Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registran desde las 18:00 horas de este martes la sede de la constructora Servinabar en Pamplona, investigada por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras del túnel de Belate por parte del Gobierno de la socialista María Chivite.
Según ha podido confirmar EFE, los agentes han accedido a las oficinas de la empresa Servinabar, de la que es propietario Antxon Alonso y que saltó al debate político después de que el gobierno de Chivite le adjudicara las obras para duplicar el túnel de Belate, como parte de una unión temporal de empresas (UTE) junto con Acciona.
Existe serias sospechas de corrupción por la vinculación de Santos Cerdán con el propietario de esta empresa y se ha conocido también que Acciona era una de las empresas con las que la trama Koldo llevaba a cabo sus actuaciones.
Unión del Pueblo Navarro presentó una denuncia por supuestas irregularidades en esa adjudicación sobre la que además preguntó, junto al PP, a la presidenta foral, María Chivite, en el Parlamento de Navarra.
En el pleno del pasado 29 de mayo, el portavoz de UPN, Javier Esparza, insistió en la existencia de irregularidades, acusó al Gobierno foral de "intentar taparlo todo" y afirmó que "gracias a la perseverancia de UPN, la Guardia Civil está investigando" ese caso.
Esparza mencionó a Servinabar, "una empresa de Antxon Alonso, amigo de Cerdán, que patrocina a Koldo. ¿Quién le presentó al señor Antxon Alonso? Ningún gobierno hubiera adjudicado en este contexto".
Chivite aseguró que su Gobierno respetaba el proceder de la mesa de contratación en ese caso y recordó que la Cámara de Comptos "no detectó responsabilidad contable ni de otra índole y así lo manifestó".
El registro de la constructora se produce en el mismo día en que la UCO ha registrado la casa de José Luis Ábalos en Valencia ante los indicios de que pudiera haber participado, como ministro de Transportes, en presuntas adjudicaciones irregulares "a cambio de un precio o compensación económica".
La investigación apunta a que tanto Ábalos como su sucesor en el PSOE, Santos Cerdán, habrían recibido comisiones ilegales a través de estas compañías. La operación, autorizada por el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, forma parte de una indagación secreta centrada en prácticas ilícitas durante la pandemia.
El foco de la investigación ha sido los lazos de Koldo García y Santos Cerdán con las empresas constructoras. García, asesor de Ábalos, combinaba su trabajo como vigilante de seguridad con su afición de aizkolari (cortador de troncos), contando con el patrocinio de la constructora Servinabar 2000. Esta empresa fue adjudicataria de importantes obras, como los túneles de Belate en Navarra, valorados en 76 millones de euros. Además, el administrador de Servinabar 2000, Antxón Alonso, mantiene vínculos con Santos Cerdán.
Los registros forman parte de una operación más amplia para esclarecer las adjudicaciones mencionadas por Víctor de Aldama, quien presentó un listado de contratos presuntamente "preadjudicados" a varias empresas constructoras. Este documento ha sido clave para que el magistrado Puente ordenara los registros de este martes.
En abril, el juez Puente ya había encargado a la Guardia Civil identificar a las empresas finalmente adjudicatarias de esos proyectos y revisar los procedimientos de adjudicación. Javier Herrero, ex director general de Carreteras, declaró en el Supremo que la mayoría de las adjudicaciones se realizaron durante el Gobierno del PSOE.
Los agentes también registraron la vivienda en Valencia del diputado del Grupo Mixto, confiscando su teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos para obtener documentación sobre contratos de obra civil. Se prevé que se registren locales y trasteros vinculados a Ábalos, donde se sospecha que guarda información comprometedora.
Este operativo marca un hito en la investigación, ya que es la primera vez que el Tribunal Supremo ordena el registro de propiedades del ex ministro. Ábalos, quien ha negado en dos ocasiones haber recibido comisiones ilegales, ha intentado sin éxito apartar a la UCO de las pesquisas, acusando a los agentes de realizar filtraciones y de tener motivaciones personales en su contra.
Por su parte, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, permanece ausente de la escena pública desde hace varios meses. En su última aparición, desmintió cualquier vínculo con contratos de obra pública en Navarra, calificando las acusaciones de falsas.
