El conflicto interno abierto en la Cámara de Comptos por el informe de las cuentas generales de Navarra de 2024 vuelve este lunes 30 de marzo al primer plano político. La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento tramitará la solicitud registrada por UPN para que comparezcan el presidente de la institución, Ignacio Cabeza, y el auditor ponente, Miguel Ángel Aurrecoechea, después de que el documento definitivo corrigiera o dejara fuera varias de las observaciones más comprometidas del borrador inicial.
La singularidad del caso no está solo en que se haya activado una cláusula de discrepancia, una herramienta prevista para dejar constancia del desacuerdo del auditor. Lo que ha disparado la polémica es que la desautorización de Presidencia haya recaído precisamente sobre los apartados más incómodos del informe. La propia Cámara sostuvo el 17 de marzo que el borrador contenía una “incorrecta aplicación de las normas de auditoría”, “interpretaciones jurídicas no fundamentadas” y afirmaciones sin evidencia suficiente, mientras que cuatro expresidentes de Comptos salieron el 27 de marzo en defensa de Cabeza y avalaron que el informe final se ajustó al criterio técnico de la institución.
El punto más sensible es Velate. UPN sostiene que resulta difícil entender que el presidente corrigiera al auditor justo en el expediente más explosivo, porque el propio borrador advertía de que una resolución de Obras Públicas aprobó de forma implícita una modificación del proyecto “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, y añadía que partidas por al menos 7,54 millones de euros no respondían a circunstancias imprevisibles. No se trata además de un asunto menor en el debate navarro: el Parlamento creó en junio de 2025 una comisión de investigación sobre licitaciones y adjudicaciones de obras públicas ligadas a la causa especial del Supremo, y Velate ha sido uno de los expedientes centrales de esa comisión.
La segunda gran discrepancia afecta al entramado de sociedades públicas. El auditor defendió que había duplicidad entre el Instituto Navarro de Inversiones y Sodena, hasta el punto de sostener que “todas las actividades del INI las puede desarrollar Sodena”. También propuso disolver Nafarbide, a la que definió como una “intermediación innecesaria” entre la Administración foral y el mercado. Esas conclusiones desaparecieron del texto final después de que Cabeza las considerara juicios personales impropios de un informe de auditoría.
Otro de los choques más políticos se produjo con las subvenciones nominativas. El auditor alertó del “uso y abuso” de estas ayudas en los Presupuestos de Navarra, al entender que se estaban empleando “sin causa que lo justifique” y con un posible impacto sobre los principios de igualdad y no discriminación entre beneficiarios, en especial entre entidades locales. UPN ha subrayado precisamente ese punto para sostener que no se trataba de un matiz técnico menor, sino de una advertencia de fondo sobre una forma de repartir fondos públicos que afecta de lleno a la acción política del Gobierno foral.
Con ese contexto, la iniciativa que llega este lunes al Parlamento busca poner el foco menos en una discusión interna de despacho y más en una anomalía institucional: que el presidente de Comptos corrigiera a su auditor no en cuestiones accesorias, sino en los apartados que golpeaban de forma más directa a la gestión del Gobierno de María Chivite. UPN ya ha dejado por escrito su “sorpresa” y su “preocupación” y sostiene que no conoce precedentes de una corrección “tan flagrante”, mientras que la Cámara insiste en que lo que hizo fue depurar un borrador que no podía sostenerse sin pruebas suficientes. Ese choque entre ambas versiones es el que ahora salta del informe al Parlamento.
