Un grupo de familias navarras adjudicatarias de vivienda protegida ha denunciado públicamente el caos y la falta de transparencia en el proyecto de VPO de Maristas, en el Segundo Ensanche de Pamplona, gestionado por la empresa privada Arrasate, a la que acusan de haber impuesto su criterio en contra del interés general.
Lo que comenzó como un proyecto ilusionante se ha convertido, según relatan, en una pesadilla marcada por la incertidumbre y los sobrecostes. Aseguran que Arrasate ha actuado sin el debido consenso, amparándose en su influencia para defender unos presupuestos que no han sido explicados ni aprobados de forma colectiva.
En una reciente reunión con los socios cooperativistas, lejos de aclarar dudas, se agudizó el malestar entre los afectados. Algunos adjudicatarios cercanos a la gestora actuaron como portavoces de la empresa, sin que se dieran respuestas claras sobre los costes ni los criterios técnicos que los respaldan.
En medio de la controversia, Nasuvinsa ha anunciado que revisará los presupuestos, lo que ha sido recibido como una pequeña esperanza. Las familias exigen que Obenasa y el resto de agentes implicados paralicen cualquier avance hasta que concluya esa revisión técnica. Aseguran que continuar ahora sería una irresponsabilidad que podría obligarles a asumir costes desproporcionados e injustos.
“¿Qué cuesta esperar unas semanas más para hacer las cosas bien?”, se preguntan los afectados, que aseguran haber tenido conocimiento de múltiples irregularidades en febrero, sin tiempo ni medios para reaccionar con garantías.
Entre las principales quejas, denuncian que se otorgó un “derecho de tanteo” a espaldas de la cooperativa, lo que impidió que otras constructoras pudieran presentar sus ofertas. Esto, afirman, dejó vía libre a Obenasa, que no ha tenido competencia real. Algunos adjudicatarios ya están explorando alternativas con empresas que garanticen transparencia y equidad.
“No aceptamos que una gestora privada, que ha actuado como promotora, venga a Navarra a marcar el precio de la vivienda protegida”, han lamentado. Temen que, si las instituciones no actúan con firmeza, se cree un precedente injusto que afecte a futuros proyectos de vivienda pública.
El colectivo de familias insiste en que las decisiones tomadas bajo presión y miedo conducen a errores irreparables. Por eso, hacen un llamamiento a las administraciones para que intervengan y eviten que este conflicto desemboque en un grave perjuicio para los hogares implicados.
"Este es su grito de auxilio. Porque lo que está en juego no es solo un piso: es el futuro de decenas de hogares", concluyen.
