El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, ha vuelto a pactar con EH Bildu las medidas fiscales que marcarán el próximo ejercicio. Apenas unos días después de escenificar un supuesto desacuerdo, el Ejecutivo foral ha aprobado este martes, 11 de noviembre de 2025, su proyecto de ley de medidas fiscales, con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
El acuerdo ha incluido una rebaja del IRPF para rentas por debajo de 32.000 euros y un tipo reducido del 25% en el Impuesto de Sociedades para empresas que cumplan ciertas condiciones. Una reforma que el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha calificado de “valiente y audaz”, pese a haber sido negociada y cerrada con Bildu, socio preferente en materia fiscal.
Según Arasti, el nuevo paquete busca un sistema “progresivo y equitativo”, tras corregir lo que ha llamado un “error de salto” en los tramos del IRPF. Sin embargo, la oposición ya ha denunciado que el Gobierno de Chivite vuelve a apoyarse en EH Bildu para sacar adelante las medidas más sensibles de la legislatura.
En el IRPF, los socios del cuatripartito han acordado dos modificaciones clave: el aumento de la deducción por mínimos personales hasta los 32.000 euros y la elevación del umbral de obligación de declarar de 14.500 a 17.000 euros. Con estos cambios, el Ejecutivo estima que 340.000 navarros —el 70% de los contribuyentes— resultarán beneficiados, incluidos miles de autónomos.
El impacto total se ha cifrado en 135 millones de euros: 114 millones afectarán al ejercicio 2026 y el resto al 2027. Según Hacienda, el nuevo diseño mitiga los “efectos bruscos” entre tramos, aunque algunos analistas apuntan a una pérdida de recaudación estructural difícil de compensar.
El proyecto ha incluido también novedades en transporte: se eleva de 200.000 a 250.000 euros el límite para tributar por Estimación Directa Especial (EDE), y se declaran exentas las ayudas a transportistas con un tope de 20.000 euros. Además, se amplían las deducciones para complementar pensiones de viudedad y jubilación, que pasan de 1.035 a 1.100 euros mensuales (15.400 anuales), bajo el argumento de reforzar las rentas más vulnerables.
En el Impuesto de Sociedades, el Ejecutivo ha pactado con Bildu un tipo reducido del 25% para las empresas que cumplan cuatro requisitos: mantener el empleo, no aplicar ERE por causas económicas, reducir la siniestralidad laboral y cumplir la legislación de igualdad. Las compañías que hoy tributan al 28% podrán acogerse al nuevo tipo si acreditan esas condiciones.
Arasti ha defendido que la medida busca vincular la fiscalidad al compromiso social y laboral, y ha sostenido que Navarra debe “premiar a las empresas responsables”. No obstante, ha reconocido que el coste real para las arcas forales dependerá del número de empresas que se acojan al incentivo.
El proyecto establece también una tributación mínima efectiva del 13%, 11% y 10% para contribuyentes con tipos del 28%, 23% o 19%, respectivamente, con el fin de garantizar un suelo de aportación y evitar desgravaciones excesivas.
Pese al “teatro” del supuesto desacuerdo escenificado la semana pasada, el calendario legislativo se mantiene: las enmiendas a la totalidad se debatirán a finales de noviembre, y el 18 de diciembre está previsto el debate final en el Parlamento de Navarra.
Una vez más, el PSN de Chivite ha recurrido al apoyo de EH Bildu para sacar adelante una reforma clave, confirmando que la estabilidad del Gobierno foral sigue dependiendo de la izquierda abertzale.
Por su parte, UPN ha manifestado que el acuerdo fiscal es “la confirmación de que la política fiscal llevada a cabo ha penalizado la generación de empleo y la atracción de empresas en Navarra”.
Desde la formación foralista se ha recordado que “UPN ha venido siendo muy crítico con el castigo que suponía una política fiscal condicionada por EH Bildu. Nos han descalificado y nos han llamado de todo por alertar de que Navarra no estaba siendo atractiva”. A este respecto, se han preguntado “quién va a pagar todas las oportunidades perdidas por una política fiscal errática que ha tenido un evidente impacto negativo y que nos viene situando en el vagón de cola de la competitividad y la inversión empresarial”.
