Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de Navarra han alertado este viernes de que, debido a la huelga que entra en su novena semana, "las cifras de la paralización no cesan de aumentar en Navarra y en todo el territorio nacional: juicios suspendidos 1.200 Navarra/340.000, demandas pendientes de admisión 2.200 Navarra/400.000 y dinero bloqueado en las cuentas de los juzgados 13 millones Navarra/1.100 millones de euros".
En un comunicado, UPSJ y CNLAJ han explicado que el Ministerio de Justicia no ha reanudado el proceso negociador "a pesar de lo prometido por su titular a las CCAA en la Conferencia Sectorial de Justicia, de requerirlo expresamente el Congreso de los Diputados, y de la carta que Pedro Sánchez escribió a este fin a los convocantes de esta huelga".
Según han detallado, "los LAJ en huelga no tramitan procedimientos judiciales ni tampoco expedientes de Registro Civil, salvo los declarados como servicios mínimos". "Los retrasos acumulados van a lastrar la Administración durante varios meses, tal vez un año si, en el mejor de los casos, una vez finalizada la huelga, se aprueban planes de actuación para su recuperación (que conllevarán un importante coste)", han señalado.
Los letrados han indicado que la huelga no se acaba porque "el Ministerio de Justicia se niega a hablar con los LAJ" y ha criticado que "la Justicia nunca ha sido una prioridad de los gobiernos porque no da votos". "Si una institución diseña, por ejemplo, una residencia para mayores, involucra la adquisición de terrenos, proyectos de obra, operarios, sueldos del personal para su gestión, contratos con los proveedores, etc. con sus correspondientes impuestos (dinero en circulación) e inauguraciones (publicidad en los periódicos). Lo mismo si se proyecta un puente, una oficina de desempleo o un centro comercial. Todo esto se traduce en votos", han expuesto.
Sin embargo, han añadido, "mejorar la Justicia acelera la solución de los problemas de un pequeño grupo de personas a costa de otras, que tienen que pagar los daños que han provocado". "El 50% de los usuarios del sistema judicial se consideran perjudicados: por cada casero que reclama el cobro de un alquiler atrasado -suyo por derecho- hay un inquilino que tiene que pagarlo. Esto no es rentable políticamente, da pocos votos y algunos en contra", han comentado.
En su opinión, "en el caso de un Ministerio, como el de Justicia, ni 'la empresa' ni sus dirigentes pierden nada". "No hay, por tanto, urgencia para solventar el conflicto (¡que se cansen los huelguistas!). Los negociadores del Ministerio, que cobran 2 o 3 veces el salario de un LAJ, no se juegan nada y, los perjuicios, los pagan los ciudadanos, primero con el retraso en sus procesos, y al final con impuestos", han indicado.
Para los letrados, "a este Ministerio le da igual el creciente deterioro de la Justicia". "Solo al personal de los juzgados, abogados, procuradores, graduados sociales, particulares, en resumen los perjudicados por la huelga, les importa su situación. Por eso somos nosotros quienes debemos denunciar la paralización de la Justicia hasta conseguir que los políticos decidan hacer su trabajo: afrontar los problemas y buscar soluciones", han afirmado.
