Tanto UGT como CCOO observan las próximas elecciones forales desde el punto de vista laboral.
UGT ha remitido a los partidos y coaliciones que se presentan a las elecciones al Parlamento foral una propuesta para lograr un pacto social en Navarra que "sitúe a las personas como prioridad de las políticas públicas".
En un comunicado, el sindicato ha realizado un balance "ambivalente" de la situación socioeconómica de Navarra, ya que, a su juicio, "seis años de crecimiento económico continuado no se han traducido en una mejora de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, que han seguido sufriendo el impacto de los recortes puestos en marcha en 2010, la devaluación salarial y una elevado precariedad laboral, que se han traducido en altas tasas de pobreza y una creciente desigualdad".
UGT ha reconocido que "la apuesta del actual Gobierno foral por la protección social ha permitido mitigar en parte estos recortes y los efectos de la crisis", pero ha criticado "la desactivación del diálogo social y la decisión de no aprobar un nuevo Plan de Empleo, sobre el que había un amplio consenso social, político y parlamentario".
En su opinión, esto "ha impedido que las políticas públicas contribuyeran de manera más acentuada al crecimiento económico, a la creación de empleo de calidad y a la lucha contra la precariedad y la desigualdad existentes en nuestro mercado de trabajo".
Para "revertir" esta situación, el sindicato ha apostado por "impulsar un pacto social en Navarra, que posibilite la creación de empleo de calidad, con seguridad y con garantías para la salud de los trabajadores y en condiciones de igualdad tanto en el acceso como en el desempeño del puesto de trabajo, acabando con cualquier tipo de discriminación por razones de género, edad o lugar de procedencia".
Como condición para lograr este objetivo, "vinculado a un desarrollo económico sostenido y respetuoso con el medio natural", UGT ha planteado que dicho pacto social "aúne esfuerzos para lograr un nuevo modelo productivo, asentado en un potente sector industrial, innovador, digitalizado y con más inversión en I+D+i, que debe ir acompañado de una política energética adecuada y eficiente".
También ha defendido el sindicato "la culminación de infraestructuras estratégicas para el desarrollo de Navarra, como el Canal y el Tren de Altas Prestaciones; unos servicios públicos de calidad, con especial atención a la educación y la sanidad, que contribuyan a la redistribución de la riqueza; y la ampliación de la protección social en materia de vivienda, atención a la dependencia, Renta Básica y lucha contra la pobreza".
Según ha expuesto UGT, para abordar "el incremento de gasto social que implican estas propuestas y la reversión de los recortes sociales", es "necesario" desarrollar "una política fiscal más justa y progresiva, que reequilibre el esfuerzo tributario entre las rentas del trabajo y las del capital, así como reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida".
Por último, el sindicato ha planteado para esta nueva legislatura la "recuperación" del diálogo social y la "reactivación" del Consejo de Diálogo Social, como "ámbito de debate, negociación y acuerdo sobre las políticas económicas y sociales; articular la participación real, no meramente formal, de las organizaciones sindicales en el ámbito institucional; y restaurar las condiciones de participación y cogestión que inspiraron la creación del Servicio Navarro de Empleo".
El sindicato ha instado a los grupos políticos a que incluyan estas propuestas en sus programas electorales y hace un llamamiento a los trabajadores a "votar a las fuerza políticas que se comprometan a llevarlas a cabo".
DECÁLOGO DE MEDIDAS
CCOO, por su parte, ha hecho llegar a los partidos políticos de Navarra un decálogo con medidas ante la siniestralidad laboral ya que, ha señalado, la Comunidad foral "es donde más crece el índice de incidencia de accidentes, incluso por encima del aumento de la población ocupada de Navarra".
Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CCOO, ha destacado en un comunicado que "en 2018 hubo un total de 9.782 accidentes. De ellos 70 fueron graves y 10 mortales".
"Estos números, todas estas personas afectadas, simbolizan la magnitud del problema. Por eso merece la pena que en las agendas de los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales y forales, este asunto ocupe un lugar destacado", ha subrayado.
En opinión de Sesma, "las decisiones políticas tienen una incidencia directa e inmediata en el incremento de los accidentes de trabajo".
"En Navarra, por ejemplo, se perciben dos picos de crecimiento; en 2012 cuando empezaron a notarse los efectos de las reformas laborales aprobadas y en 2015 cuando los recortes en esta materia afectaron a la prevención y al trabajo en el centro de trabajo, tendencia al alza que ha ido a más en los últimos años", ha señalado.
Por el contrario, ha destacado que "a partir de 1999, momento en el que se empiezan a notar los efectos de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, comienza una etapa de fuerte descenso del índice de incidencia, tendencia que se para en seco en 2012".
"En Navarra, por ejemplo, pasamos de tener un índice de incidencia (accidentes de trabajo por cada 10.000 trabajadores) en 1999 de 812, a tener un índice de 281 en el año 2012", ha explicado.
"Sin duda una precariedad creciente, cierto relajo de la cultura preventiva por parte de instituciones y empresarios y nuevos riesgos laborales emergentes harán que, si no tomamos medidas, la siniestralidad vaya a más", ha afirmado.
"De hecho, un informe elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra venía a confirmar que la eventualidad y la alta rotación eran un factor determinante y generador de accidentes de trabajo", ha resaltado Sesma que ha indicado que "uno de cada cuatro accidentes de trabajo registrados en 2017 afectaron a personas con menos de seis meses en su puesto de trabajo", añade.
El decálogo elaborado por CCOO propone el "blindaje" de las partidas relativas a salud laboral y la prevención; "recuperar la iniciativa pública"; o usar lo recaudado vía sanciones por incumplimiento de la Ley de Prevención y publicar "los nombres de las empresas sancionadas por no poner en marcha medidas de prevención".
Asimismo, el sindicato reivindica cambios en el sistema de notificación y registro de enfermedades para que "deje de depender de las mismas entidades obligadas a la reparación del daño, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social".
Además, pide al Gobierno de Navarra que realice un "análisis de las enfermedades más comunes entre su plantilla, para poder actuar de forma preventiva sobre las mismas".
Otras medidas del decálogo piden la eliminación del amianto en edificios públicos, cambiar la forma de calificar los accidentes de trabajo, incrementar el número de inspectores y subinspectores de Trabajo y "reforzar" su formación; así como "el fortalecimiento de los organismos institucionales".
