El sindicato policial defiende que los encuentros de alto riesgo, como el Osasuna-Real Madrid en Pamplona, dependen del Estado y no pueden ser asumidos por la Policía Foral.
El SUP ha afirmado este 26 de febrero de 2026 que la seguridad en partidos de Primera División es competencia exclusiva de la Policía Nacional. El sindicato ha defendido que estos encuentros no dependen de la titularidad del estadio ni de las competencias autonómicas en espectáculos públicos, sino que forman parte de la seguridad pública de carácter estatal.
La declaración del Sindicato Unificado de Policía en Navarra ha llegado tras el debate abierto esta semana sobre quién debe asumir la seguridad en el estadio de Estadio El Sadar. Varias formaciones políticas habían planteado que la Policía Foral asumiera ese papel después de los incidentes registrados el sábado tras el partido entre CA Osasuna y el Real Madrid en Pamplona.
El SUP ha subrayado que los partidos de Primera División están catalogados como eventos deportivos de alto riesgo según la normativa estatal de prevención de la violencia en el deporte. Por ello, ha explicado que el modelo de seguridad aplicable viene determinado directamente por esa legislación.
El sindicato ha insistido en que no se trata solo de garantizar el acceso o el desarrollo ordinario de un espectáculo público. Según ha señalado, el objetivo es prevenir alteraciones graves del orden público derivadas de desplazamientos masivos de aficionados, rivalidades de alta intensidad y la presencia de grupos violentos organizados.
En este sentido, el SUP ha recordado que la planificación, dirección y ejecución de los dispositivos se rigen por legislación estatal y por los acuerdos adoptados en las Juntas de Seguridad. En esos foros, ha indicado, se establece una distribución clara de funciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas, correspondiendo a la Policía Nacional la responsabilidad principal en materia de orden público.
Además, el sindicato ha afirmado que la titularidad del recinto deportivo no altera esta realidad jurídica ni operativa. A su juicio, los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en el estadio pamplonés han evidenciado la naturaleza real de los riesgos asociados a este tipo de encuentros.
Según el SUP, los altercados se produjeron tras el ataque de grupos ultras contra miembros de la seguridad privada contratada por el club. Esa situación, ha señalado, generó una grave alteración del orden público que obligó a intervenir a la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional para restablecer la seguridad.
El sindicato ha defendido que uno de los elementos clave que justifican este marco competencial es la existencia de grupos ultras vinculados al fútbol profesional cuya actividad trasciende el ámbito territorial de cualquier comunidad autónoma. La Policía Nacional, ha añadido, dispone de unidades especializadas en información e inteligencia para el seguimiento y control de estos grupos a nivel nacional.
Ese trabajo, según el SUP, permite anticipar riesgos, identificar desplazamientos organizados y prevenir incidentes antes de que se produzcan. Especialmente en partidos frente a clubes de gran proyección, donde confluyen aficionados procedentes de múltiples comunidades, la gestión del riesgo exige coordinación nacional.
El sindicato ha aclarado que no cuestiona la profesionalidad ni la experiencia de la Policía Foral. Sin embargo, ha advertido de que la disponibilidad de medios no implica la atribución automática de competencias que el ordenamiento jurídico reserva al Estado.
También ha considerado preocupante que el debate se plantee como una cuestión meramente técnica. A su juicio, implica una reinterpretación del reparto competencial establecido por la Constitución y la legislación estatal.
El SUP ha concluido que ni el Gobierno de Navarra ni el propio club pueden redefinir por la vía de los hechos competencias en materia de seguridad pública. Ha defendido que el modelo actual se basa en la cooperación y coordinación entre cuerpos policiales, no en la sustitución unilateral de funciones.
