El jefe del servicio de Traumatología del Servicio Navarro de Salud (SNS), Javier González, ha reconocido que existe un profundo descontento entre los facultativos después de las palabras del consejero de Salud, Fernando Domínguez, sobre la posibilidad de “intervenir” el servicio. Ha explicado que los profesionales se sienten “injustamente en el foco mediático” y que eso ha provocado que haya “bajado mucho la actividad extraordinaria”. “No se ha reconocido nuestro esfuerzo”, ha lamentado.
González ha reconocido que el servicio afronta problemas de acceso y un déficit de plantilla, aunque ha asegurado que desde abril se impulsa un nuevo modelo de funcionamiento que podría ofrecer resultados a medio y largo plazo. La comparecencia, solicitada por el Partido Popular de Navarra (PPN), ha contado también con la presencia del secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez.
El responsable del servicio ha admitido que existen “algunos déficits en la atención de los pacientes traumatológicos”, pero ha defendido que Navarra cuenta con uno de los mejores servicios de traumatología del Estado, con “elevada capacitación del personal”. Ha recordado que se trata de uno de los servicios más grandes del país, con 77 facultativos, una ratio por habitante “de las más altas” y una actividad muy intensa, fruto de la fusión de la Clínica Ubarmin, el Hospital Virgen del Camino y el Hospital de Navarra. Dispone de 11 quirófanos diarios, 475 consultas mensuales y más de 8.000 intervenciones en 2024.
González ha destacado que en la Comunidad foral no se recurre apenas a la medicina privada, salvo “algún caso aislado”, y que “hacemos el 100% de las intervenciones”. También ha remarcado que las derivaciones a otras comunidades son “excepcionales” y que el servicio asume la patología deportiva y laboral, lo que incrementa la carga asistencial.
Sobre las listas de espera, ha señalado que Navarra está por encima de la media nacional, con un 23,9% de pacientes atendidos fuera del plazo máximo de seis meses establecido por la Ley de Garantías. Ha reconocido que septiembre y octubre son los meses más difíciles por la falta de actividad extraordinaria en verano, aunque en octubre “se ha reducido un 50% el número de pacientes fuera de la ley”.
El jefe de servicio ha admitido que el principal problema es la accesibilidad, ya que cada mes se registran 3.000 nuevas peticiones de primera consulta. Una cifra que relaciona con el envejecimiento de la población, el aumento de actividades de riesgo y la dificultad de conseguir cita en Atención Primaria, lo que deriva más pacientes a Urgencias.
También ha alertado sobre los problemas de funcionamiento derivados de la creciente superespecialización de los traumatólogos. Ha explicado que antes existían médicos más “generalistas” que filtraban los casos y realizaban cirugías sencillas, pero que la jubilación de estos profesionales ha dejado un vacío. “Ahora no queda más que uno”, ha señalado, lo que hace necesario un cambio de modelo.
Entre 2020 y 2025, de 19 residentes formados, solo tres continúan en el servicio. “Tenemos un problema de plantilla”, ha afirmado, recordando que de los 62 facultativos orgánicos, apenas 56 están activos por bajas y excedencias. Para afrontarlo, desde hace un año se trabaja en un sistema en el que sea Atención Primaria quien derive directamente a la especializada, reduciendo un 20% las derivaciones internas.
El nuevo modelo, ha explicado González, requiere tiempo. “Había que tener paciencia y sabíamos que el primer año no iba a dar resultados”, ha dicho. A la vez, se impulsó un plan de choque basado en actividad extraordinaria y en el compromiso de los profesionales, que permitió cubrir “el 100% de las consultas”. Sin embargo, los meses de verano fueron muy complicados, con dos huelgas médicas, bajas y un repunte de la demanda.
González ha indicado que el plan comenzó a aplicarse en abril y coincidió con la etapa de menor actividad del año, pero ha subrayado que en octubre y noviembre “si se hubiesen llenado todas las consultas de tarde, se habrían atendido hasta 1.000 pacientes al mes”.
Durante el turno político, la portavoz del PPN, Irene Royo, ha recordado que en septiembre había 15.352 personas en lista de espera en traumatología, con una media de 154 días. Ha calificado la situación de “preocupante e intolerable” y ha pedido soluciones dialogadas con los profesionales.
Desde UPN, Leticia San Martín ha destacado la alta cualificación del personal sanitario pero ha criticado que “no se puede acceder al sistema”. Ha tachado de “irresponsables” las declaraciones del consejero y ha reprochado la falta de autocrítica.
Por su parte, la socialista Maite Esporrín ha valorado la “visión realista” del departamento y ha animado a seguir mejorando resultados. Ha admitido que las palabras de Domínguez “no fueron acertadas”, aunque luego “las aclaró”.
El parlamentario de EH Bildu, Txomin González, ha reconocido el trabajo del jefe de servicio y ha señalado que parte de los problemas derivan de decisiones previas, como convertir Ubarmin en un hospital monográfico, lo que “aumentó los costes y la dificultad de coordinación”.
Finalmente, Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha puesto en valor que la ciudadanía navarra “confía en su sistema de salud público” y ha insistido en que el foco debe estar en mejorar la accesibilidad, especialmente en las primeras consultas.
