El Gobierno de Navarra ha remitido al Parlamento y a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) varios informes en los que niega irregularidades en adjudicaciones públicas cuestionadas por este organismo.
Las alegaciones han sido presentadas por el Departamento de Cohesión Territorial, la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) junto a Nasuvinsa, y el Departamento de Educación. Todos ellos coinciden en que la OANA no respetó el trámite de audiencia ni comunicó previamente sus conclusiones, lo que vulnera la normativa.
En el caso del desdoblamiento de los túneles de Belate, Cohesión Territorial sostiene que la contratación fue válida aunque el sistema de puntuación se hiciera por correo electrónico, subrayando que no existió causa de nulidad.
Respecto a las viviendas protegidas de 2018 y 2022, CPEN y Nasuvinsa defienden que se respetaron los principios de contratación pública, aunque reconocen pequeños fallos documentales que no suponen ilegalidad. Además, recuerdan que Nasuvinsa no se rige por las mismas normas que una administración.
Por último, sobre el colegio de Arbizu, Educación explica que la oferta económica solo resultó decisiva porque las propuestas técnicas eran muy similares, y recalca que los pliegos daban más peso a la valoración técnica.
En conjunto, el Ejecutivo foral considera que las observaciones de la OANA son “infundadas” y reafirma la legalidad de los contratos investigados.
