La auditoría externa encargada por la Corporación Pública Empresarial de Navarra sobre el contrato de las 62 viviendas de protección oficial (VPO) en Erripagaña, adjudicado en 2018 por Nasuvinsa a la UTE Acciona-Servinabar, ha revelado graves deficiencias en el procedimiento administrativo. El informe constata la ausencia de actas y documentación clave, así como el incumplimiento de los requisitos de publicidad exigidos por la Ley Foral de Contratos Públicos.
El documento, conocido este viernes, señala que el valor estimado de la licitación no tuvo en cuenta todas las modificaciones al alza previstas en el pliego, tal y como obliga la normativa. Además, no figura el acta de admisión de participantes, lo que impide verificar si se cumplió la prohibición de presentar más de una proposición por empresa.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ya había alertado de irregularidades en este mismo expediente, afirmando que Nasuvinsa, bajo la dirección de José María Aierdi, “ignoró todos los principios de la contratación pública”. Aierdi, sin embargo, rechazó buena parte de aquel informe, asegurando que “no hubo trato de favor a ninguna empresa”.
El nuevo análisis apunta también que no consta la documentación de los avales bancarios exigidos a los licitadores como garantía provisional de 30.000 euros. Tampoco se han facilitado las actas de apertura y valoración de ofertas, ni los sobres con la documentación de los licitadores que no resultaron adjudicatarios, lo que impide comprobar la evaluación de las propuestas.
Otro de los puntos conflictivos es la discrepancia en los plazos de ejecución. Mientras que la adjudicataria se comprometió en un sobre a terminar las obras en 26 meses, en otro redujo la oferta a 20 meses. El informe reconoce que se desconoce si la mesa de contratación analizó esta contradicción, al no existir actas disponibles.
La auditoría también detecta que la publicación de la adjudicación se realizó fuera de los plazos legales tanto en el Portal de Contratación de Navarra como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), vulnerando los criterios de publicidad. Además, entre los contratos menores asociados, valorados en más de 86.600 euros, figura uno que nunca fue publicado en el portal oficial.
Finalmente, se cuestionan las modificaciones introducidas en el proyecto, como la inclusión de cocinas, mamparas o un sistema de videovigilancia. El documento de requisitos en el que se basan estas variaciones carece de fecha y no aclara si debía aplicarse a obras ya en curso, lo que genera dudas sobre la justificación de estas modificaciones.
