La Audiencia de Navarra ha dictado sentencia tras un acuerdo entre fiscalía y defensa que también ha afectado a otros dos implicados en la distribución de estupefacientes.
La Audiencia de Navarra ha condenado a una vecina de Pamplona a 3 años y 10 meses de prisión por un delito de tráfico de drogas, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. La sentencia ha considerado probado que la mujer poseía distintas sustancias estupefacientes destinadas a su venta, con un valor total de más de 22.000 euros.
El fallo, dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, también ha condenado a otros dos acusados a penas de 18 meses de prisión por el mismo delito. En ambos casos, las condenas se han producido tras aceptar los hechos y las penas propuestas en el acuerdo judicial.
La principal condenada, de 29 años, tenía en su domicilio éxtasis, ketamina y cannabis preparados para su distribución. Según recoge la resolución, los hechos constituyen un delito contra la salud pública, con la concurrencia de la atenuante de trastorno mental derivado del consumo de drogas.
La investigación policial permitió identificar su actividad como presunta vendedora de sustancias. El 12 de marzo de 2025, los agentes realizaron un registro en su vivienda de Pamplona, donde encontraron una báscula de precisión y diversas cantidades de droga. El valor total de los estupefacientes ascendía a 22.378,18 euros.
Además, la mujer tenía en su poder 1.910 euros en efectivo procedentes, según la sentencia, de la venta de droga. La resolución también detalla que mantenía contactos con otro acusado, al que suministraba sustancias de forma habitual.
Este segundo implicado, un hombre de 60 años, tenía en su domicilio drogas valoradas en 247,15 euros y 316 euros en efectivo. A su vez, abastecía a un tercer encausado, de 46 años, que contaba con estupefacientes por valor de 648,76 euros.
Antes del juicio, la fiscalía había solicitado penas más elevadas: 8 años de prisión para la principal acusada y 4 años para los otros dos implicados. Sin embargo, en la vista oral celebrada el 30 de marzo, el Ministerio Fiscal rebajó sus peticiones, lo que facilitó el acuerdo con las defensas.
La sentencia es firme. En el caso de la mujer, que permanece en prisión provisional desde marzo de 2025, el tribunal ha iniciado el proceso para estudiar una posible suspensión de la pena. Por su parte, los otros dos condenados han obtenido este beneficio, condicionado a que no vuelvan a delinquir durante un periodo de 2 y 3 años.
