El Gobierno de Navarra ha tenido que aplazar la aprobación del nuevo plan de medidas fiscales que debe entrar en vigor en enero de 2026, ante la falta de consenso entre los partidos que lo sustentan —PSN, Geroa Bai, Contigo Navarra y EH Bildu—. El Ejecutivo esperaba aprobar este viernes el proyecto de ley con las modificaciones tributarias, pero el acuerdo no ha sido posible.
El principal punto de fricción no está en las rebajas de impuestos para las rentas medias y bajas, sino en el Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios empresariales. Según ha admitido la presidenta María Chivite, el desacuerdo se centra en cómo reformar este tributo, una cuestión que “no genera consenso entre los socios del Ejecutivo”. “No solo vamos a hablar de IRPF, sino que estamos hablando también del Impuesto de Sociedades”, dijo este viernes Chivite.
El debate sobre este impuesto es especialmente sensible. Cualquier modificación tiene un fuerte impacto político y económico: una subida podría incomodar al empresariado y retraer la atracción de inversiones a Navarra.
El retraso en la negociación complica la tramitación de los Presupuestos de Navarra para 2026, cuya aprobación está prevista para el 18 de diciembre. Si el proyecto fiscal no llega a tiempo al Parlamento, las nuevas medidas no podrán aplicarse el 1 de enero, como estaba previsto.
Durante los últimos días, los contactos entre los socios han sido continuos. Este jueves, los portavoces Ainhoa Unzu (PSN), Pablo Azcona (Geroa Bai) y Laura Aznal (EH Bildu) pasaron buena parte de la sesión del pleno de este jueves entre papeles en el atrio del Parlamento a la vista de todos, trasladando una imagen detensión y urgencia en la negociación.
Entre los puntos de consenso figuran dos medidas clave. La primera, una rebaja del IRPF para rentas medias y bajas, y la segunda, pactada sólo con EH Bildu, plantea elevar la pensión mínima en poco más de 60 euros al mes.
El desenlace de esta negociación fiscal será determinante para medir la cohesión del cuatripartito navarro. Lo que parecía un trámite técnico se ha transformado en una prueba política de fuerza.
