• viernes, 29 de marzo de 2024
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POLÍTICA

Una asociación navarra defiende en Bruselas el español como lengua vehicular

Maite Pagazaurtundua, ha asegurado que la Generalitat de Cataluña está aplicando “el monolingüismo catalán en la escuela como la Dictadura impuso el español”.

La Asociación Pompaelo defiende el español en el Parlamento Europeo en Bruselas.
La Asociación Pompaelo defiende el español en el Parlamento Europeo en Bruselas.

La eurodiputada y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha asegurado que la Generalitat de Cataluña está aplicando “el monolingüismo catalán en la escuela como la Dictadura impuso el español”.  

Durante esta Fiesta de la Hispanidad, Pagazaurtundúa ha reunido en Bruselas a un nutrido grupo de representantes de organizaciones españolas, implantadas en CCAA bilingües donde se está produciendo la exclusión del español en la enseñanza y en otros aspectos de la sociedad. En concreto, se han dado cita en el Parlamento Europeo representantes de Impulso Ciudadano, Docentes Libres, Asamblea por una escuela bilingüe, Plis, educación, Societat Civil Balear, Docentes por la Libertad Lingüística, Idiomas y Educación, Sociedad Civil Valenciana, y así como la Asociación Pompaelo para hablar de País Vasco y Navarra

La jornada ha sido por tanto de reivindicación de la lucha por el bilingüismo y también de celebración del Día de la Hispanidad en las instituciones europeas, con una gran concentración a las 12 horas en la explanada del Parlamento Europeo en Bruselas abierta especialmente a la comunidad española en las instituciones comunitarias. 

Durante la sesión de debate, Pagaza ha destacado que se va extendiendo la discriminación de la lengua materna, como lengua vehicular, cuando esta es el español. “No tiene sentido pedagógicamente. No se puede imponer la inmersión y hay muchos modelos para fomentar el multilingüismo, si nos importan los menores”, ha planteado. 

“Desaprovechan la oportunidad de fomentar el plurilingüismo en nuestras sociedades. Utilizan a los niños y si queremos sociedades abiertas, libres, donde tengan todas las oportunidades, no podemos permitirlo”, ha añadido. 

“Intentar perseguir a los niños en los patios de recreo para que no hablen en español, multar por rotular comercios en español y no dejar que estudien en su lengua materna supone una crueldad social que se vivió, lamentablemente, en época franquista. Son comportamientos contra el pluralismo que tenemos que denunciar en la UE del siglo XXI”, manifestó Pagaza.

Según ha explicado la vicepresidenta de LIBE, la Ley, los derechos las sentencias que reconocen los derechos, están para cumplirse. “Y no hacerlo es atacar el fundamento del Estado de derecho democrático. Para el nacionalismo, la lengua es un tabú que ha llegado a la máxima irracionalidad después de décadas en Cataluña y que corre el riesgo de repetirse en muchos rincones de nuestro país”. 

Ha recordado que los miembros de la Generalitat no solo hacen declaraciones contra el Estado de Derecho, sino que esta Administración se declara en rebeldía y legisla y realiza actos oficiales que tienen como fin el desacato de sentencias que buscan proteger derechos fundamentales.  

“El Tribunal Supremo ha confirmado que la condición de vehicular del español está blindada por la Constitución. Hablamos de miles de familias cuyos hijos tienen derecho a estudiar en castellano por lo que la no ejecución de la sentencia del TSJC sería como incumplir centenares de miles de sentencias en materia de derechos fundamentales y obligarles, además, a acudir, uno a uno ante la Justicia para hacer valer sus derechos”.  

Además, Pagaza ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez no hace uso de los medios de que dispone para abordar este conflicto, y deja en una “indefensión manifiesta a las familias y niños que ven atacados sus derechos a hablar y educarse en su lengua materna, que además es lengua oficial”.

“La Alta Inspección Educativa está atada de pies y manos porque el Ministerio de Educación y la administración del Estado lo quieren así. En Cataluña sólo hay dos altos inspectores para más de 5.500 centros educativos”, ha denunciado la diputada naranja.   

Es muy grave, ha dicho, que el Gobierno de Cataluña y otras autoridades públicas no solo hayan instado a desobedecer sentencias, sino que también hayan tejido una red para proteger sus intereses basada en el señalamiento y el acoso a los menores y familias. “Acosan a algunos, para callar a muchos”. 

Por todo ello, Pagaza lleva más de dos años trabajando para defender la universalización de la Carta de Derechos Fundamentales, lo que permitiría sortear los problemas actuales para que las instituciones europeas pudieran obligar a corregirse a los países que, como España, toleran abusos y discriminaciones en materia de derechos fundamentales. 

La jornada ha contado con la participación de José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano; Carlos Silva, portavoz de la Plataforma de Profesores Docentes Libres; y Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe. Julián Ruiz-Bravo, portavoz de ‘PLIS. Educación, por favor’ (Baleares); Miguel Ángel Robles, portavoz de Docentes por la Libertad Lingüística (Alicante); y Miguel Cornejo, presidente Asociación Pompaelo (Navarra).  

LA SITUACIÓN EN NAVARRA 

Miguel Cornejo, de la Asociación Pompaelo, ha asegurado que el caso de Navarra y el País Vasco, cuyas situaciones son radicalmente distintas, “ilustran el proceso del paso de una educación normal a una educación politizada completamente”. Uno de los motivos de fondo es el paso del concepto de lengua materna, "la del hogar, en la que se recomienda que se imparta la educación", al de lengua propia, "una construcción política, oficial, creada por leyes para favorecer una lengua sobre otras".   

Ha explicado la situación en Navarra, dividida en tres zonas lingüísticas en las que el vasco tiene distinto grado de oficialidad. En una comunidad donde el 4,2% de los ciudadanos tienen el euskera como lengua materna, el 8% son bilingües y el 14,1% de la población habla el vasco, según datos oficiales, el 40,7% de las plazas para contratar docentes es para profesores en esta lengua.

“El problema no es la demanda social. Incluso en la zona vascófona, más del 25% no entiende el euskera. El 24% de las plazas en la educación pública se ofrecen en modelo de inmersión en euskera con esos datos de hablantes. Se limita la oferta y se degradan las alternativas, a la gente se la convence de que es mejor elegir el vasco. También se percibe una limitación en las opciones laborales en la administración pública”, ha criticado. 

“El problema aquí no es el de pueblos oprimidos que quieren recuperar la lengua discriminada, es un problema de nacionalismos excluyentes que toman el control político de las regiones y pisotean los derechos de la población. No es problema cultural, es político. En regiones naturalmente bilingües, donde las familias se expresan en su idioma sin lucha cultural, se da la creación artificial de pueblos mediante el idioma para marcar a los de dentro y a los de fuera”, ha denunciado. 


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