El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado dos artículos del Decreto Foral 97/2024, que regula la valoración de méritos en las Administraciones Públicas de Navarra, al considerar que establecen una discriminación en la puntuación del euskera respecto a otras lenguas extranjeras como el inglés, francés y alemán.
Según han explicado los sindicatos ELA y Steilas, los artículos 4.1 y 4.2 del decreto, referidos al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y a los concursos de traslados, limitaban la puntuación por conocimiento de euskera mientras que permitían una valoración ilimitada de los idiomas extranjeros. “El decreto foral posibilitaba que el inglés, el francés o el alemán se puntuaran por encima del euskera, incluso en zonas donde este idioma es oficial”, han denunciado ambos sindicatos.
Las organizaciones sindicales recurrieron la norma por varios motivos. Entre ellos, que en la zona no vascófona el euskera desaparecía como mérito, mientras que sí se podían valorar los idiomas extranjeros. Además, han criticado que el decreto eliminaba el concepto de servicios centrales, reducía la valoración mínima del euskera en la zona mixta y otorgaba a los departamentos “un amplio margen para realizar interpretaciones restrictivas”.
ELA y Steilas han lamentado también la supresión de la valoración global del euskera para los puestos de salud de Osasunbidea en la zona mixta, así como la reducción de la autonomía de los ayuntamientos para valorar esta lengua.
En opinión de ambos sindicatos, la sentencia del TSJN demuestra que el decreto de méritos es restrictivo y menosprecia el euskera. Por ello, han exigido al Gobierno de Navarra un cambio de rumbo y han acusado al PSN de imponer “una política lingüística de hostigamiento” hacia el euskera.
ELA y Steilas han pedido a Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu, socios del Ejecutivo foral, que promuevan “una política lingüística diferente, que contemple el euskera al menos como mérito en toda Navarra y en todos los puestos públicos”. Asimismo, han recordado que el Gobierno de España y el Parlamento de Navarra han solicitado que el euskera sea lengua oficial en la Unión Europea, y han considerado incoherente que “en Navarra se sigan vulnerando los derechos lingüísticos”.
“Hay que superar la ley del Euskera de 1986 porque ampara una situación de desigualdad. El euskera tiene que ser oficial en toda Navarra, sin dar lugar al apartheid”, han manifestado los sindicatos, que han reclamado la aprobación de un nuevo decreto foral que garantice el respeto a esta lengua.
Ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que declara nulos los artículos 4.1 y 4.2 del Decreto Foral 97/2024 por establecer un límite a la valoración del euskera mientras no lo hacía con otras lenguas extranjeras como el inglés, el francés o el alemán, Geroa Bai insta al departamento de Función Pública “a que la valoración del euskera sea haga en todos los puestos de la administración y por encima de lenguas extranjeras”.
La coalición considera que “el fallo judicial confirma lo que Geroa Bai ha venido denunciando desde hace meses: que el citado decreto foral establecía una discriminación injustificada hacia el euskera”.
“El euskera es una lengua propia de Navarra y, por tanto, debe recibir, al menos, la misma consideración y valoración que cualquier otra lengua en los procesos de acceso y provisión de puestos en la Administración pública”, subraya la coalición. “No se puede aceptar que en nuestra propia tierra el conocimiento del euskera sea minusvalorado frente a otras lenguas extranjeras”, denuncia Geroa Bai.
La coalición recuerda además que “el decreto de méritos aprobado por el Gobierno foral, tal y como hemos insistido en numerosas ocasiones, no es el decreto de Geroa Bai,” y subraya que su apuesta siempre ha sido “regular el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra de forma mucho más ambiciosa, equilibrada y respetuosa con la pluralidad y los derechos lingüísticos de la ciudadanía vascohablante”.
Geroa Bai ha venido advirtiendo de que, “si bien la aprobación del decreto permitió corregir parcialmente la situación crítica existente en la valoración del euskera en el acceso y movilidad dentro de la Administración, seguía conteniendo importantes déficits, que ahora han sido corroborados por el propio TSJN”.
