SOCIEDAD
Guerra sindical en la Policía Nacional en Navarra: acusan de causar "daño reputacional grave" contra una comisaria
JUPOL exige a la SUP una "rectificación" tras un comunicado con motivo de una condena por mala praxis policial
El sindicato JUPOL en Navarra ha exigido al SUP una “retractación y rectificación inmediata, expresa e inequívoca” tras lo que considera un señalamiento público injustificado contra la responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial, afiliada a JUPOL.
La organización ha denunciado que la difusión de comunicados y manifestaciones ha tenido un impacto “directo y grave” sobre el honor y la reputación profesional de la comisaria dentro del Cuerpo Nacional de Policía.
El pronunciamiento llega después de que el SUP solicitara el cese de esta jefa policial. En su última nota, el sindicato explicó que su petición se basaba “exclusivamente en criterios de responsabilidad institucional” tras la condena a España dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una mala praxis policial en la investigación de una doble agresión sexual por sumisión química registrada en Pamplona en 2016.
Desde JUPOL se ha considerado “inadmisible” que, ante un asunto de esta gravedad, se haya modificado el enfoque de las acusaciones “de lo penal a lo disciplinario y posteriormente a una difusa responsabilidad institucional”. A su juicio, no se ha asumido el error ni se ha reparado de forma efectiva el daño causado.
“No basta con cambiar el rótulo del reproche; el perjuicio ya está hecho”, han indicado. También han advertido de que una rectificación “ambigua, parcial o meramente retórica” no repara el daño, sino que lo prolonga en el tiempo.
El sindicato ha reclamado que la retractación se produzca con la misma relevancia y difusión que las manifestaciones originales. Además, ha pedido la retirada inmediata de cualquier contenido que considere lesivo y el compromiso de cesar en insinuaciones no sustentadas en hechos ciertos y contrastados.
JUPOL ha rechazado “frontalmente” que tensiones internas o disputas orgánicas puedan traducirse en ataques personales y profesionales contra una funcionaria concreta, y más aún contra una afiliada de la organización.
El abogado director de la estrategia jurídica del caso, Eduardo Antonio Ortega Noguero, ha advertido de que la libertad de expresión sindical no ampara el señalamiento injusto ni la difusión de imputaciones sin base objetiva. Ha añadido que, si el SUP no rectifica “de inmediato en términos claros, verificables y eficaces”, se activarán las acciones necesarias para lograr la cesación de la intromisión y la reparación íntegra del daño, sin descartar ninguna vía legal.
Por último, JUPOL ha reiterado su “apoyo total y sin fisuras” a la comisaria y ha confirmado que ya se ha activado el dispositivo jurídico e institucional para frenar el daño reputacional y restablecer la verdad de los hechos. Según ha señalado, su prioridad es proteger a sus delegados y afiliados y salvaguardar la integridad del servicio público frente a campañas que considera carentes de rigor.