La presidenta de UPN denuncia que la medida se ha aprobado sin consenso, sin recursos suficientes y sin contar de verdad con las comunidades autónomas.
El decreto de regularización extraordinaria de migrantes ha llevado a la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, a cargar contra la política migratoria del Gobierno central. La dirigente regionalista ha asegurado que la medida, publicada este miércoles en el BOE, supone en realidad “el reconocimiento del fracaso estructural” de una estrategia que, a su juicio, ha llegado tarde y sin una planificación de fondo.
Ibarrola ha defendido que el problema no es solo la regularización extraordinaria, sino la forma en la que se ha aprobado. En su opinión, se trata de la consecuencia de “años de improvisación”, sin acuerdos de retorno eficaces, sin inversión suficiente en integración y sin una red real de acogida que permita responder con estabilidad a la situación.
La presidenta de UPN ha calificado este decreto como un “parche” y ha advertido de que no ofrece una salida duradera. Según ha explicado, el Ejecutivo ha acabado recurriendo a una medida de urgencia por el aumento de personas en situación irregular, pero sin consenso político, sin recursos añadidos y sin una solución clara para los próximos años.
Además, Ibarrola ha puesto el foco en lo que ocurrirá una vez termine el plazo fijado para acogerse al proceso. Ha recordado que el 30 de junio concluye el periodo para solicitar estas autorizaciones para quienes cumplan los requisitos y se ha preguntado qué pasará con las personas que hayan llegado desde el 1 de enero de 2026 o lo hagan después. A su entender, eso evidencia que el decreto de regularización no resuelve el problema, sino que puede aplazarlo.
La líder regionalista también ha lamentado que la decisión se haya tomado sin contar de forma efectiva con las comunidades autónomas. Ha subrayado que son los territorios los que gestionan ámbitos como la integración, los servicios sociales o la escolarización, y ha advertido de que Navarra tendrá que asumir parte de las consecuencias de una medida en cuya elaboración, ha dicho, no ha sido realmente escuchada.
En este sentido, ha considerado incomprensible que no se haya valorado con más detalle el impacto que la regularización extraordinaria puede tener en sistemas ya tensionados como la sanidad o la vivienda. Para Ibarrola, esa forma de actuar no responde a una cogobernanza real, sino a una imposición desde el Ejecutivo central que repercutirá también en Navarra.
A ello ha sumado la situación de las propias oficinas de Extranjería, que, según ha denunciado, están ya al límite. Ibarrola ha señalado que los trabajadores se encuentran en huelga y que la concentración de plazos podría provocar un mayor colapso administrativo justo en plena tramitación del proceso.
También ha expresado dudas sobre los requisitos fijados para acogerse a la medida. La presidenta de UPN ha cuestionado si cinco meses de estancia en España son suficientes para acreditar integración y ha mostrado reparos ante conceptos, a su juicio, demasiado abiertos como el de “vulnerabilidad”, al entender que pueden generar falta de claridad en la aplicación del decreto.
En esa línea, ha advertido de que, sin criterios exigentes y bien definidos, la medida podría perder rigor. Ibarrola ha añadido que el propio Consejo de Estado ya ha advertido de riesgos en este proceso y ha insistido en que España necesita una inmigración “ordenada, con control y con garantías”, alejada de decisiones improvisadas.
Por todo ello, la dirigente foralista ha reclamado un gran pacto de Estado en materia migratoria en el que participen fuerzas políticas, agentes sociales y comunidades autónomas. A su juicio, ese acuerdo debería abordar cuestiones como los retornos, la gestión de flujos, la integración efectiva y la dotación de recursos para los territorios que afrontan esta realidad en primera línea.
Ibarrola ha defendido que la inmigración es un fenómeno complejo, con dimensiones humanitarias, económicas y sociales que exigen una política seria y estable. Por eso, ha rechazado que se gobierne mediante decretos de urgencia aprobados en solitario y ha acusado al Ejecutivo de actuar más pendiente de las encuestas que de una planificación duradera.
