El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras que operan en la Comunidad foral. El tributo, aplicable en los ejercicios 2025 y 2026, permitirá recaudar unos 20 millones de euros y según el Gobierno de María Chivite, refuerza la autonomía fiscal de Navarra tras la creación de un impuesto estatal similar.
La norma ha salido adelante con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y el rechazo de UPN, PPN y Vox. El nuevo impuesto gravará los márgenes de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito, sucursales extranjeras y establecimientos financieros por su actividad en Navarra.
Según ha explicado el Gobierno de Navarra, la base imponible se calculará mediante estimación directa, salvo que deba aplicarse la estimación indirecta. El impuesto no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades ni en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha subrayado la “importancia” de este nuevo tributo para reforzar la autonomía fiscal y “disponer de un mayor margen para afrontar los retos de gasto público”. Arasti también ha valorado la coordinación con el Estado para su incorporación al Convenio Económico.
Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha considerado que “sería un iluso pensar que la banca no va a repercutir en los clientes” los 20 millones de euros previstos de recaudación. Ha admitido que el proceso “respeta la potestad tributaria” de Navarra, aunque ha criticado el fondo de la medida.
Por su parte, Ainhoa Unzu, portavoz del PSN, ha destacado que esta ley “profundiza en el régimen foral y el autogobierno” y ha defendido gravar los beneficios empresariales de la banca, una posición que, según ha dicho, “UPN evita apoyar”.
La parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, ha celebrado que Navarra “gestionará un impuesto más”, calificándolo como “una muy buena noticia” que “fortalece la autonomía fiscal”. Ha reafirmado el compromiso de su grupo con una “autonomía fiscal plena”.
Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha recordado que su grupo ya defendía la inclusión de este impuesto en el Convenio Económico, “algo que se logra ahora”, y ha lamentado que no se hiciera lo mismo con el impuesto a las energéticas.
La portavoz del PPN, Irene Royo, ha rechazado la medida argumentando que “subirá la presión fiscal”, dificultará “el acceso al crédito” y hará “más complicado ahorrar a las clases medias”.
El parlamentario de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha defendido el apoyo de su grupo al considerar que “la equidad fiscal es fundamental”, recordando que “los trabajadores pagan cuatro veces más impuestos que el capital y las grandes fortunas”.
Desde Vox, Emilio Jiménez ha criticado la ley como “otro sablazo fiscal” dentro de “una estructura de 17 comunidades, 8.000 municipios y demasiadas administraciones periféricas que necesitan estar cada vez mejor alimentadas”.
