La persona afectada, que ha pedido ocultar su identidad, denuncia que el Gobierno de Navarra ha ignorado sus necesidades de movilidad durante meses y que ni siquiera la intervención del Defensor del Pueblo ha conseguido agilizar su expediente.
Casi dos años de espera, una discapacidad que ha ido empeorando y una Administración que no ofrece soluciones. Es la situación que denuncia una persona residente en Pamplona después de pasar cerca de dos años pendiente de una nueva valoración de su discapacidad por parte del Gobierno de Navarra. Una espera que ha condicionado su vida cotidiana y que ni siquiera la intervención del Defensor del Pueblo de Navarra ha conseguido resolver.
Su historia ha llegado a Navarra.com después de que este periódico publicara recientemente el caso de otra persona afectada por los retrasos en las valoraciones de discapacidad. Aquella información ha provocado que nuevos ciudadanos se hayan puesto en contacto con la redacción para relatar situaciones similares. Entre ellas, también se ha conocido otro caso en el que la resolución de una valoración ha tardado algo más de dos años.
Raquel es el nombre ficticio que utilizaremos para proteger la identidad de la persona protagonista de este nuevo caso. El afectado ha solicitado expresamente mantener su anonimato por temor a que su denuncia pública pueda perjudicarle en sus gestiones con la Administración. Por ese motivo, se han modificado el nombre y algunas referencias personales y se han omitido fechas concretas, sin alterar los hechos denunciados, que este periódico ha podido contrastar con documentación oficial.
La persona afectada ya tenía reconocida una discapacidad superior al 33%, pero el empeoramiento de su estado de salud le llevó a solicitar hace meses una nueva valoración. Sus problemas de movilidad se habían agravado y necesitaba utilizar muletas para desplazarse. A esta situación se han ido añadiendo nuevas dolencias que han complicado todavía más su autonomía.
Sin embargo, esa solicitud de revisión se ha convertido en una larga espera. Meses sin respuesta que se han traducido en un empeoramiento de su calidad de vida. Durante este tiempo, ha contactado en varias ocasiones con los servicios responsables de las valoraciones de discapacidad del Gobierno de Navarra. Según explica, la respuesta que ha recibido ha sido siempre muy parecida: existe una lista de espera considerable, falta personal, y los plazos pueden alcanzar los 24 meses.
"Me decían que tenían una larga lista de espera y que tranquilamente había que esperar 24 meses", relata. Una explicación que considera inaceptable, especialmente porque su solicitud no pretendía obtener un reconocimiento inicial, sino revisar una discapacidad ya acreditada debido al empeoramiento de su salud.
"Si tú debes dinero a Hacienda y te pasas un día, te atizan. Aquí se pasan seis meses más y no pasa nada", lamenta, al comparar las obligaciones que la Administración exige a los ciudadanos con los retrasos que se producen cuando es ella quien debe prestar un servicio.
Pero las consecuencias de esta espera no son únicamente administrativas. En su caso, la falta de una nueva valoración está dificultando que pueda obtener el reconocimiento de movilidad reducida que necesita para solicitar la correspondiente tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
Algo tan cotidiano como hacer la compra se ha convertido en un problema. Sus limitaciones físicas le impiden caminar grandes distancias y, por ello, necesita aparcar cerca de los establecimientos a los que acude.
"Yo tengo que hacer prácticamente la compra online para que me la traigan a casa", explica. El problema aparece cuando necesita desplazarse personalmente hasta un supermercado y no encuentra un lugar donde estacionar cerca de la entrada.
Cuenta que recorrer la distancia desde el coche hasta el establecimiento, hacer la compra y regresar cargando con las bolsas supone un esfuerzo que, debido a sus problemas de movilidad, muchas veces no puede realizar.
"La perjudicada soy yo. Tengo que buscarme la vida entre mi familia y yo", denuncia. La persona afectada por este retraso explica que la ausencia de una respuesta administrativa termina trasladando las consecuencias del retraso a las propias personas con discapacidad y a sus familiares, que deben buscar alternativas por su cuenta.
