El Ayuntamiento de Barañáin ha rechazado “de forma contundente y con la ley y los acuerdos en la mano” las reclamaciones presentadas por Nasuvinsa en relación con las 58 viviendas de protección oficial (VPO) de alquiler y las acusaciones formuladas este jueves en Comisión Parlamentaria por el gerente de la empresa pública.
La alcaldesa de la localidad, María Lecumberri, ha subrayado hoy, a través de una nota de prensa, que “las acusaciones y exigencias carecen de fundamento, obvian la normativa urbanística vigente y no corresponden a responsabilidades del Consistorio; más bien, parece que tratan de ocultar el incumplimiento por Nasuvinsa del plazo de ejecución establecido para las obras y el sobrecoste en el que han incurrido”.
Ante las “sorprendentes acusaciones de Nasuvinsa, más políticas que técnicas”, Lecumberri ha explicado que el Ayuntamiento de Barañáin ha elaborado una contestación fundamentada en aspectos técnicos y jurídicos que “desmonta uno por uno los argumentos de la empresa del Gobierno de forma detallada”.
En este sentido, la alcaldesa ha desvelado que hasta el 18 de diciembre Nasuvinsa no comunicó el final de las obras al Consistorio y que, a fecha de hoy, sigue sin solicitar la licencia de primera utilización. Tampoco se ha presentado toda la documentación a la que está obligada según la licencia otorgada el 3 de julio de 2020. También ha recordado que Nasuvinsa no solicitó una prórroga de la licencia de obras, cuya fecha de ejecución venció en julio de 2023, después de un retraso que la empresa pública no ha justificado.
Sin embargo, Lecumberri ha explicado que “a pesar de todos estos incumplimientos, el Ayuntamiento ha mantenido una postura colaborativa basada en el respeto institucional, primando sobre cualquier otro asunto la solución a los problemas de vivienda de los más jóvenes. Lamentablemente, el Gobierno de Navarra y la consejera Begoña Alfaro, han preferido el interés político y la confrontación pública”.
Respecto a los servicios de electricidad, agua y saneamiento, el informe del Ayuntamiento recalca que el edificio se ha ejecutado, por lo que ha contado con luz y agua de obra, así como con saneamiento; es decir, ha contado con acceso a servicios. Además, señala que la normativa urbanística establece, sin género de dudas, que cualquier refuerzo de infraestructuras que pudiera ser necesario debe ser asumido por Nasuvinsa como promotor de las obras, “por lo que no cabe acusar al Ayuntamiento de una responsabilidad que recae exclusivamente en la empresa pública del Gobierno”, como ha afirmado la alcaldesa.
Respecto a la urbanización de los espacios exteriores, Lecumberri ha recordado que no se hace mención alguna a ésta en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Nasuvinsa. “Por tanto, no puede haber incumplimiento del Ayuntamiento cuando no se había establecido como condición u obligación, ni puede utilizarse como excusa para no entregar esas viviendas que debían estar acogiendo a jóvenes desde hace más de un año”, ha destacado.
Además, ha explicado que las obras de la urbanización no condicionan ni el acceso rodado al garaje que se realiza por la calle Ronda Céndea de Cizur, ni el acceso peatonal, que se realiza desde la calle Comunidad de Extremadura, ambas ya urbanizadas.
Por todo ello, la alcaldesa de Barañáin ha rechazado las reclamaciones y acusaciones de Nasuvinsa y ha lamentado que “en lugar de dedicar el tiempo a cumplir con sus competencias de vivienda y solucionar el acceso de los más jóvenes a un hogar, el Gobierno de Navarra pierda el tiempo con polémicas incomprensibles que no tienen sentido, ni sustento legal alguno”.
Por último ha afirmado que “no vamos a permitir que el Gobierno utilice a Barañáin como excusa o chivo expiatorio con el que tapar su incapacidad para responder a sus compromisos con los ciudadanos en una materia tan sensible e importante como la vivienda”.
