La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado directamente a Servinabar, empresa en la que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tendría un 45% de participación según un contrato privado con Antxon Alonso, como una sociedad instrumental creada “ad hoc” para lucrarse con la obra de Mina Muga y otras adjudicaciones futuras.
Así lo recoge el fiscal jefe Alejandro Luzón en un escrito en el que se opone a retirar las medidas cautelares al exdirectivo de Acciona Fernando Merino, investigado en el conocido 'caso Koldo'.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, subraya que no consta “ninguna contribución precisa” de Servinabar en las obras adjudicadas y considera que su única finalidad era facilitar la participación de Acciona en contratos como el de Mina Muga, a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE).
El papel de Koldo y la relación con Acciona
Luzón también destaca la “estrecha relación” entre Fernando Merino, quien fuera director del departamento de Navarra y La Rioja de Acciona entre 2015 y 2019, y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. El fiscal afirma que Koldo fue “clave para la consecución de objetivos empresariales de Acciona” gracias a su influencia sobre altos cargos del Ministerio de Transportes como Javier Herrero (director de Carreteras) e Isabel Pardo de Vera (presidenta de Adif).
Según la Fiscalía, Merino reconoció en sede judicial que Acciona tuvo que asociarse con la empresa navarra Servinabar “como condición necesaria” para obtener la adjudicación de la obra de Mina Muga. A partir de ahí, Luzón describe cómo se generó una red de relaciones entre Merino, Alonso y Cerdán, que se extendió a otros contratos en Navarra, como el proyecto conocido como “el panadero” en Eugui y las obras del Navarra Arena en Pamplona.
Facturas ficticias y pagos encubiertos a Koldo
Anticorrupción afirma que hay evidencias de pagos de Acciona a Koldo, halladas en notas del teléfono móvil del exasesor ministerial. Entre ellas, mensajes como “llamar Acciona tema pago”. Merino, en su declaración, no supo explicar esos pagos y ofreció como ejemplo que Koldo “iba con su coche a la obra a decir por dónde tenía que entrar un camión”.
Luzón considera absurda esa justificación y sostiene que Acciona retribuía a Koldo de forma encubierta, a través de un sistema de facturación ficticia con el Bar Franky, que emitía facturas falsas hacia Acciona, que luego pagaba al establecimiento hostelero mediante transferencia.
Nuevas conexiones: Merino, OPR y familiares
Además, el fiscal detalla que Merino mantuvo vínculos con otra empresa, Obras Públicas y Regadíos (OPR), también beneficiaria de contratos públicos del Ministerio. Según Anticorrupción, esta constructora estaba relacionada con los cuñados de Merino, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, y fue él quien presentó a Koldo a sus familiares, facilitándoles el acceso a altos cargos del Ministerio y a futuras adjudicaciones.
Luzón concluye que, a pesar de que Merino defiende la legalidad de los procedimientos, los indicios existentes señalan que Acciona habría pagado a una presunta organización criminal, integrada al menos por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, para obtener contratos públicos en los que también habría participado directamente Fernando Merino.
Las acusaciones populares del Partido Popular se han sumado a la Fiscalía en su oposición a levantar las medidas cautelares impuestas a Merino, que incluyen retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales ante el juez.
