José Mª Aierdi, consejero navarro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha firmado junto a otros 13 responsables autonómicos una carta dirigida a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, solicitando una reunión urgente para abordar el envío del informe sexenal sobre el estado de los hábitats y especies protegidas en España, entre ellas el lobo.
Los firmantes denuncian que el documento que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) pretende remitir a la Comisión Europea no ha sido aprobado en Conferencia Sectorial, un trámite que consideran obligatorio por ley.
La carta, difundida este sábado 2 de agosto por el Gobierno de Cantabria, pone el foco en una “insólita situación” que, según los consejeros, quiebra el Estado de Derecho al ignorar la participación de las comunidades en una cuestión clave de competencia compartida. El informe debía enviarse a Bruselas con fecha límite del 31 de julio.
Según explican, la Ley de desperdicio alimentario establece que dicho informe debe contar con el aval de la mayoría de las Comunidades Autónomas antes de su remisión. En ese contexto, el pasado 10 de julio se celebró una reunión técnica con directores generales autonómicos, en la que una mayoría muy amplia respaldó un informe que considera “favorable” el estado de conservación del lobo en España.
Posteriormente, el Ministerio convocó una Conferencia Sectorial con los consejeros para el 22 de julio, donde se iba a votar el informe definitivo sobre el lobo y otras especies, además de abordar otros nueve puntos en el orden del día. Sin embargo, dicha reunión fue cancelada de forma unilateral por el MITECO el día 17, alegando como motivo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la mencionada ley por parte del Defensor del Pueblo. Para los consejeros, esa causa no justifica en absoluto la suspensión.
Tras la cancelación, varias comunidades pidieron una convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial los días 21 y 24 de julio, apoyándose en el artículo 12 de su reglamento interno, que permite reuniones urgentes cuando se requiere tratar temas críticos. No obstante, la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen les trasladó, el 29 de julio, que no convocaría la reunión.
Los consejeros advierten que el Ejecutivo central piensa enviar igualmente el informe a Bruselas sin haberlo sometido a votación en la Conferencia Sectorial, lo que califican como “deslealtad institucional insostenible” y una vulneración “flagrante” de sus derechos.
En su escrito a la comisaria Roswall, las 14 comunidades firmantes —Cantabria, Galicia, Andalucía, Asturias, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla— reiteran que se sienten profundamente indefensas y apelan a las instituciones europeas ante lo que consideran una actuación irregular del Gobierno español.
