• martes, 11 de noviembre de 2025
  • Actualizado 09:37
 
 

SOCIEDAD

Navarra revisa sus protocolos tras el archivo del caso de la menor supuestamente vendida a otra familia

Patricia Abad ha destacado que el caso tiene vertientes judiciales y culturales, y ha pedido analizarlo desde la prevención y la atención integral.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a su vehículo. GUARDIA CIVIL
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a su vehículo. GUARDIA CIVIL

La directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad, ha señalado que “hay muchas claves que hay que analizar” en la causa sobre la menor de 14 años residente en Navarra que supuestamente fue “vendida” a otra familia en Lleida para un matrimonio forzoso, un caso que el juez ha decidido archivar después de que la propia menor negara los hechos.

Abad ha explicado que el asunto “está judicializado, con dos vertientes claramente diferenciadas”. Por un lado, la parte judicial, que implica la actuación de los tribunales en Navarra y Cataluña; y, por otro, la que tiene que ver con los protocolos de coordinación. “Tenemos un protocolo de matrimonios forzados en Navarra que no se centra tanto en la parte judicial, sino en la prevención, la detección y la atención de estos casos”, ha indicado.

La responsable del INAI ha destacado que las claves culturales son esenciales para entender este tipo de situaciones. “El matrimonio forzado tiene unas connotaciones muy específicas que deben analizarse caso por caso. En este caso concreto, no estamos en una fase de detección o prevención, sino en un proceso judicial en curso, pero todo lo que se está comentando alrededor de la menor no ayuda, porque hay muchas cuestiones que requieren análisis”, ha subrayado.

Abad ha recordado que este tipo de casos son “poco habituales” en Navarra, aunque existen antecedentes que justifican la elaboración de protocolos específicos. “Por eso contamos con un protocolo en el marco del tercer acuerdo interinstitucional, tal como exige la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual”, ha precisado.

Según ha explicado, el matrimonio forzado, al igual que la trata de personas o la mutilación genital femenina, se considera una forma de violencia sexual. “Aunque se trate de pocos casos, es fundamental poder detectarlos y atenderlos de la forma adecuada para prevenirlos y proteger a las mujeres y niñas afectadas”, ha concluido.

Respecto al caso de la agresión sexual a una joven en la Carpa Universitaria, Abad ha señalado que no hay novedades y que el asunto “sigue judicializado en diligencias previas”.

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