El alcalde de Pamplona Joseba Asirón, el mismo que pasaba por la calle Curia durante la procesión de San Fermín y sonreía cuando los concejales de UPN recibían empujones, salivazos, insultos y agresiones de toda índole, ha impuesto una dura sanción al hombre que, según la Policía Municipal, le gritó el pasado 7 de julio.
Según una resolución dictada por la concejalía de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por delegación de Alcaldía, se incoa un expediente sancionador y se le impone una multa de 12.000 euros.
Según la resolución, los hechos se han tipificado como infracción grave de la Ley Orgánica de seguridad ciudadana, que prevé sanciones entre 601 y 30.000 euros. La cuantía propuesta, de 12.000 euros, se ha fijado "en atención a la entidad del riesgo y a la concurrencia de violencia, amenaza o intimidación", dice el expediente.
Llama la atención que el ahora alcalde no fuera capaz de condenar las agresiones sufridas por los concejales de UPN en la calle Curia cuando era concejal en ninguno de los años anteriores, pero que utilice la vara de mando para imponer una sanción de 12.000 euros a alguien que expresó su malestar y supuestamente le gritó en la confluencia de las calles San Saturnino y Ansoleaga durante los pasados Sanfermines.
La persona expedientada dispone de 15 días hábiles para presentar alegaciones y aportar pruebas en el Registro General del Ayuntamiento o en los lugares previstos por la ley. El pago voluntario dentro de ese plazo permite un descuento del 50% y supone el reconocimiento de responsabilidad, con la finalización del procedimiento sin necesidad de resolución expresa.
La sanción puede recurrirse: cabe recurso ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes desde el pago, o recurso contencioso-administrativo en dos meses desde el día siguiente al pago.
La normativa faculta al alcalde para imponer sanciones en materias de su competencia y, en Pamplona, esa potestad se ha delegado en la Concejalía de Seguridad y Convivencia. La Secretaría Técnica del área ha sido designada instructora del procedimiento, con posibilidad de recusación por parte de la persona interesada.
El expediente advierte además de la caducidad si no se notifica resolución en el plazo de un año desde su incoación, sin perjuicio de las suspensiones legales. La identidad del afectado no se ha hecho pública y la propuesta de multa permanece sujeta a las garantías del procedimiento.
