El pleno del Senado ha aprobado la reforma del Reglamento que pretende dilatar la aprobación de la ley de amnistía con los votos de la mayoría absoluta del PP, el apoyo de los senadores de Vox y UPN y entre quejas de la izquierda, que considera el cambio reglamentario inconstitucional.
Tras la reforma del artículo 133 del Reglamento, el Senado podrá decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia -un plazo de 20 días- o de forma ordinaria, en un plazo máximo de dos meses, aunque puede ser más tiempo si por medio hay "vacaciones parlamentarias" como ocurre en enero.
El PSOE recurrirá este cambio del Reglamento ante el Tribunal Constitucional (TC) y otros grupos de izquierda también han denunciado que el PP, que se declara constitucionalista, se está saltando la carta magna para dilatar la aprobación de la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán.
Sostienen que la reforma del Reglamento contraviene el artículo 90 de la Constitución, que fija en 20 días el plazo del Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso, y la interpretación del TC sobre que esta regla se aplica también a las proposiciones de ley.
El PP rechaza estas acusaciones. Su senador Eloy Suárez ha argumentado que la reforma tiene el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara Alta, al contrario de lo que ocurrió con la ley de amnistía que redactaron los independentistas catalanes hace dos años y que fue considerada inconstitucional por los letrados del Congreso.
El PP defiende una tramitación ordinaria y no urgente de la ley de amnistía y acusa a la izquierda de pretender evitar que acudan al Senado los jueces y expertos para que "no se conforme una opinión jurídica" que "les diga que es una aberración".
La amnistía es, para el PP, un "atropello" y un "engaño" para estar cuatro años más en la Moncloa y se opondrá a ella con todos sus recursos. También han expresado su rechazo a un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña.
El PSOE, en boca de su senador Manuel Fajardo, ha dicho que espera que el Tribunal Constitucional dé al PP el "repaso" que se "merece" por la reforma del Reglamento, que recurrirán, al tiempo que ha defendido la legitimidad de Pedro Sánchez para pactar su investidura.
Los grupos de la izquierda y los socios de Sánchez, en minoría en el Senado y con mayoría en el Congreso, han acusado al PP de ejercer "autoritarismo" y "filibusterismo" en la Cámara Alta y de practicar la devolución del "golpe por golpe" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió contra la ley de amnistía.
Han coincidido además en criticar la tramitación exprés de esta reforma del Reglamento y reprochar que "la derecha y la ultraderecha" promuevan protestas en las calles en las que se han vivido escenas de violencia.
La senadora de Más Madrid Carla Antonelli ha acusado al PP de pretender dar un golpe de Estado desde el Senado y meter una "dictadura de los perdedores por la puerta de atrás", mientras que Josep Cleries, de Junts, ve a los populares "más centrados en la venganza que en el bienestar real del país".
El PNV ha denunciado que el PP emplea el Senado como una trinchera y le ha advertido: "Las trincheras sirven para parapetarse pero también impiden avanzar".
El debate en el Senado, igualmente, ha permitido diferenciar las estrategias de Vox y PP frente a la amnistía.
El PP ha rechazado las enmiendas en la que el partido de Santiago Abascal proponía que el letrado del Senado juzgue la legalidad de leyes que vienen del Congreso o que la Cámara Alta pueda suspender la tramitación si las proposiciones no incluyen informes, hasta recibirlos.
Admite además que es "apetecible" bloquear la ley, como propone Vox, pero cree que "chocaría con la Constitución" y defiende que no pueden dar "ningún argumento de inconstitucionalidad a quienes lo están esperando".
La reforma ha contado con el apoyo de UPN, porque, en palabras de la senadora María Caballero, una ley como la de amnistía, hecha a media, que humilla a jueces y funcionarios y premia a delincuentes, va a ser nefasta para la convivencia en España”.
Posición contraria ha mantenido la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien ha defendido una enmienda presentada por Geroa Bai para frenar esta iniciativa, ha acusado al Partido Popular de “salir a las calles el domingo a las 12 a defender la Constitución y, 48 horas después, venir al Senado a saltársela”, señalan en un comunicado.
