La Fiscalía de Navarra ha solicitado la apertura de juicio oral contra seis personas por los disturbios ocurridos durante la procesión de San Fermín del 7 de julio de 2022 en Pamplona, unos incidentes que, según el Ministerio Fiscal, tuvieron un claro trasfondo ideológico contra el entonces alcalde Enrique Maya (UPN) y varios miembros de la corporación municipal, así como contra agentes de la Policía Municipal que participaban en el dispositivo de seguridad.
Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron en la calle Curia, una de las zonas más concurridas del recorrido, cuando un grupo de personas comenzó a insultar y amenazar a los ediles del Ayuntamiento al paso de la comitiva municipal y eclesiástica. Algunos de ellos portaban carteles con lemas como “Bizi nahi dugu” (“Queremos vivir”) y “Opus gabeko Nafarroan” (“Una Navarra sin Opus”), mientras gritaban consignas como “UPN kanpora” (“Fuera UPN”) o “Asiron aurrera” (“Adelante Asiron”), además de insultos hacia el clero. La Fiscalía describe una situación de “pánico, temor y violencia” al intentar los acusados romper el cordón policial que protegía al alcalde y a los concejales.
Durante el avance de la procesión, los acusados habrían empujado, golpeado y lanzado objetos contra los agentes y los ediles. El escrito detalla que uno de ellos arrojó líquido y un vaso en dirección al alcalde, otro golpeó al jefe de la Policía Municipal, y varios empujaron y agredieron a agentes uniformados y de paisano, llegando a causar lesiones de diversa consideración.
Entre las heridas recogidas figuran una fractura nasal a un policía, hematomas, contusiones y dolores musculares que derivaron en bajas médicas y tratamientos quirúrgicos. En uno de los casos, la víctima necesitó una rinoseptoplastia y tuvo 157 días de recuperación, con 121 días de pérdida moderada de calidad de vida y una secuelas respiratorias y estéticas valoradas en seis puntos.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de desórdenes públicos (artículo 557 del Código Penal), varios delitos de atentado contra la autoridad o sus agentes (artículo 550) y delitos o delitos leves de lesiones (artículo 147).
Además, aplica a todos los acusados la agravante de discriminación por motivos ideológicos, al entender que la violencia estuvo motivada por su rechazo a la ideología y pertenencia al partido UPN de los cargos municipales. Para uno de los procesados, la Fiscalía aprecia una atenuante de trastorno mental, al presentar un trastorno límite de la personalidad con afectación moderada de sus facultades.
En su escrito, la Fiscalía pide penas de entre seis y ocho años de prisión según el grado de participación de cada acusado, así como multas económicas de tres a cinco meses, costas procesales y la prohibición de acudir a disfrutar de las fiestas de San Fermín durante cinco años.
También solicita la indemnización a los agentes y al Ayuntamiento de Pamplona por los daños ocasionados. En concreto, reclama 19.311 euros para un policía municipal que sufrió fractura nasal y tuvo que ser operado; 10 euros al Ayuntamiento por gastos de tintorería derivados de un uniforme dañado; y 125 y 945 euros a otros tres agentes por los días de convalecencia. Además, uno de los acusados deberá indemnizar al comisario 209 de la Policía Municipal en la cantidad que se determine en el juicio.
El escrito detalla asimismo la práctica de diligencias de prueba que incluyen el interrogatorio de los seis acusados, la declaración del exalcalde Enrique Maya, de concejales de UPN y PSN, y de varios agentes lesionados y testigos protegidos, así como la reproducción de vídeos de la Policía Nacional y Municipal y las periciales médicas y psicológicas sobre las lesiones y el estado mental de uno de los procesados.
