Navarra no ha estrenado ahora el debate sobre la corrupción y el poder. La comunidad ya arrastraba una memoria política marcada por escándalos de los años 90 con protagonistas ligados al socialismo: el expresidente Gabriel Urralburu acabó condenado por cohecho en una causa vinculada al cobro de comisiones en obra pública, con sentencia firme del Supremo en 2001. Poco después, el también expresidente Javier Otano dimitió en 1996 tras estallar el caso que llevaba su nombre. Y en ese mismo ciclo se instaló otro apellido imposible de olvidar: Luis Roldán, que había sido delegado del Gobierno en Navarra antes de dirigir la Guardia Civil y terminó condenado a 31 años de cárcel por varios delitos, en uno de los mayores escándalos de corrupción de aquella década.
Ese pasado importa hoy por una razón: explica por qué, cuando estalla una presunta trama que vuelve a mezclar partido, contratación pública y empresa, el desgaste es más rápido y más profundo. Navarra no discute solo un sumario: discute una reincidencia moral.
En ese marco ha crecido la “derivada navarra” del caso que investiga la UCO. Y la fotografía que deja el sumario, a día de hoy, repite un patrón que incomoda al PSOE y al PSN: personas del entorno socialista, la empresa navarra Servinabar y una obra estratégica que lo concentra todo, Belate.
El punto de inflexión llegó el 30 de junio de 2025, cuando el Tribunal Supremo envió a Santos Cerdán a prisión provisional. El auto lo situó como figura clave en la presunta trama de mordidas vinculada a adjudicaciones y justificó la medida por el riesgo de destrucción de pruebas y la gravedad de los indicios.
Cerdán no era un nombre más. Era navarro, había mandado en la organización del PSOE y durante años fue un operador decisivo en el engranaje político del partido. No sólo en Madrid. En Navarra, ejerció como amigo personal de María Chivite y fue su euréntico mentor político. Que entrara en la cárcel colocó a Navarra en el centro del mapa y desactivó el relato del PSOE de que todo erán "bulos”.
En paralelo, el caso se ha ido clavando en Navarra por el papel atribuido a la empresa Servinabar, radicada en Navarra. Los investigadores la han descrito como una pieza útil para canalizar beneficios y articular relaciones con grandes adjudicatarias. Se estima que habría obtenido siete adjudicaciones junto a Acciona.
El contrato que lo enciende todo es el de los túneles de Belate. La duplicación se adjudicó por 62,8 millones de euros a una UTE en la que figura Servinabar, una cifra que en el debate político se ha repetido de forma constante al hablar del importe “con IVA” cercano a los 76 millones.
Aquí aparece el choque institucional más delicado. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) concluyó que la adjudicación era nula de pleno derecho por defectos esenciales del procedimiento, un dictamen que elevó el caso del terreno político al de la sospecha estructural sobre cómo se decide una obra pública clave.
El Gobierno de Navarra, por su parte, rechazó esa lectura. La presidenta María Chivite sostuvo que el informe no paralizaba las obras, defendió que la licitación fue “legal y transparente” y trató de separar “irregularidades administrativas” de "corrupción".
Ese pulso ha tenido un efecto claro: dos órganos observan el mismo expediente y llegan a conclusiones incompatibles. Y cuando una adjudicación de esta magnitud se discute en términos de nulidad, la confianza no se recupera con una frase; exige explicaciones verificables, responsables identificables y controles que funcionen antes, no después.
El caso se trasladó al Parlamento con la Comisión de Investigación sobre licitaciones y adjudicaciones en las últimas legislaturas. La propia comisión ha denunciado falta de documentación y retrasos en la entrega de información, un síntoma que alimenta la percepción de bloqueo en un asunto que exige luz y taquígrafos.
En esa comisión ha cobrado protagonismo el presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo, por discrepancias sobre su versión frente a la de otros miembros y por las dudas sobre cómo se condujo la valoración y deliberación. Se da la circunstancia de que Jesús Polo debería haberse jubilado antes de la adjudicación de las obras de Belate, pero que, pese a sus 72 años, una ley hecha 'ad hoc' por el PSN y aprobada junto a sus socios de gobierno posibilitó que continuara como presidente de la mesa
El golpe político más directo al PSN llegó el 18 de junio de 2025, pocos días después de que se filtrara el informe de la UCO que ponía en el disparadero a Santos Cerdán como presunto cabecilla de la trama de corrupción a Servinabar como conductora de las corruptelas. Ese día dimitió Ramón Alzórriz, entonces número dos del partido. Alzórriz reconoció que su pareja trabajó en Servinabar y que él contactó con el propietario para facilitar ese empleo, lo que dejó al PSN atrapado en la peor imagen posible: vínculos personales con la empresa investigada en plena tormenta.
La investigación a Servinabar ha revelado, además, que la empresa funcionaba como una especie de agencia de contratación socialista, porque además de la pareja de Alzórriz, habían estado en nómina, sin que conste trabajo alguno, buena parte de los familiares directos de Cerdán, su mujer, su hermana y su cuñado, así como el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, que fue detenido esta semana.
A la vez, la Cámara de Comptos entró en escena con una fiscalización solicitada al calor del caso. Su informe remitido al Parlamento revisó cinco contratos del sector público foral adjudicados a UTE con Acciona y Servinabar (y otra UTE con Acciona), avaló la legalidad general de los expedientes y, sin embargo, describió deficiencias formales y recomendaciones para reforzar controles.
En ese contexto, la investigación ha seguido ampliándose. La UCO pidió al Supremo incorporar formalmente el expediente de Belate al caso, para determinar si existieron conexiones económicas, contactos o favorecimientos que expliquen patrones de adjudicación.
Y la última sacudida ha llegado esta misma semana, con detenciones relacionadas conla fontanera del PSOE, Leire Díez, el empresario Joseba Antxón Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, una operación que ha vuelto a colocar a Navarra en la portada por el nexo con Servinabar y el círculo de relaciones investigado.
Todo esto explica por qué se repite que Navarra está “en el epicentro” de la presunta corrupción del PSOE. No porque la causa esté cerrada ni porque exista una condena sobre los hechos actuales, sino porque la parte navarra reúne los elementos que más erosionan la confianza pública: contratos emblemáticos, órganos que se contradicen, dimisiones por vínculos y un sumario que sigue creciendo alrededor de nombres ligados al PSN/PSOE
