La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha mostrado su preocupación ante la falta de incremento en los Presupuestos Generales de Navarra para el próximo 2023 en lo que refiere a los proyectos de intervención social subvencionados con la modalidad del 0,7 % de IRPF. La Red lamenta que, al contrario de lo que sucedió en los presupuestos de 2022, para el año próximo no vaya a haber incremento.
El desarrollo de estos programas es esencial para dar acompañamiento y cobertura a las personas en situaciones más desfavorecidas tal y como ha destacado Myriam Gómez García, vicepresidenta de la Red, y como ya trasladaron a los Grupos Parlamentarios. Además, ha querido marcar el carácter urgente del fortalecimiento de las garantías sociales dado el incremento de personas en riesgo de pobreza.
La tasa AROPE, recogida el pasado mes de junio, arrojaba que más de 95.500 personas se encuentran en situación de exclusión social y/o pobreza en Navarra, lo que supone un incremento de 20.000 personas más solamente en el último año. Advierten que dada la actual situación de inflación y crisis los datos tenderán a empeorar si no se actúa con determinación para frenarla.
Al incremento de los gastos que hacen frente las entidades que desarrollan estos proyectos sociales se le suma la presión por el aumento en el número de atenciones. Por todas estas causas, alude al Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra y a los Grupos Parlamentarios que componen el Parlamento de Navarra a reforzar las garantías sociales con un aumento del 20% del presupuesto destinado a los proyectos de intervención social subvencionados con la modalidad del 0,7 % de IRPF, “porque si no, será muy complicado hacer frente a la crisis”.
Reconocen “la voluntad de Gobierno de Navarra en la inversión social, pero las circunstancias actuales exigen un mayor impulso. Todavía hay una última oportunidad para realizar este refuerzo necesario mediante las próximas enmiendas in voce, que animamos a los Grupos Parlamentario a que la aprovechen. La ciudadanía ya ha declarado su voluntad marcando la casilla de fines sociales, ahora toca el turno de la voluntad política”. Creen que esta mayor inversión desde la administración es totalmente necesaria para asegurar las actividades y programas desarrollados, y de esta manera garantizar esos servicios que acompañen en el camino a la inclusión a las personas que por diferentes circunstancias lo necesiten.