La situación le ha llevado a recurrir también al Defensor del Pueblo de Navarra, dirigido por Patxi Vera. Después de comprobar que su solicitud seguía sin resolverse, presentó una queja formal contra la actuación del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra.
La institución admitió su reclamación, solicitó explicaciones al Ejecutivo foral y posteriormente formuló un recordatorio de deberes legales y una recomendación para que se atendiera su solicitud de revisión lo antes posible.
Sin embargo, la respuesta del Departamento de Derechos Sociales no ofreció ninguna solución concreta para este expediente. El Gobierno aseguró que aceptaba el recordatorio de atender las solicitudes en tiempo y forma y que continuaba trabajando para reducir las listas de espera.
Respecto a la situación de la persona afectada, la contestación oficial se limitó a señalar que sería citada para la valoración de su discapacidad cuando le correspondiera por fecha de solicitud.
El Defensor del Pueblo no ocultó su malestar ante esta respuesta. En una comunicación oficial a la que ha tenido acceso Navarra.com, Patxi Vera reconoció que no podía concluirse que la Administración hubiera adoptado una actitud o una medida favorable para solucionar el problema.
La institución terminó dando por finalizada su intervención al considerar que no podía conseguir una solución favorable para el reclamante. Además, anunció que el expediente sería incorporado al informe anual que dirige al Parlamento de Navarra.
Para la persona afectada, esta actuación ha demostrado las limitaciones de un organismo cuyas recomendaciones no son de obligado cumplimiento para las administraciones públicas.
"No es de obligado cumplimiento, con lo cual da igual", lamenta al explicar su decepción con el resultado. Considera que, aunque el Defensor del Pueblo pueda reconocer que una Administración no está actuando adecuadamente, esa intervención no garantiza que el problema se resuelva.
También cuestiona las consecuencias de estos retrasos para quienes llevan meses esperando una decisión que puede resultar fundamental para su autonomía. "¿Quién me indemniza los dos años que he ido esperando por esto? Nadie", se pregunta.
Durante la entrevista, insiste en que su denuncia no pretende despertar compasión, sino poner de manifiesto un problema que puede afectar a cualquier ciudadano. "Yo no voy dando lástima, pero sí intento luchar por mis derechos que me corresponden", asegura.
La persona afectada también considera que las largas esperas pueden tener consecuencias muy diferentes dependiendo de la situación económica y personal de cada solicitante. Recuerda que el reconocimiento oficial de una discapacidad puede condicionar el acceso a determinadas ayudas, beneficios fiscales, opciones de empleo, formación o recursos públicos.
En su caso, el principal problema es la movilidad, pero advierte de que otras personas pueden necesitar esa resolución para acceder a servicios que resultan esenciales en su vida diaria.
A su juicio, la falta de personal que le han trasladado como explicación de los retrasos tampoco puede servir para justificar esperas de semejante duración. "Es que estamos a falta de personal. Perdona, ese no es mi problema", comenta muy contrariada.
Su crítica se extiende a la ausencia de soluciones estructurales para reducir los tiempos de espera. Sostiene que las personas con discapacidad y sus familias terminan asumiendo una carga que debería evitarse mediante una gestión más ágil.
Además, lamenta que este problema no genere una mayor movilización social y que muchas personas afectadas prefieran guardar silencio, incluso cuando consideran que sus derechos no están siendo atendidos.
"Es un problema que va a repercutir en toda la gente el día de mañana", advierte, recordando que el envejecimiento, las enfermedades o los accidentes pueden hacer que cualquier persona necesite en algún momento de su vida una valoración de discapacidad o dependencia para ella misma o para algún familiar.
Ahora espera que su denuncia pública sirva para llamar la atención sobre una situación que, como han demostrado los nuevos testimonios recibidos por este periódico, no se limita a un único expediente.
"Actualmente yo no tengo soluciones", resume, antes de reclamar que los responsables políticos, independientemente de su partido, se preocupen por ofrecer respuestas reales a quienes necesitan estos servicios.
