Los procesados, tres de nacionalidad española y uno dominicana, se repartieron el dinero desviado a cuentas bancarias fraudulentas
La Fiscalía de Navarra solicita penas de prisión para cuatro hombres acusados de urdir una estafa electrónica con la que lograron defraudar más de 81.000 euros a una empresa de la Comunidad Foral.
Los hechos, que serán juzgados esta semana en la Audiencia Provincial de Navarra en Pamplona, involucran a una red organizada compuesta por tres personas de nacionalidad española y una de nacionalidad dominicana, quienes actuaron en connivencia con un quinto individuo que actualmente se encuentra en situación de rebeldía al no haber podido ser localizado por la justicia.
Según detalla el escrito de conclusiones del ministerio público, el fraude se ejecutó a mediados de febrero de 2022. Los acusados, actuando de mutuo acuerdo, enviaron un correo electrónico fraudulento a una empresa mercantil dedicada al sector de los fitosanitarios y las semillas. El objetivo de esta comunicación era engañar al receptor simulando la reclamación legítima de dos facturas pendientes por importes de 51.795 euros y 29.644 euros.
Para consumar el engaño, los estafadores indicaron que los ingresos debían realizarse mediante transferencia bancaria a dos cuentas corrientes específicas de una entidad bancaria. Una de estas cuentas figuraba a nombre de un tercero ajeno a la trama, a quien previamente le habían sustraído su documentación personal, mientras que la segunda estaba registrada a nombre del cooperador que se encuentra prófugo.
La empresa perjudicada, bajo la firme creencia de que estaba liquidando una deuda comercial real con un proveedor, procedió a efectuar los dos pagos solicitados en la misma fecha. Una vez que el dinero ingresó en el circuito bancario controlado por la red, el acusado que se encuentra en rebeldía realizó diversas retiradas de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos. De forma paralela, distribuyó el botín mediante transferencias directas al resto de los implicados: tres de los acusados, de nacionalidad española, recibieron sumas de 17.810 euros, 10.000 euros y 4.400 euros, respectivamente, mientras que el cuarto procesado, natural de la República Dominicana, percibió un montante de 10.000 euros.
A ojos de la Fiscalía, este relato de hechos es constitutivo de un delito de falsedad en documento privado en concurso de normas con un delito agravado de estafa. Por todo ello, el fiscal reclama la correspondiente pena de prisión para los procesados en calidad de coautores. En el caso específico del acusado de nacionalidad dominicana, el ministerio público solicita formalmente la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, acompañada de la prohibición de regresar a España durante un período de diez años.
En el apartado de la responsabilidad civil, el fiscal exige que los cuatro acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a la empresa de fitosanitarios con la cantidad exacta de 81.440,03 euros, una cifra que deberá incrementarse con los intereses legales devengados desde la fecha del fraude. Para asegurar este pago, la acusación pública ha solicitado al tribunal la apertura de una pieza separada en la que se les exija una fianza económica adecuada o, en su defecto, se proceda al embargo preventivo de sus bienes. Por último, el escrito solicita el sobreseimiento provisional respecto a otras dos personas inicialmente investigadas al no constar indicios suficientes de criminalidad contra ellas.
