Después de que Joseba Asirón accediera a la alcaldía de Pamplona con los votos regalados del PSN-PSOE de María Chivite y que viniera a decir que en menos de 24 horas había solucionado el problema de la indigencia en Pamplona; después de que falleciera un 'sintecho' en la capital navarra y tras conocer que la mejor de las medidas del equipo de Gobierno de Bildu es sacar un billete de autobús a los 'sinhogar' para que abandonen Pamplona, esta semana se ha conocido que se va a cerrar el albergue de la calle González Tablas, lo que va a suponer dejar a 150 personas durmiendo en la calle.
Así lo han denunciado los colectivos PIM (Punto de Información para personas Migrantes), Apoyo Mutuo, Lantxotegi, París 365, Elkarte, Oxfam Intermon, Haritu y SOS Racismo; que han insistido en que muchos 'sinhogar' una vez se cierre, el 19 de mayo, se van a ver en la calle.
Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este sábado ante el Palacio de Navarra, en torno a una pancarta con el lema 'Vivir en la calle. Techo y comida', para exigir al Gobierno foral y a los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona "recursos habitacionales dignos durante todo el año". También para reclamar a las entidades locales que garanticen el empadronamiento a todas las personas que residen en sus municipios "sin exigirles un período de residencia, tal y como que la normativa indica, posibilitando su acceso a la asistencia sanitaria, educación y derechos sociales".
En declaraciones a los medios de comunicación, Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, ha lamentado que con el cierre del albergue de González Tablas el próximo 19 de mayo "volvemos a la casilla de salida y esto no puede ser. Necesitamos una solución habitacional para los 365 días del año".
Según han explicado desde estos colectivos, el Ayuntamiento de Pamplona, desde el 31 de marzo -al finalizar la campaña de frío- hasta el 9 de abril, "redujo escalonadamente las plazas de alojamiento a 106, 50 en el albergue de Trinitarios y 56 más en el albergue provisional de González Tablas". Según los datos que han aportado, "de las 199 personas que han solicitado alojamiento en los últimos tres meses, han quedado en la calle al menos 93" y, tras el cierre del albergue de González Tablas, "serán 149, a las que hay que añadir las que no han solicitado alojamiento".
Villahizán ha alertado de que "hay una situación cronificada de gente que está abocada a vivir en la calle, que además no está teniendo acceso a alimentación y que, por lo tanto, está viviendo una situación de vulnerabilidad y de desprotección grave y sostenida en el tiempo".
Ha destacado que "las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar tanto alojamiento como manutención a todas las personas. Así está en la cartera de derechos sociales del Gobierno de Navarra". "Independientemente de que los ayuntamientos o entidades locales tengan que gestionar, entendemos que el Gobierno de Navarra es el garante último y el responsable de garantizar situaciones de dignidad habitacional y de cubrir las necesidades básicas de todas las personas que aquí viven o que por aquí pasan", ha remarcado.
Al respecto, ha criticado que "estamos viendo que de manera continua se establecen requisitos, laberintos burocráticos, que hacen que las personas no accedan a sus derechos". "Vivir en calle es una situación complicada que provoca un deterioro muy rápido de la salud, tanto física como emocional" en un colectivo de perfil mayoritariamente migrante a quienes "las políticas migratorias y leyes como las de extranjería" les aboca "a la irregularidad durante un periodo largo de sus vidas y, por lo tanto, les expulsa del sistema".
Por ello, ha exigido a las administraciones que "se hagan cargo de esta situación, que garanticen derechos a todas las personas desde el día uno y que habiliten recursos habitacionales dignos y durante todo el año".
