El Gobierno de María Chivite se quiere negar a apoyar una iniciativa para publicar de forma periódica el origen de las personas detenidas en Navarra. La negativa ha llegado después de que hayan trascendido datos de detenciones en Navarra: el 64,4% de los detenidos entre enero de 2024 y noviembre de 2025 han sido de origen extranjero.
En esos mismos datos aparece una tendencia: los detenidos españoles han bajado en 2025, mientras ha subido el peso de los detenidos de origen extranjero.
La propuesta para publicar el origen de los detenido ha partido recientemente de UPN, que ha llevado al Parlamento una proposición de ley para obligar al Ejecutivo foral a difundir ese dato cada trimestre. La formación regionalista ha defendido que busca transparencia y prevención de la criminalidad, “evitando, en todo caso, la estigmatización por origen”.
UPN ha explicado que quiere que la información se publique con contexto y junto a otros datos, para ayudar a “caracterizar perfiles de delincuentes”, prevenir conductas delictivas y reducir la criminalidad. También ha sostenido que una información oficial puede frenar bulos o discursos sesgados sobre las personas migrantes basados en estereotipos.
La formación ha enmarcado la iniciativa en un momento en el que la delincuencia se ha situado entre las cuatro principales preocupaciones de los navarros, según una encuesta conocida en diciembre de 2025 sobre confianza ciudadana y percepción de los servicios públicos. En esa línea, UPN ha recordado que desde finales de 2025 la Comunidad Autónoma Vasca ya hace públicos estos datos y que Cataluña ha anunciado que lo hará a partir de 2026.
En la calle, esa preocupación se ha traducido en una sensación creciente de inseguridad y de hartazgo entre vecinos que piden respuestas. Con ese clima de fondo, el Gobierno foral ha cerrado la puerta a publicar el origen nacional de los detenidos y ha insistido en que esa información, lejos de ayudar, puede empeorar la convivencia.
El Ejecutivo ha manifestado su disconformidad con la proposición de ley de UPN, que busca “establecer la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.
La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha afirmado que la medida “no supone una mejora” en la prevención de delitos y es contraria al objeto de la ley, porque “puede contribuir directamente” a la generación de racismo y xenofobia.
Alfaro ha señalado: “Desde el punto de vista criminológico, el origen de las personas que delinquen no tiene la más mínima afección, ni para la prevención, ni para la reducción de la criminalidad. Quien diga que publicar el origen de las personas detenidas reduce la delincuencia, miente. Y además lo hace de forma consciente y contra la evidencia científica”.
El Gobierno de Navarra ha argumentado además que la difusión innecesaria del origen nacional cuando no resulta relevante para comprender los hechos puede contribuir a un trato discriminatorio indirecto y afectar al derecho al honor, al vincular de forma reiterada determinadas nacionalidades con la criminalidad. También ha defendido que la indicación sistemática del país de origen “no es neutra” y puede actuar como catalizador de racismo y xenofobia.
Preguntada por los medios por si se siente cómoda en un Gobierno con Geroa Bai (donde está el PNV, que en el Gobierno vasco sí ha apoyado una iniciativa en ese sentido), Alfaro ha respondido que su comodidad “es total y absoluta” y que hay una posición “clara” dentro del Ejecutivo foral de que “esta medida en absoluto ayuda a prevenir el delito”.
