UPN y el PP han apoyado este miércoles una iniciativa de los populares para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la muerte el pasado 9 de febrero de dos guardias civiles después de ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz), un suceso que, en opinión de la senadora de la formación regionalista, María Caballero, ha puesto de relieve no solo “nuestra sensación de impotencia y fragilidad en la lucha contra el narcotráfico”, sino también “la poca relevancia que el Gobierno concede a la misma al haber desmantelado el órgano de coordinación necesario para hacer frente a este fenómeno en Andalucía”.
Tras expresar su solidaridad con las familias, compañeros y amigos de los dos guardias civiles fallecidos y solicitar para ellos “el más alto reconocimiento”, Caballero ha asegurado que “es evidente que a Marlaska ya lo han reprobado por estos hechos los españoles en la calle, las asociaciones de guardias civiles y policía, y también la viuda del guardia civil que residía en Navarra”, y ha pedido más medios humanos, materiales y legales “para esta lucha que hoy por hoy aborda la Guardia Civil con enorme debilidad y en condiciones muy precarias”.
“Su mala gestión –ha recriminado al ministro– tiene consecuencias y uno debe ser capaz de dar un paso atrás cuando es un clamor”.
La senadora regionalista considera plenamente justificada la reprobación de Grande- Marlaska si a estos sucesos se suman el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos, la devolución de menores a Marruecos, la tragedia de la valla de Melilla y “su cinismo y falta de respeto al ser capaz ayer de reclamar ‘de tú a tú’ a Marimar Blanco que vuelva al espíritu de Ermua, un espíritu del que el PSOE se ha salido por su interés en su nueva política de pactos”.
“Una política de pactos –ha recalcado– centrada en contentar a Bildu en sus exigencias referentes a los presos de ETA, incumpliendo su compromiso con UPN de prohibir los homenajes a los presos cuando salen de la cárcel y mostrándose incapaz de avanzar en ninguno de los más de 300 casos de asesinatos provocados por ETA que aún están sin resolver”.
“En consecuencia, es nuestra obligación ponernos del lado de la Guardia Civil y de todos los que se han visto traicionados por su gestión”, ha finalizado.
