El Gobierno de Navarra ha cerrado filas este miércoles con el consejero de Educación, Carlos Gimeno, después de la crisis abierta entre los socios del Ejecutivo por el cierre de aulas en la red concertada y por la aprobación de la ley impulsada por UPN para frenar esa medida.
El portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha expresado este miércoles un apoyo “rotundo” al consejero y ha defendido que Gimeno es “un excelente consejero de Educación”, en un momento en el que el Departamento debe estudiar cómo aplicar una norma que ha alterado la planificación educativa para el próximo curso.
La polémica ha estallado después de que el Parlamento aprobara el pasado jueves la proposición de ley presentada por UPN, que salió adelante con la abstención de Geroa Bai, socio del Gobierno de María Chivite. La iniciativa tenía como objetivo impedir el cierre de aulas en educación y ha provocado una de las crisis más graves dentro del Ejecutivo foral en esta legislatura.
Gimeno ha asegurado este miércoles que el Departamento de Educación está trabajando con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley. “El departamento no puede hacer otra cosa que cumplir la ley”, ha afirmado ante los medios de comunicación.
El consejero ha admitido, sin embargo, que la norma plantea dificultades. Según ha explicado, el texto aprobado en el Parlamento contiene “muchas dudas” y puede afectar a cuestiones clave como la adjudicación de destinos del profesorado, la adjudicación de plazas y la planificación general del Departamento de Educación.
“Mañana trasladaré en sede parlamentaria las dificultades que estamos encontrando con el embrollo, con el entuerto, que es el texto legislativo que se ha aprobado”, ha señalado Gimeno, que ha atribuido esos problemas a una ley pactada por varios grupos y con una aplicación compleja.
El consejero ha reconocido además que habrá una reasignación de plazas derivada de la nueva ley. En este punto, ha indicado que existe “un riesgo cierto” de que tenga que producirse otra reasignación adicional por posibles fallos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en los próximos días.
Gimeno ha tratado de tranquilizar a las familias que ya han obtenido plaza en el centro solicitado como primera opción. Según ha explicado, no ve riesgo para ellas en esta primera reasignación, porque existe “sobreabundancia de plazas” y el proceso debería ser “pacífico”.
Aun así, el consejero ha advertido de que los recursos pendientes ante el TSJN pueden abrir otro escenario. “No sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha apuntado.
El Departamento de Educación, según Gimeno, establecerá los cauces procedimentales necesarios para ejecutar la norma “con la mayor calidad”. El consejero ha insistido en que la aplicación de la ley se hará dentro del marco legal, aunque ha dejado claro que el texto aprobado introduce incertidumbre sobre la organización del próximo curso.
La crisis se ha producido tras semanas de tensión por la decisión del Departamento de Educación de reducir aulas de Infantil en Navarra. La planificación inicial contemplaba una bajada de aulas en centros concertados y también en la red pública, una medida que Educación vinculó al descenso de la natalidad y que UPN y otros grupos han convertido en una batalla política sobre la libertad de elección de centro.
Gimeno ha rechazado sentirse desautorizado por lo ocurrido en el Parlamento. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha dicho. El consejero ha asegurado que ha contado con el respaldo de la presidenta María Chivite, del vicepresidente primero del Gobierno y del Partido Socialista de Navarra “desde el principio hasta el final”.
El titular de Educación ha defendido que su actuación ha servido para poner en la agenda social, educativa y política una “injusticia” contra la escuela pública. En su opinión, el debate debe formar parte de las futuras planificaciones educativas y de las mesas de trabajo que se puedan abrir entre los grupos parlamentarios.
Sobre el respaldo de los socios del Ejecutivo, Gimeno ha señalado que el Gobierno está formado por varios partidos y coaliciones y que se encuentra en minoría parlamentaria. Ha recordado que Educación ha trabajado en base al acuerdo programático de 2023 y no en función de mayorías coyunturales.
“El Departamento de Educación ha trabajado en base a un acuerdo programático y en ese sentido ese era el trabajo que estábamos realizando”, ha explicado el consejero. A su juicio, las discrepancias surgidas corresponden ahora a los grupos que sustentan al Ejecutivo, que “han solventado perfectamente esta cuestión”.
Gimeno también ha asegurado que nunca ha temido por su puesto. “Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno”, ha afirmado, antes de agradecer públicamente el respaldo de María Chivite durante toda la crisis.
El portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ha reforzado ese mensaje tras la sesión del Ejecutivo. Ha defendido que la educación es uno de los servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía y ha atribuido parte de esa valoración al trabajo de Gimeno y de su equipo.
Remírez ha destacado que el sistema educativo navarro garantiza que entre el 98% y el 99% de los prematriculados obtengan plaza en su primera opción. También ha citado los avances en FP Dual y en la implantación del ciclo de 0 a 3 años como ejemplos de la gestión del consejero.
Sobre la ley de UPN, el portavoz ha explicado que la norma todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Navarra y que el Gobierno debe esperar a recibirla desde el Parlamento. A partir de ahí, ha señalado que el Departamento analizará su contenido para aplicarla “acudiendo al principio de legalidad”.
Remírez ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo será evitar perjuicios a la ciudadanía, a las familias, al alumnado y a los centros. También ha advertido de que la ley puede generar situaciones de complejidad en la organización y la planificación del próximo curso escolar.
El portavoz ha cargado contra la iniciativa de UPN y ha asegurado que la proposición de ley original tenía “claros visos de inconstitucionalidad”. Además, ha acusado a los regionalistas de haber reconocido su propia “chapuza jurídica” al autoenmendar el texto durante su tramitación.
En paralelo, Remírez ha intentado rebajar el alcance político de la crisis entre los socios del Gobierno. Ha reconocido que han existido discrepancias y que puede haberlas en el futuro, pero ha defendido que el Ejecutivo ha sido capaz de superarlas.
“No se confunda la excepción con la norma”, ha afirmado el vicepresidente primero. Según ha dicho, la norma dentro del Gobierno de Navarra es “el diálogo, el acuerdo y el progreso”, mientras que lo ocurrido con las aulas ha sido una cuestión puntual dentro de un ámbito concreto.
Remírez ha expresado su satisfacción por los compromisos alcanzados en la reunión celebrada el pasado lunes por los partidos que conforman el acuerdo programático. A su juicio, de ese encuentro salió un mensaje de “estabilidad, responsabilidad y compromiso con Navarra”, ratificado después por la presidenta Chivite.
El portavoz ha defendido que el Gobierno mantiene “intacto” su compromiso con el acuerdo programático de legislatura y ha asegurado que ese pacto ha quedado “ratificado y reforzado” tras la reunión de los tres socios que sustentan el Ejecutivo.
También ha aprovechado para comparar la situación de Navarra con otros gobiernos autonómicos. Según Remírez, el Ejecutivo foral no sigue la fórmula de UPN, que “ante la mínima dificultad” echaba a sus socios de Gobierno, sino que reconoce las discrepancias, busca acuerdos y continúa gobernando.
El Gobierno de Navarra afronta ahora una fase clave: aplicar una ley promovida por la oposición, aprobada gracias al voto de uno de sus socios y cuestionada por el propio Ejecutivo. Mientras tanto, Educación deberá concretar pronto cómo afecta esa norma a la matrícula, a las plazas disponibles, a los centros y a la planificación del próximo curso.
