La Fiscalía de Navarra solicita una pena total de 18 años de prisión para un hombre de nacionalidad española y expolicía, acusado de someter a su expareja, a su hijastra y a su hija menor —quien padece una discapacidad— a un prolongado calvario de maltrato físico, psicológico y agresiones sexuales.
Los hechos, que denotan una extrema gravedad por la especial vulnerabilidad de las víctimas, serán juzgados esta semana en la Audiencia Provincial de Navarra.
El relato del Ministerio Público sitúa el inicio de la convivencia en el año 2014, cuando el procesado comenzó una relación sentimental con la madre de las menores. A partir del nacimiento de la hija en común de la pareja, el acusado presuntamente instauró un clima de terror y menosprecio absoluto en el hogar.
Según el informe provisional de la acusación, el hombre insultaba diariamente a su pareja con descalificativos racistas, controlaba de manera obsesiva sus cuentas bancarias y limitaba el uso de servicios básicos indispensables como la calefacción o las duchas.
La violencia física también era habitual: el encausado propinaba empujones y agarraba del cuello tanto a la mujer como a la hija mayor de esta para estamparlas contra la pared. Para asegurar el silencio de las víctimas, el procesado se valía repetidamente de su antiguo oficio, advirtiéndoles de que, por haber sido miembro de las fuerzas de seguridad, conocía múltiples formas de matar y que prendería fuego a la vivienda con ellas dentro si intentaban denunciarlo.
El escrito fiscal detalla que el comportamiento violento se extendió de manera cruel hacia las dos menores de edad. A su hija biológica, diagnosticada con autismo, la castigaba inmovilizándola en una trona elevada de la que no podía descender por sus propios medios, propinándole además dolorosos pellizcos en las extremidades.
Paralelamente, el acusado presuntamente inició una dinámica de abusos y agresiones sexuales continuadas hacia su hijastra cuando esta apenas tenía cinco años de edad, aprovechando los horarios laborales de la madre para realizarle tocamientos de índole sexual y forzarla a participar en actos explícitos bajo el falso pretexto de que se trataba de un juego.
La agresividad hacia la menor también se manifestaba ante cualquier mínimo conflicto cotidiano, llegando a imponerle castigos físicos severos, como obligarla a permanecer de rodillas sosteniendo pesados libros sobre sus manos. En el año 2020, cuando la menor tenía nueve años, recibió un puñetazo en la frente por parte del acusado al intentar defender a su madre de una agresión, lo que le causó una cicatriz permanente en el rostro.
La situación alcanzó su punto más crítico en febrero de 2024, coincidiendo con un viaje de la madre al extranjero. El acusado, a solas con las menores, asaltó presuntamente a su hijastra en el cuarto de baño mientras se duchaba. A pesar de los ruegos de la víctima para que la dejara en paz, el hombre la acorraló y consumó una nueva agresión sexual. Tras lograr zafarse y encerrarse bajo llave en su dormitorio, la menor fue perseguida y amenazada de muerte por el procesado.
Al día siguiente, la hostilidad continuó en la cocina, donde el acusado le arrebató de forma violenta un cuchillo de cocina con el que la joven preparaba la comida, provocándole un profundo corte en la mano que requirió asistencia médica y derivó en una nueva secuela física visible. Los informes periciales del Instituto de Medicina Legal confirman que tanto la madre como la hija mayor presentan severos cuadros de estrés postraumático, ansiedad, depresión e incluso ideación autolítica (pensamientos de suicidio), totalmente compatibles con el maltrato crónico sufrido.
Por todo ello, la Fiscalía califica jurídicamente estos hechos como constitutivos de cinco delitos: uno de maltrato habitual, dos de agresión y abusos sexuales a menores de 16 años, y tres delitos de maltrato físico. Por el conjunto de estas infracciones penales, el Ministerio Público pide una condena global de 18 años de cárcel.
Asimismo, solicita la imposición de una medida de libertad vigilada (un mecanismo de control judicial con obligaciones y seguimientos que se ejecuta de forma posterior al cumplimiento de la pena de prisión) por un tiempo de hasta 6 años, la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que implique contacto directo con menores durante diez años, y la privación de la patria potestad respecto a su hija biológica durante cinco años. Del mismo modo, se reclaman medidas de alejamiento estrictas, prohibiendo al acusado aproximarse a menos de 300 metros o comunicarse con las víctimas por periodos de entre tres y diez años, dependiendo del delito.
En el apartado de la responsabilidad civil, el fiscal demanda que el procesado abone indemnizaciones económicas sustanciales para reparar el daño infligido. En concreto, solicita el pago de 40.000 euros por daño moral y 450 euros por las lesiones físicas para la hijastra, así como sendas compensaciones de 10.000 euros para la madre y para la hija menor en común, cuantías que deberán verse incrementadas con los intereses legales correspondientes.
