El Gobierno de Navarra, que preside la socialista María Chivite, se lava las manos con la 'okupación ilegal' de trasteros en Pamplona y desplaza el problema a los ayuntamientos, a quienes corresponden las competencias en la materia.
Así lo ha expresado la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro quien, a una pregunta de Vox en el Parlamento de Navarra, ha contestado que e "la competencia en materia de locales y trasteros es municipal con lo que el Gobierno de Navarra no tiene nada que decir al respecto".
La portavoz de Vox, Maite Nosti, había advertido este jueves del "problema de la okupación ilegal" de trasteros en algunos barrios de Pamplona, que se convierten en "improvisadas viviendas insalubres" que "ponen en riesgo la seguridad de la comunidad". Por eso, ha reclamaba un "protocolo de desalojo exprés" y "sanciones ejemplares".
Pero la consejera de Vivienda ha salido por la tangente, se ha lavados las manos y ha despejado la pelota al tejado del alcalde de Pamplona Joseba Asirón.
Alfaro ha explicado que la participación de su departamento en este sentido "se reduce a certificar que un trastero nunca puede ser una vivienda, salvo que se presente un proyecto, se informe y, llegado el caso, se obtenga una cédula de habitabilidad".
Ha animado a Nosti a "trasladar a todos sus grupos municipales para que hagan presión en este sentido en los ayuntamientos donde tienen presencia" y que, en el caso de que "conozca algún indicio de algún hecho delictivo, lo ponga en conocimiento del juzgado más cercano".
Por su parte, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha criticado "la inacción del Gobierno de Navarra frente al problema de la okupación ilegal", lo que, ha asegurado, "no solo ha propiciado el crecimiento de la okupación ilegal, sino que también ha ido de la mano con el aumento de la delincuencia". Según ha indicado, en Pamplona, "38 de los 625 pisos municipales han sido okupados ilegalmente sin que exista una sola orden de desahucio vigente" y "solo nueve casos han sido llevados a juicio".
Para Nosti, "lo verdaderamente preocupante" es que los propietarios "están desprotegidos y los okupas pueden actuar sin miedos a las consecuencias", lo que ha "creado el caldo de cultivo para que este problemas se magnifique". Por ello, ha reclamado un "protocolo de desalojo exprés, mayor presencia policial, sanciones ejemplares y garantizar que los que pagan sus impuestos y cumple con la ley no sean tratados como ciudadanos de segunda".
