La Intervención General del Gobierno de Navarra ha rechazado que la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate sea nula de pleno derecho, como había afirmado la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA). En un informe remitido a la oficina y al Parlamento, el organismo defiende que el proceso fue legal y transparente, y que no se incumplieron las normas esenciales del procedimiento.
Según la Intervención, la ley no exige que las reuniones de la mesa de contratación sean presenciales o telemáticas, por lo que el intercambio de correos electrónicos entre los miembros fue válido para garantizar una deliberación adecuada y libre. El documento destaca que todos los integrantes votaron y expresaron su opinión, incluso algunos con votos particulares en contra, lo que demuestra la normalidad del proceso.
El informe también subraya que no existe un único método obligatorio para valorar los proyectos. En este caso, se optó por que cada vocal puntuara los trabajos por separado, una práctica considerada correcta. Por ello, el Gobierno concluye que no hubo ningún defecto que justifique la anulación del contrato.
La Intervención General responde además a las críticas de la OANA sobre las adjudicaciones de vivienda pública de Nasuvinsa en 2018 y 2022, y aclara que no se les puede aplicar íntegramente la Ley Foral de Contratos Públicos, ya que Nasuvinsa es una sociedad pública, no una administración directa. En consecuencia, sus procedimientos no requieren los mismos pasos que los de la Administración, aunque siguen estando sujetos a auditorías y fiscalización por la Cámara de Comptos.
El informe niega de forma tajante que haya existido un “vicio de nulidad” en esos contratos y sostiene que la interpretación de la OANA es incorrecta, al intentar aplicar a las sociedades públicas normas que solo rigen para las administraciones.
Respecto al colegio público de Arbizu, la Intervención General también sale al paso de las observaciones de la OANA y defiende el trabajo de los técnicos. Considera “sorprendente” que la oficina cuestione aspectos metodológicos y técnicos siendo un órgano de carácter jurídico. Además, aclara que no hubo confusión sobre el IVA, la reserva de crédito ni los criterios de adjudicación, que estaban definidos en los pliegos del contrato.
En conjunto, la Intervención General concluye que no existen irregularidades graves en ninguno de los procedimientos analizados y que las adjudicaciones se ajustaron a la legalidad vigente, tanto en el caso de Belate, como en los de Nasuvinsa y Arbizu.
