La adjudicación de los nuevos túneles de Velate, en Navarra, ha quedado bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha asumido la investigación a raíz de las denuncias presentadas por UPN y por un particular. Según fuentes cercanas al caso, los agentes estarían relacionando las presuntas irregularidades detectadas con una nueva derivada del caso Koldo.
El proceso de adjudicación, resuelto a favor de una UTE integrada por Acciona, Fermín Osés y Servinabar 2000 SL, habría estado marcado por discrepancias internas en la mesa de contratación. Servinabar es una empresa cuyo propietario está vinculado al entorno de Santos Cerdán y que patrocinó al equipo de aizkolaris de Koldo García, uno de los protagonistas principales del macrocaso de corrupción.
Los correos electrónicos cruzados entre miembros de la mesa navarra reflejan un proceso cargado de tensiones, filtraciones y falta de transparencia, según recoge la documentación que ya estaría en manos de la UCO.
Tal y como explica OK DIARIO, El proceso se remonta a mayo de 2023, cuando el presidente de la mesa, Jesús Polo, envió un informe técnico que otorgaba una nota muy alta (46,22 puntos sobre 50) a la UTE que acabaría ganando el concurso. En ese mensaje, Polo insistía en la necesidad de cerrar la adjudicación cuanto antes, antes de San Fermín.
Sin embargo, varios integrantes expresaron su desacuerdo por la falta de motivación en las puntuaciones. El interventor delegado, Jesús Muñoz, advirtió de que el informe "adolece de falta de motivación", y otro técnico señaló la necesidad de valorar objetivamente el contenido del proyecto en relación con los criterios de adjudicación.
Uno de los episodios más controvertidos se produjo, presuntamente, el 14 de junio, cuando el secretario de la mesa, Lorenzo Serena, alertó a sus compañeros de que la puntuación de las ofertas se habría filtrado antes de ser comunicada oficialmente. En un correo del 21 de junio, aseguró que varios empleados del departamento le habían transmitido comentarios sobre la valoración que, al parecer, coincidían con el resultado final.
Además, los correos revelan que una vocal habría dejado accesibles las ofertas técnicas en una carpeta compartida en red, donde podrían haber accedido personas no autorizadas.
Los técnicos también criticaron el procedimiento de valoración: según uno de ellos, cada miembro envió su puntuación de forma individual al presidente, sin deliberación conjunta, lo que habría permitido a Polo redactar su propio análisis final con base en esas valoraciones aisladas.
Las tensiones llevaron al secretario a plantear la exclusión de Jesús Polo del proceso, proponiendo que su suplente realizara una nueva valoración "siempre que no conociera las puntuaciones previas". Incluso se barajó una fórmula para eliminar la puntuación más alta y más baja de entre todas las emitidas y calcular la media de las tres restantes, aunque esta opción no prosperó.
La situación generó un fuerte debate interno. Mientras unos defendían la continuidad del proceso por temor a sembrar dudas en la administración, otros advertían de que el procedimiento podría estar viciado y que sería preferible anular la licitación y empezar de cero.
Las presuntas irregularidades en esta licitación de Navarra habrían despertado el interés de la UCO por sus posibles conexiones con el caso Koldo, en el que se investiga el uso de influencias políticas para favorecer contrataciones públicas en varios puntos de España.
Al parecer, las denuncias interpuestas en Navarra han sido asumidas por la Unidad Central Operativa como parte de una línea de investigación más amplia vinculada a la presunta trama de corrupción del PSOE y que, como en los años 80 y 90 del siglo pasado, podría volver a estar enclavada en el seno del PSOE de Navarra.
Por el momento, no hay imputaciones judiciales y los hechos están siendo analizados en el marco de una investigación reservada.
