado al Consejo de Gobierno. En Sesma, la anulación de la planta de biometano se ha producido de forma inmediata tras la estimación del recurso de alzada. En Tudela, en cambio, el procedimiento continúa en los tribunales y la autorización sigue en vigor.
El caso ha cobrado aún más relevancia después de la reciente decisión sobre Arróniz. Si la falta de respaldo documental sobre los terrenos ha sido suficiente para frenar proyectos en municipios como Sesma, el Ayuntamiento de Tudela sostiene que el mismo celo no se está aplicando en una actuación que considera incluso más sensible por su impacto ambiental y social.
Por el momento, el Gobierno de Chivite no ha ofrecido una explicación pública sobre esta diferencia de criterio entre Sesma, Arróniz y Tudela, tres municipios navarros en los que el debate sobre el biometano, el biogás y los lodos ha acabado abriendo un frente político y judicial.
