El Gobierno de Navarra ha lanzado una oferta de empleo para contratar a 20 educadores sociales destinados a un centro de menores en la Comarca de Pamplona, una convocatoria que vuelve a poner el foco en la presión que soporta la red pública de protección de menores dependiente del Ejecutivo foral.
La oferta, publicada a través de la Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos, contempla contratos temporales, jornada completa y un salario de 31.765,49 euros brutos anuales en 14 pagas. Multiplicando esta cifra por las 20 vacantes, el salario se traduce en una inversión de 635.309,8 euros brutos anuales para atender a estos menores.
El anuncio busca profesionales para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, con los descansos establecidos por ley. Además, exige disponibilidad para cubrir fines de semana y festivos durante periodos vacacionales, bajas médicas u otras necesidades del servicio.
Las funciones descritas en la oferta muestran la complejidad del puesto. Los nuevos educadores deberán contribuir a la valoración de la situación de desprotección de los menores, supervisarlos en todo momento, acompañarlos en visitas familiares, intervenir ante situaciones de conflicto y atender necesidades físicas, psicológicas, educativas, familiares y emocionales. El plazo de inscripción se ha abierto este 15 de mayo y se cerrará el próximo 22 de mayo.
Uno de los puntos más llamativos de la convocatoria es que la supervisión de los menores se realizará “en coordinación con el equipo de seguridad”. Esa referencia da una idea del tipo de recurso al que se incorporarán los profesionales y del nivel de vigilancia, protección y acompañamiento que requiere la atención diaria en estos centros.
Los educadores también deberán actuar como profesionales de referencia para los menores asignados, elaborar seguimientos, redactar partes de incidencias y participar en el desarrollo de los programas educativos individuales. La oferta incluye, además, la organización de actividades de la vida cotidiana y la búsqueda de respuestas, recursos y soluciones ante las situaciones que se produzcan en el centro.
El perfil requerido es el de titulados universitarios en Educación Social o Trabajo Social, aunque se abre la posibilidad de valorar otras titulaciones. También se pide entre uno y tres años de experiencia profesional y permiso de conducir tipo B, aunque no se exige vehículo propio.
La necesidad de incorporar a 20 profesionales en un solo proceso refleja la dimensión del dispositivo y permite abrir de nuevo el debate sobre la planificación del Gobierno foral en materia de atención a menores. La contratación temporal, los turnos continuados y la disponibilidad para festivos y fines de semana apuntan a un servicio que necesita cobertura permanente y personal suficiente para sostener la intervención educativa.
El Ejecutivo de Chivite ha defendido en los últimos meses que el sistema de protección de menores en Navarra se ha reforzado por el aumento de casos de desprotección y por la llegada de menores no acompañados.
Ese crecimiento, sin embargo, también ha ido acompañado de críticas políticas y sindicales sobre la gestión de la red pública, las condiciones de los trabajadores y la capacidad real del sistema para absorber el incremento de menores atendidos.
En este contexto, la nueva oferta para contratar a 20 educadores sociales vuelve a situar sobre la mesa una pregunta clave: si el Gobierno de Navarra está planificando con suficiente antelación sus recursos o si está respondiendo sobre la marcha a una presión asistencial cada vez mayor.
La Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos, también conocida como Gizain, es la entidad encargada de esta oferta. Se trata de una fundación pública vinculada a servicios sociales estratégicos y a recursos de atención a menores, un ámbito que se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la acción social del Gobierno foral tras la llegada masiva de inmigrantes en los últimos años.
La convocatoria llega en un momento en el que Navarra ha abierto y anunciado nuevos recursos de acogida en diferentes puntos de la Comunidad foral. Entre ellos figuran centros en Estella, Elizondo, Villatuerta y Sangüesa, según ha detallado el propio Ejecutivo foral en comparecencias parlamentarias y comunicaciones públicas.
